sábado, 31 de marzo de 2012

LA SALVACIÓN DEL ESTADO LAICO EN MANOS DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES


Por Armando Maya Castro

La reforma del artículo 24 constitucional aún no se concreta. Falta la ratificación de los Congresos estatales, algunos de los cuales enviaron exhortos al Senado de la República para que en la votación del pasado 28 de marzo se rechazara la minuta de dictamen relativa a dicha modificación. Recordemos que el proyecto de reforma necesita el aval de 16 legislaturas locales para que pueda ser promulgada por el Ejecutivo Federal y pase a ser una norma constitucional vigente.

Congreso de Nayarit
Por fortuna, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las legislaturas de los estados la competencia para aprobar las reformas y adiciones, pudiendo, en sentido contrario, expresar su voto negativo: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados”. 

Foro Cívico México Laico, en su más reciente desplegado nos dice que los Congresos locales de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Morelos y Colima, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expresaron su rechazo oficial a la reforma del artículo 24 constitucional basando su posición, entre otras razones, en que la citada reforma “otorga privilegios indebidos; no amplía libertades en materia religiosa, sino que faculta los poderes públicos para escudriñar la conciencia y las convicciones de los ciudadanos, convirtiendo así al Estado de Derecho en un Estado confesional”. 

El pueblo de México espera que las demás Legislaturas estatales atiendan la preocupación de la ciudadanía y rechacen la reforma del artículo 24 constitucional, cuya intencionalidad es el otorgamiento de privilegios a la Iglesia católica, en claro perjuicio de las minorías religiosas establecidas en el país. Los mexicanos esperamos que los legisladores de los Congresos estatales privilegien los principios y valores del Estado laico, que tiene como base fundamental el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a la gobernabilidad democrática.

Alguien podrá argumentar, en defensa de la labor legislativa de los senadores, que el hecho de que el Estado laico haya sido constitucionalizado a través de la reforma del artículo 40 deja a éste libre de amenazas. La laicidad del Estado mexicano sólo podrá estar a salvo cuando se encuentre libre de las imposiciones y del control del poder eclesiástico. La función del Estado laico consiste en proteger las libertades de todos los mexicanos, lo que no ocurrirá si las Legislaturas estatales aprueban una reforma que abre el camino para futuras modificaciones en detrimento del Estado laico, lo que afectará en mayor medida a las minorías religiosas del país. Corresponde a los Congresos estatales evitar que se utilice la libertad religiosa como fundamento de privilegios. Los mexicanos esperamos que estén a la altura de las circunstancias. 

Por otra parte, llaman la atención las declaraciones de Carlos Aguiar Retes, titular de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien el pasado jueves declaró: los obispos del país “no somos gestores de la reforma al artículo 24 constitucional”, descartando que las reformas hayan sido el fruto de algún acuerdo con el Vaticano. Habrá que recordarle a Carlos Aguiar Retes que fue él mismo quien hizo la propuesta de sustituir el término de libertad de culto y creencias por libertad religiosa (La Jornada, 28 de febrero de 2008). Tras ser electo como presidente de la CEM, Aguiar Retes señaló: “Espero que, durante este periodo en el que fui elegido, se puedan hacer los contactos en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa ‘que necesita el país’, para alcanzar así la democracia plena”.

La CEM niega ahora lo que admitió el pasado 7 de febrero a través de un comunicado publicado en su sitio oficial, bajo el título “El poder de la mentira; ofuscación a la verdad”, donde leemos textualmente: “Si bien la Iglesia católica ha estado impulsando esta reforma constitucional, no lo hace para sacar prerrogativas, como algunos lo quieren hacer notar, sino por coherencia a su propia misión”. Estas evidencias son, sin lugar a dudas, inobjetables. 

Como ya se demostró, fue la Conferencia del Episcopado Mexicano la que propuso la reforma que ha llevado a cabo el Senado de la República. Fueron los obispos católicos –con el apoyo de la derecha yunquista en el poder– los que dieron seguimiento a la reforma del artículo 24 constitucional, en la que influyó de manera determinante la visita del papa Benedicto XVI a Guanajuato. Negarlo es ofender la inteligencia de los mexicanos. ¿No cree usted?

Twitter: @armayacastro

jueves, 29 de marzo de 2012

¡CUÁNTA FALTA NOS HACE JUÁREZ!


Por Armando Maya Castro

Que Felipe Calderón Hinojosa no haya besado en público el anillo papal –como lo hizo Vicente Fox Quesada cuando recibió a Juan Pablo II en el hangar presidencial de la Ciudad de México, en el año 2002– no significa que el Estado laico haya salido indemne en la reciente visita de Benedicto XVI a Guanajuato. Los mexicanos hemos sido testigos de que antes y durante la misa papal se cometieron, entre otras, las siguientes violaciones a la laicidad del Estado mexicano: 1) el uso indiscriminado de recursos públicos para la recepción del papa; 2) la participación de Calderón en la misa multitudinaria; 3) la inclinación de éste ante Ratzinger para recibir la comunión; 4) el beso del gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, al anillo papal; 5) la presencia de todos los aspirantes presidenciales en la misa papal, celebrada en el Parque Bicentenario de Silao.

Calderón quiso pasar a la historia como el primer mandatario mexicano que recibe en público la comunión, y lo logró. Hace 10 años, su antecesor en la Presidencia besó el anillo de Karol Wojtyla, aunque no pudo comulgar en la misa de beatificación de Juan Diego, debido a que su matrimonio con Martha Sahagún no era reconocido por la Iglesia católica: ambos estaban divorciados de sus anteriores parejas. 

La inclinación del presidente Calderón ante el papa para recibir la comunión, exhibió, por un lado, su franco desacato al artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y, por el otro,  la sumisión y pleitesía de un jefe de Estado ante otro jefe de Estado. Este acto, aparte de constituir una flagrante violación a la ley antes mencionada, resultó ofensiva para un pueblo religiosamente plural como el nuestro. Las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 indican claramente que en México más de 20 millones de personas se declaran no católicos. Por respeto a nuestras leyes y a la actual composición plurirreligiosa del pueblo mexicano, el presidente de México debió haberse abstenido de manifestar su fe en público en el desarrollo de la misa papal. 

Nadie niega su derecho de profesar en el ámbito privado la confesión religiosa de su preferencia; lo que no puede ni debe hacer, como primer mandatario de la nación, es participar públicamente en ceremonias de carácter religioso, olvidando su condición de representante de un Estado que, por mandato de ley, es laico. Por ningún motivo puede someter a los ciudadanos de esta nación al jefe de la institución religiosa a la que él pertenece. 

El presidente Calderón violentó una vez más el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Violación similar cometió el gobernador Juan Manuel Oliva al derrochar –al igual que los alcaldes de León, Silao y Guanajuato– recursos públicos para recibir a Benedicto XVI, situación que generó inconformidad en algunos sectores de la población, además de evidenciar el compromiso e incondicionalidad de los grupos conservadores de la extrema derecha, con el principal jerarca del catolicismo a nivel mundial. Oliva quebrantó la ley al besar el anillo del papa, soslayando intencionalmente el hecho de que México es un Estado laico. Nadie cuestiona la creencia religiosa del gobernador guanajuatense, sino su menosprecio público a la Constitución y a las leyes que regulan la actuación de las autoridades en materia religiosa.

La presencia de todos los aspirantes a la Presidencia en la misa papal es también violatoria de la ley y del Estado laico. Algunos de ellos afirman una cosa y enseguida hacen todo lo contrario. Me refiero al caso específico de Enrique Peña Nieto, quien primero ofrece mantener una actitud de defensa al Estado laico y de respeto a las distintas iglesias, y luego se presenta en la misa papal sin el más mínimo respeto a la ley.  Josefina Vázquez Mota no se limitó a hacer acto de presencia en la misa papal, sino que también comulgó, imitando el ejemplo de Calderón. 

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que el Papa no iba “a intervenir en lo absoluto en la vida interna de México", a través de su Secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, sí intervino en la vida interna de México. Lo hizo cuando, sin el más mínimo respeto a la soberanía nacional,  pidió que se afiance en México la libertad religiosa, afirmando que “ese derecho fundamental  del ser humano va mucho más allá del mero culto”. Las declaraciones del cardenal sobre la reforma del artículo 24 constitucional violan el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, mismo que fue establecido por Benito Juárez desde mediados del siglo antepasado.

Todo parece indicar que el llamado de Bertone en su estancia en Guanajuato produjo efecto en la mayoría de los senadores de la República, quienes aprobaron –de espaldas a la nación y a puerta cerrada– la reforma del artículo 24 constitucional, modificación que abre la puerta a futuras modificaciones que permitirán que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa y que las “iglesias”  cuenten con medios de comunicación. 

La figura de Juárez se agiganta cuando observamos a los legisladores y a una clase gobernante rendida a los pies de un poder extranjero, permitiendo la intromisión del Vaticano en asuntos internos de México, los cuales son competencia exclusiva de los mexicanos. Es inaceptable que nuestros políticos le hayan permitido a Bertone dirigir un mensaje violatorio de la soberanía nacional, que echa por tierra el inmortal apotegma de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Si esto hubiese ocurrido en el tiempo del Benemérito de las Américas, el rechazo a la intromisión vaticana hubiera sido inmediato. ¡Cuánta falta nos hace Juárez!


 Twitter: @armayacastro

sábado, 24 de marzo de 2012

BENEDICTO XVI Y LA PEDERASTIA


 
Por Armando Maya Castro

En un marco de reclamos y manifestaciones minimizadas por algunos medios, el papa Benedicto XVI arribó ayer a la ciudad de León, Guanajuato, acompañado por una delegación de colaboradores, obispos, cardenales y periodistas. Las manifestaciones son por diversas causas: algunos protestan por el derroche indiscriminado de recursos públicos, destinados a la costosísima recepción del papa; otros se manifiestan porque –según han declarado– el papa “representa los valores de una estructura que por un lado protege a sacerdotes pederastas y por otro lado critica a quienes se atreven a promover los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género”. 

El tinte político de la visita papal es también causa de malestar entre algunos grupos de la población, los cuales aseguran que la presencia del papa intenta favorecer electoralmente a la ultraderecha. Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, califica como un acto de deshonra “pretender explotar de manera cínica y con fines políticos la religiosidad de millones de creyentes”. La activista añade que la visita papal responde a “una agenda contraria a nuestros derechos, y al reunirse con Felipe Calderón seguirá promoviéndola con el PRI y el PAN”.

En México, al igual que en otros países, el catolicismo vive la mayor crisis de credibilidad y pérdida de fieles de su historia. Esta crisis ha sido generada, entre otras cosas, por los casos de pederastia clerical y el encubrimiento de los mismos por parte de los obispos católicos. Uno de ellos –Carlos Aguiar Retes, para ser preciso–, dijo desconocer que existen víctimas de abusos sexuales del sacerdote Marcial Maciel y de otros curas.
Juan Pablo II bendiciendo al pederasta Marcial Maciel

Esta declaración me parece el colmo del cinismo, pues nadie puede negar la existencia de la pederastia clerical en México, donde destaca el escandaloso caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, a quien Juan Pablo II protegió y honró a largo de sus 26 años de pontificado. “El papa polaco, contra todo razonamiento y sólo por fe, hubiera beatificado hasta al mismo pederasta Marcial Maciel, con quien tenía una estrecha amistad y de quien dijo que era “guía eficaz de la juventud” (Jorge Franco, La sinrazón de la religión: liberación a través de una sociedad desacralizada”, Siglo XXI, México, 2009, p. 175).

El día de hoy, precisamente, las víctimas de Maciel presentarán en la ciudad de León el libro “La voluntad de no saber”, editado por Random House Mondadori, el cual contiene 212 documentos que demuestran la complicidad del Vaticano en la serie de delitos cometidos por Maciel. La información del libro desmiente a quienes han negado en repetidas ocasiones que el actual papa y Juan Pablo II ignoraban la doble personalidad de Marcial Maciel.

El 13 de agosto de 1956, “el entonces Arzobispo Primado de México, Miguel Darío Miranda, envío una carta al Vaticano donde advertía de conductas inadecuadas del padre Marcial Maciel”. En uno de los párrafos de la misiva, el cardenal explicaba: “En todo este asunto no me mueve otra cosa que el deseo sincero de ver por el bien espiritual de esa congregación religiosa naciente; pero juzgo que es necesaria la intervención inmediata de la S. C. de religiosos, para evitar mayores males”.
El papa de ese tiempo, Pío XII, no hizo gran cosa para frenar los excesos de Maciel, dejando en la impunidad sus incalificables corruptelas. Los cinco papas que le sucedieron en el papado privilegiaron la imagen de la Iglesia católica y el “prestigio” de Marcial Maciel por encima del daño, dolor y los derechos de las víctimas. 

Chema Ferrer, en su libro “Secretum, la España enigmática”, afirma que “el papado de Juan Pablo II es de vital importancia para Marcial Maciel, ya que en 1983 el Papa aprueba el texto definitivo de las constituciones de la congregación. Su relación con Maciel se incrementó, situándolo muy cerca de su persona en al menos tres de sus visitas a México, además de concederle cargos eclesiásticos de principal relevancia, como el de consultor permanente de la Congregación para el clero”.

Alejandro Espinosa, sobrino y víctima de Marcial Maciel, hizo las siguientes declaraciones a “Interviú”, en junio de 2007: “Desde 1978, Wojtyla conocía, por valija diplomática, los excesos pederastas de Maciel, su adicción a la morfina y, posiblemente, el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Las acusaciones venían desde 1975, cuando Maciel fue suspendido “a divinis” dos años por Pío XII”. 
Ambos encubrieron al pederasta Marcial Maciel

Alguien podrá argumentar, en defensa de Ratzinger, que éste fue el único papa que obligó a Maciel a abandonar sus responsabilidades sacerdotales al “invitarlo” a retirarse a la vida privada, luego de conocer “las acusaciones de varios ex sacerdotes, ex seminaristas y alumnos por abusos sexuales cometidos en su contra cuando eran menores de edad”. La realidad de Ratzinger en este particular es que, siendo  Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recibió una carta que contenía la confesión que Juan Manuel Fernández Amenábar le hizo en su lecho de muerte al sacerdote Alberto Athié. En dicha carta, Athié informaba al Vaticano –por conducto del obispo Carlos Talavera– los diversos abusos perpetrados por Maciel en agravio del legionario Fernández Amenábar. Al saber del caso, Ratzinger se limitó a comentar: “Lamentablemente no podemos abrir el caso del padre Maciel, porque es una persona muy querida por el Santo Padre, ha ayudado mucho a la Iglesia y lo considero un asunto muy delicado”. 

Desde la congregación a su cargo, Joseph Ratzinger pudo haber hecho mucho en defensa de las víctimas inocentes, pero se inclinó por privilegiar el ocultamiento de clérigos del talante moral de Maciel, situación que impidió la aplicación de la ley y fomentó la impunidad clerical, causante de la grave crisis que actualmente azota a la Iglesia católica.


Twitter: @armayacastro