LIMITACIÓN DE PODER, NO DE LIBERTADES

Por Armando Maya Castro

Juárez y los hombres de la reforma limitaron el poder de la Iglesia católica, no sus libertades

"La historia de muchas libertades en México es la historia de la limitación del poder de la institución católica", afirma Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México. Al ejemplificar su aseveración, el especialista en temas de religión y laicidad, señala: "Una de las primeras libertades civiles fue precisamente la libertad de creencias y de culto,  misma que debió ser impuesta en contra del parecer de la jerarquía católica".

En varios países, y en diferentes momentos de la historia, los jerarcas católicos se han opuesto a las leyes que han sido creadas para garantizar las llamadas libertades fundamentales. Casi siempre, sus protestas han sido enérgicas y se han hecho bajo  el argumento de que dichas leyes intentan limitar las libertades de la Iglesia católica, en vez de reconocer ante la gente que han impugnado leyes que entorpecen sus aspiraciones políticas y económicas.

Sobre este punto en particular, conviene que veamos lo que ha dicho el teólogo brasileño Leonardo Boff, una de las voces más críticas de la Iglesia católica en Latinoamérica, y quien fue juzgado en 1984 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida en ese tiempo por Joseph Ratzinger: "La Iglesia-institución tuvo que defenderse de quienes propugnaban libertades. De ahí que, especialmente a partir del siglo XVI, la Iglesia se definirá por los 'contra': contra la reforma (1521), contra las revoluciones (1789), contra los valores hoy consagrados, como la libertad de conciencia, condenada todavía en 1846 por Gregorio XVI como ‘deliramentum’ (DS 2730), la libertad de opinión, anatematizada como 'pestilentísimo error' por el mismo Papa (DS 2731), contra la democracia, etc.” (Leonardo Boff, Iglesia, carisma y poder: ensayos de eclesiología militante, Sal Terrae, Cantabria, 1982, p. 105).

En nuestro país el clero se definió también por los “contra”: contra la independencia de México, contra la Constitución de 1857, contra las Leyes de Reforma de 1859-1860 (elevadas a rango constitucional en 1873) y contra la Constitución de 1917. Es importante mencionar que la intención de los liberales de mediados del siglo XIX no era limitar las libertades de la Iglesia católica, sino crear leyes capaces de consolidar la independencia nacional y el crecimiento económico de México. Esto último se logró cuando entraron en circulación las riquezas acumuladas por la Iglesia católica.

En la lucha contra los liberales, encabezados por Juárez y Santos Degollado, la Iglesia católica no estuvo sola; contó con el apoyo decidido e incondicional de las clases sociales privilegiadas y del Partido Conservador, quien ganó algunas batallas en el marco de la Guerra de Reforma (1857-1860), pero terminó siendo derrotado por el ejército liberal.

No se necesita un análisis muy minucioso para darnos cuenta que ninguna de las leyes liberales limitaban las libertades de la iglesia católica. Limitaban, eso sí, el afán de ganancias y la sed de poder de la jerarquía romana, poseedora –en ese tiempo– de las dos quintas partes de la riqueza de la nación.

“No debe olvidarse –afirma Sergio Guerra Vilaboy– que hasta la aplicación de la Reforma, la Iglesia católica poseía en México casi la mitad de las tierras de cultivo, y las que no le pertenecían pagaban cuantiosos censos o capellanías o en gran parte estaban en manos de terratenientes señoriales, que constituían una especie de aristocracia enfeudada vinculada al clero por las leyes canónicas y mediante el vínculo de las deudas" (Adalberto Santana y Sergio Guerra Vilaboy (compiladores), Benito Juárez en América Latina y el Caribe, UNAM, México, 2006, p. 47).

Insisto: las leyes que crearon Juárez y los hombres de la reforma nunca impidieron el quehacer religioso de la iglesia católica; no eran contrarias a la libertad religiosa, sino a los intereses de un clero ávido de riqueza y dominación, vinculado irremisiblemente a los poderosos de la época. La historia se repitió en la segunda década del siglo XX: la Constitución de 1917 generó insatisfacción en la jerarquía católica, quien se opuso a la redacción de los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de ese código.

Acostumbrados a los privilegios y prerrogativas que recibieron durante el porfiriato, los obispos católicos protestaron al proclamarse la Carta Magna que actualmente nos rige: "Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 (admitida en sus principios esenciales como ley fundamental por todos los mexicanos) reconoció a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos" (El Universal, 24 de febrero de 1917).

La oposición  del clero a la Constitución de 1917 se repitió en la administración de Plutarco Elías Calles, quien buscó limitar la participación del clero en la vida pública. Las medidas callistas desencadenaron la furia de los altos jerarcas de la Iglesia católica, quienes dispusieron el cierre de los templos, provocando un clima de inconformidad que ocasionó el estallido de la guerra cristera.

Sólo hay algo que puede evitar que el clero romano recupere los privilegios y poder que tuvo en el pasado: el Estado laico, régimen jurídico que limita el poder de las iglesia, garantiza la libertad de conciencia, combate la intolerancia religiosa, brinda un trato igualitario a las asociaciones religiosas y garantiza el ejercicio de nuestros derechos.