martes, 28 de enero de 2014

¿Y EL RESPETO A LA LEY?

Por Armando Maya Castro
El gobernador Miguel Márquez Márquez prestará el helicóptero del estado de Guanajuato al nuncio apostólico en México, Cristophe Pierre, para trasladarlo a la cima del cubilete durante la peregrinación a Cristo Rey. Esta acción violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos jurídicos que establecen que el Estado mexicano es laico

Jorge Adame Goddard define al Estado laico como "aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo, que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica".

Al hablar sobre la importancia y beneficios de la laicidad estatal, el catedrático de la UNAM explica que "la razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa, dentro de la misma organización política, de diferentes grupos religiosos”.

Un Estado proclive a la confesionalidad constituye una seria amenaza para la relación no hostil entre las diversas religiones, poniendo en riesgo la paz y seguridad social. De ahí la importancia que los funcionarios de gobierno ejerzan su puesto de autoridad alejados de las diferentes doctrinas religiosas, lo que implica una separación entre lo político y lo religioso.

La clase política mexicana debería aceptar que la autonomía en cuestión no es opcional, sino jurídicamente obligatoria. El artículo 130 constitucional establece el “principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias”. Hace lo propio la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), “reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público”.

Queda claro que nuestra Carta Magna no deja esta separación a criterio de las autoridades. Lo ordena a través de las disposiciones constitucionales en materia de laicidad y separación del Estado y las Iglesias, procurando que el Estado esté al servicio de todos los ciudadanos, tengan o no tengan religión.

En México, lamentablemente, la separación en cuestión está desapareciendo debido a los siguientes factores: 1) las presiones de un clero católico ávido de un trato preferencial; 2) la actitud condescendiente de la clase política mexicana; 3). la inacción de la Secretaría de Gobernación (Segob), la instancia encargada de "vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas".

Esto último es de tal gravedad que ha propiciado una espiral de impunidad entre la clase política mexicana. Si lo duda, acompáñeme a revisar las más recientes violaciones del Estado laico, acciones con una fuerte carga de cinismo y que revelan cómo las autoridades mexicanas siguen pasando por encima de los principios constitucionales de laicidad y no discriminación.

La primera de estas violaciones fue publicada en el diario Reforma bajo el siguiente título: “Destinan en Acapulco 27 mdp para iglesia”. Alfonso Juárez, corresponsal de este importante diario de circulación nacional, nos informa que la comunidad cultural de Guerrero denunció al diputado federal del PRI, Manuel Añorve Baños, por haber gestionado 27 millones de pesos ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para un supuesto auditorio de usos múltiples, el cual operará la Iglesia católica.

En relación a la acción anticonstitucional del legislador guerrerense, el escritor Antonio Salinas, uno de los denunciantes, señaló: “La comunidad cultural de Guerrero se manifiesta y externa su rechazo por la corrupción, el tráfico de influencias y el cinismo con que fueron etiquetados estos recursos".
La intención del diputado priista es clara: ganarse la bendición de la Arquidiócesis de Acapulco, lo cual no tendría nada de malo si lo hiciera con sus propios recursos, no con los del erario. El beneficio que dicho legislador intenta brindar a la Iglesia católica quebranta el artículo 40 constitucional, así como el 3° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), en los que se asienta que el Estado mexicano es laico, y que como tal “no podrá establecer ningún tipo de preferencia en favor de religión alguna”.

El otro caso que viola el Estado laico fue publicado en el periódico El Universal bajo el siguiente título: “Gobierno de Guanajuato prestará helicóptero a nuncio”. De acuerdo con esta nota, “el nuncio apostólico, Christophe Pierre, “será transportado en el helicóptero del estado de Guanajuato para oficiar la celebración litúrgica con motivo de la Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey”. Así lo dio a conocer Víctor León, presidente Nacional del Movimiento Testimonio y Esperanza, expresándose así de la acción del gobierno guanajuatense: "En eso nos han apoyado, en transporte para el nuncio apostólico, la Arquidiócesis (de León) no tiene helicóptero y el nuncio apostólico dice ‘yo sí quiero cruzar por dónde van los jóvenes, pero no alcanza a llegar a la misa', entonces conscientes de ello han facilitado el helicóptero", explicó.

El organizador de la marcha religiosa informó que el Ejecutivo estatal, “además de proporcionar la aeronave para el traslado del representante del Papa Francisco, apoyará el evento con gasolina para algunos vehículos y con baños portátiles”. Esta acción, aunque no la perciban así las autoridades guanajuatenses, violenta de manera flagrante los principios de laicidad y de separación del Estado y las iglesias.

No puedo omitir el caso que involucra a José Luis Aguilar Cuéllar, regidor panista del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, registrado ante la Segob como apoderado legal y ministro de culto perteneciente a la agrupación denominada Rescue Mission de México (SGAR/2285/97). Este  caso quebranta lo que respecto a las autoridades dispone el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.


La Secretaría de Gobernación debería de aplicar las sanciones que marca la ley para detener estos atropellos en contra del Estado laico, perpetrados por hombres y mujeres que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. 

domingo, 26 de enero de 2014

¿CÓMO ESTAMOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Por Armando Maya Castro


Ante el asesinato del periodista Miguel Ángel Guzmán Garduño, columnista del periódico Vértice de Chilpancingo, Guerrero, los mexicanos nos preguntamos, ¿qué ha pasado con la “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012? ¿De entonces a la fecha, los activistas y comunicadores de México gozan de mayores medidas de protección contra el riego de sufrir ataques en su contra por parte del crimen organizado y/o de los políticos que han hecho de la mentira, la corrupción y el tráfico de influencias su modus operandi?

La ley antes mencionada “tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo” (Artículo 1°).

A pesar de las bondades de esta ley, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas siguen estando expuestos a agresiones, abusos y actos de hostigamiento en el ejercicio de sus importantes actividades.

Aunque la información preliminar indica que el periodista Guzmán Garduño fue asesinado “al oponerse a que un grupo de individuos armados le robaran sus pertenencias”, nadie puede descartar que dicho asesinato sea un atentado más contra la actividad periodística que se ejerce en México, donde del 2000 a la fecha han sido asesinados 87 comunicadores.

En lo relativo a este deplorable suceso, es importante aplaudir la inmediata intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Raúl Plascencia Villanueva, “instruyó a visitadores para que acudan al lugar de los hechos, a efecto de recabar evidencias y testimonios sobre [el] caso, y así conocer las actuaciones ministeriales relativas a la investigación” (Milenio, 24/01/2014).

El ombudsman nacional recordó que el Estado está obligado “a prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad”.

El gran problema hasta ahora ha sido el siguiente: todas las agresiones en agravio de la integridad física de los periodistas y defensores de los derechos humanos han sido perpetradas por quienes actúan ante la indiferencia e indolencia de las autoridades, gozando de total impunidad.

En materia de libertad de expresión, el Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch, capítulo México, señala que a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, “los casos de esta naturaleza no han sido juzgados eficazmente.” Al referirse a los defensores de derechos humanos, el informe en cuestión indica: “En abril de 2012, el Congreso de México sancionó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que exige adoptar protocolos formales destinados a evaluar el riesgo que enfrentan los miembros de estos sectores y asignar protección cuando sea necesario. Al momento de la redacción del presente informe, la implementación de estos procesos, que contaba con la participación de la sociedad civil, aún se encontraba en curso”.

El informe de esta importante organización no gubernamental, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, señala con absoluta claridad que en nuestro país se ha “intensificado la violencia contra personas que participan en redes sociales y contra las oficinas de medios de comunicación. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2012 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la participación de funcionarios públicos”.

Los periodistas y defensores de los derechos humanos esperan que las autoridades mexicanas sean capaces de frenar la ola de violencia que ha privado de la vida a decenas de periodistas, que no hacen otra cosa que cumplirle a la sociedad, quien tiene el derecho a estar plenamente informada.

Twitter: @armayacastro

jueves, 23 de enero de 2014

LAS RELIQUÍAS

Por Armando Maya Castro

La figura de cera de Juan Pablo II y una de las cápsulas en que se guardó su sangre fueron las reliquias que recorrieron las 80 diócesis mexicanas del 17 de agosto de 2011 al 15 de diciembre de ese año. El acto fue calificado por algunos columnistas como "una suerte de idolatría"

Karol Wojtyla visitó Puebla el 28 de enero de 1979. En el marco del XXXV aniversario de ese acontecimiento, la Arquidiócesis de Puebla realizará este fin de semana una exposición de reliquias y pertenencias del beato Juan Pablo II en el Seminario Palafoxiano de esa ciudad. Se exhibirán objetos y vestimenta que utilizó el papa en su visita a la Angelópolis, informó Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla.

En 2011, más de 90 ciudades mexicanas recibieron, en un lapso de 120 días, dos reliquias del extinto Wojtyla: una de las cápsulas en que se guardó su sangre  y una figura de cera del pontífice polaco.

El “peregrinar” de esas reliquias por suelo mexicano, del 17 de agosto de 2011 al 15 de diciembre de ese año, fue un claro intento de la jerarquía católica mexicana por convertir en héroe post mortem al papa encubridor de los delitos de pederastia que perpetraron miles de clérigos católicos, entre ellos Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo. Esta criminal política de encubrimiento obligó a la ONU a sentar al Vaticano en el banquillo de los acusados.

El afán de convertir a Juan Pablo II en héroe e intercesor es claro. El 8 de mayo de 2011, al oficiar la misa de acción de gracias con motivo de la beatificación de Wojtyla, el cardenal Norberto Rivera Carrera expresó: “Precisamente en estos momentos en que parece que nuestra patria no tiene futuro, no tiene salida de la violencia que nos agobia, debemos INVOCAR al beato Juan Pablo II que tanto amó a nuestro país, que tanto amó a los habitantes de estas tierras para que INTERCEDA por nuestra patria ante el Señor…” (Excélsior, 08/05/2011).

Tres meses después, durante la misa celebrada con motivo de la llegada de las reliquias papales a la Basílica de Guadalupe, el mismo clérigo suplicó al extinto papa –no a Dios- lo siguiente: "Sabes bien lo que hora duele a los que habitamos estas tierras. En el pasado resonó tu palabra, has que tu valiosa INTERCESIÓN alcance la serenidad y paz, reconciliación y amor, valentía y vigor para comprometernos con la patria en la transformación de la sociedad y en una familia cada vez más justa y fraterna" (El Universal, 25/08/2011).

Los miembros de la Iglesia primitiva fueron enseñados a orar a Dios y poner su confianza en Él, no en los “santos” ni en los restos o pertenencias personales de éstos. Para los apóstoles, estos objetos carecían de virtud, movimiento y poder. Por eso, ninguno de ellos hizo jamás un llamado similar al del cardenal, pues comprendían que las oraciones se dirigen al Creador del universo.

El dogma de la Comunión de los Santos dio origen a enseñanzas que se impusieron como verdades incuestionables en el catolicismo. Esta doctrina enseña que "todas las personas que han sido redimidas y santificadas por la gracia de Cristo, estén en la tierra, en el cielo, o en el purgatorio, están unidas con Cristo su cabeza y todos entre sí".

De lo anterior se deriva la idea de la existencia de tres Iglesias: la militante, la purgante y la triunfante, asegurando que entre éstas existe una comunión, es decir, una comunicación de bienes: los santos del cielo protegen a los fieles de la tierra; éstos, a su vez, honran e invocan a los santos del cielo; y los primeros, junto con los fieles de la iglesia militante, alivian con sus oraciones e intercesiones a los justos que están en el purgatorio.

En virtud de ello, el catolicismo establece que "es lícito y provechoso venerar a los santos del cielo e invocar su intercesión". También enseña que "es lícito y provechoso venerar las reliquias de los santos".

La Biblia y algunas voces autorizadas califican tales prácticas como actos de idolatría. El extinto Miguel Ángel Granados Chapa, al referirse a las reliquias que en el 2011 recorrieron las 80 diócesis establecidas en México, escribió: "Es imposible dejar de ver en esa veneración una suerte de idolatría. Ya bastante está infectada la práctica católica por esa grave deformación, como para alimentarla de ese burdo modo" (Proceso, 21/08/2011).

Jackson Spielvogel, en su obra Historia Universal, Civilización de Occidente, apunta: “Por lo general, las reliquias eran los huesos de los santos o algunos objetos íntimamente vinculados con ellos, y a los que el creyente consideraba dignos de veneración". Charles Hodge, tras aseverar que "la doctrina de los fraudes piadosos ha sido admitida y practicada por la Iglesia de Roma", afirma que dichos fraudes "son practicados no sólo en la exhibición de falsas reliquias, sino también en la falsa atribución a las mismas de poder sobrenatural" (Teología Sistemática).

En el medievo, este mercantilismo ocasionó la multiplicación "milagrosa" de la "leche de María". Malcolm Potts y Roger Short, autores de Historia de la Sexualidad: Desde Adán y Eva", sostienen que "con la comercialización de las reliquias religiosas para su venta a los turistas peregrinos en la Edad Media, las ampolletas de leche de María pronto comenzaron a aparecer en los relicarios de toda la cristiandad". "Es tanta (escribió Juan Calvino) que si la Santa Virgen hubiese sido una vaca, o una ama de cría toda su vida, ni aun así habría logrado tanta productividad".


Simultáneamente, se multiplicaron también otras reliquias: las astillas de la "verdadera cruz", las espinas de la corona de Jesús, los frascos con lágrimas de Cristo, los clavos de la cruz y prepucios milagrosos, etcétera. Todo esto alimentaba "un lucrativo negocio, para no decir nada de los engaños que los embaucadores religiosos llevaban a cabo, valiéndose de objetos recogidos en cualquier sitio y transformados por ejemplo en clavos de la cruz y pedazos de palo de ésta". Por desgracia, ese mercantilismo medieval sigue haciendo de las suyas en nuestro tiempo. 

miércoles, 22 de enero de 2014

INICIATIVA PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN JALISCO

Por Armando Maya Castro
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, en conjunto con la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la Iniciativa de decreto que crea la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco

Jalisco es uno de los estados más rezagados  en materia de discriminación. Hasta el día de hoy no cuenta con una ley contra este  flagelo, pese a que diversas voces han demandado el establecimiento de un marco normativo que permita que los jaliscienses que han sido objeto de cualquier tipo de discriminación puedan disponer de protección jurídica adecuada.

Al respecto, Dixit Hilda Téllez, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), señaló en septiembre de 2012: “El estado de Jalisco carece de una ley específica sobre no discriminación, lo que significa un importante obstáculo para garantizar la igualdad en este Estado. Lo anterior, entorpece el desarrollo de las personas porque dificulta el ejercicio de derechos e igualdad real de oportunidades en diversos colectivos sociales”.

Esto es lamentable porque Jalisco es una entidad donde la discriminación es un tema que sigue  rezagado; es el tercer estado en quejas por discriminación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lugar que no es un motivo de orgullo para los jalisciense, sino más bien de ocupación para el Poder Legislativo, el órgano en el que reside la potestad de hacer y reformar leyes.

De ahí la importancia de que la legislación jalisciense combata, prevenga y erradique todas las formas de discriminación, inadmisibles en una sociedad que se precia de ser democrática.

Por ello, me parece digna de celebración la iniciativa de ley que acaba de presentar la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, en conjunto con la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Me refiero, evidentemente, a la Iniciativa de decreto que crea la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, que tiene por objeto prevenir y erradicar toda distinción que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de los habitantes de Jalisco.

Durante la presentación, la diputada Rodríguez Ramírez expresó que con esta iniciativa de Ley “se establecerán principios y criterios que orienten las políticas públicas para promover la igualdad y la libertad de las personas, a efecto de que sean reales, efectivas y permanentes. Esto conforme a los derechos humanos y garantías contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que México forma parte y en la Constitución Política del Estado de Jalisco”.

La iniciativa impone a las autoridades y servidores públicos de Jalisco el deber de “impulsar, promover, hacer efectiva y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten de manera formal o sustantiva el ejercicio de derechos, que impidan el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social”. Esto significa que el Estado está obligado a establecer las condiciones adecuadas para que prevalezcan las garantías de igualdad y no exclusión, y para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y garantías individuales.

De acuerdo con la iniciativa en comento, “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades cuando se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, la raza, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, la identidad y filiación política, los antecedentes penales o cualquier otro” (Artículo 3°).

De aprobarse la iniciativa presentada por el PRI –como creo que ocurrirá–, quedará terminantemente prohibida en el estado de Jalisco toda discriminación basada en los motivos mencionados en la anterior definición, así como en “cualquier otro motivo que tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos y libertades de las persona” (Artículo 7°).

Entre los diversos actos que -de acuerdo con la iniciativa en cuestión- se considerarán como discriminación, me interesa destacar el siguiente: “Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia”. Y lo destaco porque en el pasado reciente se han presentado casos de esta naturaleza en el estado de Jalisco, ocasionadas por servidores públicos que ocupan sus cargos para defender y proteger los intereses de determinada religión, violentando así el carácter laico del Estado y el principio de no discriminación.


El anhelo de los jaliscienses es que la ley en cuestión fortalezca la prevención y eliminación de la discriminación en el estado de Jalisco, lo que nos permitirá avanzar en el fortalecimiento de las libertades fundamentales de los habitantes de este bello estado.


sábado, 18 de enero de 2014

EL VATICANO ANTE LA ONU

Por Armando Maya Castro
Ante expertos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, una delegación vaticana negó que la sede papal haya obstaculizado las investigaciones judiciales sobre los delitos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos en  el mundo 
Por primera vez en la historia, una delegación vaticana fue sometida a un interrogatorio sobre los casos de pederastia clerical por parte de un comité de 18 expertos de la ONU, quienes esperaban que el Vaticano ofreciera información veraz, concreta y detallada sobre los abusos sexuales que han cometido miles de clérigos católicos en diversas partes del mundo.

La feligresía católica esperaba también mucho más de esta comparecencia que diversos analistas han calificado sin precedente en la historia del catolicismo; esperaba que el Vaticano se sincerara y reconociera ante el Comité de los Derechos del Niño sus fallas en lo que concierne al manejo de los casos de pederastia clerical.

Lamentablemente esto no ocurrió, ya que los delegados del Vaticano se limitaron a reconocer la existencia de abusadores entre los miembros del clero y demás personal de la Iglesia, como “se encuentran entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”, aseguró monseñor Silvano Tomasi, quien también señaló que “estos  crímenes no puede justificarse nunca, ya sean cometidos en el hogar, en las escuelas, en la comunidad, en el ambiente de los deportes, o las organizaciones y estructuras religiosas” (ACI Prensa, 16/01/2014).

La delegación vaticana faltó a la verdad en varios aspectos. No dijo la verdad cuando aseveró que jamás se ha negado “a escuchar con atención a las víctimas de abuso y abordar el impacto que tales situaciones tienen en las víctimas de abuso y de sus familias”. Habrá que recordarle a Tomasi que en marzo de 2012 el papa Benedicto XVI, de visita en Guanajuato, no quiso escuchar a un grupo de víctimas de curas pederastas.

Los delegados vaticanos mintieron también cuando señalaron que las diócesis y congregaciones religiosas no rinden cuentas al Vaticano sobre los abusos sexuales, sino que “los crímenes atroces de abusos cometidos contra los niños han sido juzgados y castigados, como es debido, por las autoridades competentes en los respectivos países”.

Esto “no es cierto”, asegura de modo categórico Elio Masferrer Kan, quien se refiere a la existencia de “un documento firmado por el Papa Juan XXIII y el Card. Ottaviani (16/03/1962) ordenando la secrecía de los casos de abusos sexuales a la justicia civil bajo pena de excomunión mayor. Esta instrucción fue girada a todas las instancias organizativas de la Iglesia Católica, informando al Santo Oficio para que éste tome las medidas pertinentes. La Santa Sede tiene la información sobre abusos sexuales y no quiere reconocerlo ni divulgarlos” (El Universal, 17/01/2014).

Y en más sobre el tema, conviene recordar que el papa Juan Pablo II, en un motu proprio (Sacramentorum Sanctitatis tutela, del 30 de abril de 2001), estableció que los delitos contra la moral –entre ellos el abuso sexual a menores– son competencia exclusiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese tiempo dirigida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. El escritor Pepe Rodríguez afirma que esa normativa papal exigía “a todos los prelados y superiores de órdenes religiosas que todos los casos de abuso sexual del clero, sin excepción, [debían] ser comunicados y/o remitidos en secreto al Vaticano, que [reservaba] a su Tribunal ad hoc de la Congregación para la Doctrina de la Fe la exclusividad de conocer y decidir, en última instancia, sobre estas conductas delictivas” (Pepe Rodríguez, Pederastia en la Iglesia católica, Barcelona, Ediciones B, 2002, p. 327).

Al negar información detallada sobre qué hace la Iglesia católica cuando uno de sus sacerdotes es acusado de abusos sexuales, el Vaticano dejó ir una gran oportunidad, demostrando así que el pretendido cambio de la Iglesia católica –pregonado a diestra y siniestra por el papa Francisco– no es más que discurso, disertación, retórica.


Por último, me interesa celebrar que la ONU, atendiendo el clamor de las víctimas, haya sometido a interrogatorio al Vaticano. Estoy seguro que la intervención de esta organización coadyuvará a la disminución de los casos de pederastia clerical, lo que se traducirá, con toda seguridad, en menos dolor para los niños y niñas del mundo. 

La humanidad espera que el Vaticano atienda el llamado del Comité de los Derechos del Niño en el sentido de abrir sus archivos para que se conozca toda la verdad en materia de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en distintos países del mundo. La petición de Kirsten Sandberg, presidenta del comité, está sobre la mesa, y se ha hecho porque la ONU sabe lo que todos nosotros sabemos muy bien, que los casos de pederastia clerical que han sido denunciados “son sólo la punta del iceberg”.  

jueves, 16 de enero de 2014

TODO SEA POR BIEN DE MICHOACÁN

Por Armando Maya Castro
Policía Federal y el Ejército en Michoacán

Acertada, aunque tardía, me parece la decisión del gobierno federal de tomar el control en el estado de Michoacán, donde la ingobernabilidad y ausencia de Estado han sido la principal causa del surgimiento de los llamados grupos de autodefensa, financiados –a decir del sacerdote Gregorio López, de la diócesis de Apatzingán– por empresarios que fueron sacados de la zona por los grupos criminales.  

Reportes periodísticos recientes indican que elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal tomaron el control de la seguridad en algunas ciudades michoacanas que fueron escenarios de diversos enfrentamientos entre las guardias comunitarias y el cártel de Los Caballeros Templarios, grupo criminal que nació en el 2011 de una escisión de la Familia Michoacana.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, ha informado que Uruapan está bajo el control de las fuerzas militares, lo mismo que la ciudad de Apatzingán, considerada el principal enclave del cártel antes mencionado.

En estas y en otras ciudades del estado de Michoacán, la violencia ha afectado seriamente al comercio y al turismo, pero lo más grave, ha puesto en vilo la tranquilidad de la ciudadanía, que clama por el fin de la violencia, pero también de las acciones criminales perpetradas por los grupos criminales.

Esta situación la conoce perfectamente bien el gobierno michoacano, quien acaba de autorizar recursos económicos por un millón de pesos para apoyar a los comerciantes afectados por la ola de violencia que se ha registrado recientemente en la ciudad de Apatzingán.

Tras el enfrentamiento del pasado lunes entre las fuerzas federales y los grupos de autodefensa, que dejó un saldo de dos personas muertas y posibles violaciones a los derechos humanos, el gobierno federal invitó a las autodefensas a deponer las armas.

Ante la negativa de éstas, representantes de los gobiernos federal y michoacano concertaron una reunión con los principales dirigentes y representantes de las autodefensas, llegando al siguiente acuerdo: Las autodefensas se comprometieron a no avanzar a más municipios y a no portar armas visiblemente y menos fuera de sus municipios, además de confiar que los gobiernos federal y estatal darán seguridad y atraparán a los criminales. El Gobierno se comprometió, por su parte, a desarmar a las policías municipales donde hay presencia del narcotráfico, además de ofrecer disculpas por el incidente que se registró el pasado lunes en la población de Antúnez.

José Manuel Mireles, líder visible de las autodefensas michoacanas, ha declarado que no depondrán las armas, tal como lo ofreció la noche del pasado lunes a través de un video que se difundió en el noticiario de Joaquín López Dóriga (Televisa). En el mencionado video, Mireles declaró que acataría el llamado del gobierno federal y que volverían a sus comunidades. Sin embargo, una hora después reconoció no estar facultado para ordenar el retiro de las autodefensas, decisión que tendría que emanar de una junta en la que estuvieran presentes las 32 cabezas que conforman el Consejo de las Guardias Comunitarias.  

Queda claro que el gobierno federal tiene voluntad para resolver la situación de violencia que prevalece en algunas zonas del estado de Michoacán. Así lo indica la creación –mediante decreto presidencial– de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, cuya titularidad fue confiada a Alfredo Castillo Cervantes, al que “se le ha instruido no escatimar esfuerzo alguno a fin de recuperar la confianza de los michoacanos, a fin de estregar resultados concretos”, explicó Osorio Chong.

En su carácter de comisionado de seguridad, Castillo Cervantes podrá formular y ejecutar políticas para la “reconstrucción del tejido social” y el restablecimiento de la seguridad en Michoacán, “solicitar el auxilio de las fuerzas armadas”, y celebrar “todo tipo de convenios” de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales en el Estado de Michoacán, en el ámbito de su competencia” (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329743&fecha=15/01/2014).


Los mexicanos esperamos que esta vez no todo quede en nombramientos, firmas y acuerdos. Esperamos que esta vez haya resultados positivos, que devuelvan la calma y el bienestar social y anímico a los habitantes de ese gran estado de la República mexicana que es Michoacán.

lunes, 13 de enero de 2014

LA LEGIÓN: ¿REFORMA O SUPRESIÓN?

Por Armando Maya Castro
La corrupción entre los Legionarios de Cristo no cesó con la muerte de Marcial Maciel Degollado. Muchos de los discípulos de éste han reproducido en sus vidas las impúdicas acciones del fundador de esta congregación, por algo ofrecerán disculpas públicas a los ofendidos. Así como Maciel tuvo en el papa Juan Pablo II a un seguro protector, los nuevos pederastas de la Legión gozan actualmente de la protección de sus superiores, impunidad que no terminará con la refundación de los Legionarios de Cristo
¿Por qué el papa Francisco se ha negado a suprimir la controvertida congregación fundada en 1941 por el sacerdote Marcial Maciel Degollado? ¿Será acaso porque piensa, como varios jerarcas católicos, que los males de la Legión se terminaron con la muerte de su impúdico fundador? O tal vez sea porque los Legionarios de Cristo significan muchos millones de dólares para la Iglesia del papa Francisco, como ha escrito recientemente la periodista Sanjuana Martínez (Sinembargo.mx, enero 13 de 2014).

Estas y muchas otra preguntas sobre la Legión siguen sin tener respuesta. Lo que sí sabemos, y muy bien, es que la supresión de esta poderosísima congregación católica no es una tarea fácil. Y no lo es porque la Legión de Cristo y su institución Regnum Christi cuentan actualmente con 67 mil laicos, 893 sacerdotes y 2 mil 371 seminaristas, la mayor parte de ellos de solvente posición económica. Estos números, pero sobre todo el poder adquisitivo de los integrantes de la Legión, tienen un peso importantísimo para el actual pontífice romano, como lo tuvo también para los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En vez de extinguir a la citada congregación católica, el papa Benedicto XVI ordenó –en mayo de 2010– la reforma de ésta, designando un comisario que guiará su refundación. Para algunos expertos en el tema, la reforma de la Legión no logrará la restructuración de fondo que requiere dicha congregación. Estas voces nos dicen que todo quedará en simple maquillaje, es decir en pequeños cambios y ajustes superficiales.

El pasado 7 de enero, Bernardo Barranco, sociólogo y especialista en religión, opinó sobre la refundación de los Legionarios en entrevista concedida al espacio informativo “Atando Cabos” (Radio Fórmula): “Aquí la prueba indudable es si hay una refundación, se requiere no una reingeniería, sino se requiere disolver lo que existe y construir algo nuevo, si no, son pequeños ajustes que nos mostrarán que el poderío de los Legionarios sigue ahí presente”.

¿Se erige algo nuevo y moralmente bueno cuando es evidente que los Legionarios de Cristo siguen mintiendo como mintió Marcial Maciel a lo largo de su vida? Alguien se preguntará: ¿cuáles son las pruebas de que mienten? Veámoslo. Hace algunas semanas, los Legionarios de Cristo reconocieron públicamente que en los últimos 18 años, 35 de sus sacerdotes recibieron acusaciones de haber cometido abusos sexuales contra menores, y nueve de esos curas fueron hallados culpables.
Sanjuana Martínez, luego de asegurar que “las víctimas de abusos sexuales [de los Legionarios] superan el centenar”, se pregunta: “¿Por qué el informe no contiene los nombres de los sacerdotes pederastas y el camino de impunidad que siguieron gracias a la protección que les brindó la Legión de Cristo? ¿Por qué esos 9 encontrados culpables no fueron puestos a disposición de la justicia? ¿Por qué no pagan la reparación del daño a las víctimas?” (Sinembargo.mx, enero 13 de 2014).

El problema es que los pederastas de la Legión fueron juzgados por la justicia canónica, que históricamente ha tratado estos delitos como si fueran pecados que se solucionan a través de confesiones y de penitencias impuestas en el confesionario. En anteriores columnas he señalado que este “modus operandi” sólo ha logrado que crezca el deterioro de la Iglesia católica y que los crímenes de los Legionarios permanezcan impunes, como sucedió con los múltiples delitos cometidos por el sicópata Marcial Maciel.

Velasio de Palois, delegado pontificio para la renovación de los Legionarios, nos dice ahora que –con sentido penitencial– los miembros de la controvertida congregación se preparan para reconocer públicamente su responsabilidad y pedir perdón a los afectados por los abusos cometidos en el pasado.

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que un “mea culpa” público no es suficiente si no se denuncia ante las autoridades civiles a los pederastas que siguieron el disoluto ejemplo de Maciel. Tampoco será suficiente si el papa Francisco persiste en su afán de canonizar a Juan Pablo II, el papa que sostuvo una estrecha relación con el michoacano Marcial Maciel, situándolo muy cerca de su persona en algunas de las visitas que realizó a México durante su pontificado, "además de concederle cargos eclesiásticos de principal relevancia, como el de consultor permanente de la Congregación para el Clero.


Canonizar a Juan Pablo II sería tanto como aplaudir las acciones criminales del protegido de éste. Entiendo perfectamente bien que los actos pederastas los perpetró Maciel, no el papa Juan Pablo II. Sin embargo, nadie puede negar la responsabilidad de Karol Wojtyla, quien protegió y honró al legionario mayor, logrando que éste delincuente con sotana eludiera a lo largo de su vida la acción de la justicia. 


sábado, 11 de enero de 2014

JUÁREZ, FUNDADOR DEL ESTADO LAICO MEXICANO



Por Armando Maya Castro
Aspecto del público asistente a la conferencia de la historiadora Patricia Galeana, quien dictó la conferencia "Juárez, Fundador del Estado Laico Mexicano", con motivo del 150 aniversario de la llegada de Benito Juárez a la ciudad de Saltillo, Coahuila (Foto: El Diario de Coahuila)

El 9 de enero de 1864, el presidente Benito Juárez García arribó a Saltillo, perseguido de cerca por sus enemigos, los imperialistas. Durante su estancia en esa ciudad del norte de México, el oriundo de Guelatao, Oaxaca estableció ahí su gobierno, reorganizó sus tropas para seguir con la resistencia y expidió un decreto que otorgaba autonomía al estado de Coahuila, que entonces era parte de Nuevo León. 
 
El pasado jueves se cumplieron 150 años de ese acontecimiento histórico; para conmemorarlo, el gobierno de esa entidad, la Secretaría de Cultura y el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas organizaron el encuentro de historia con la conferencia magistral “Juárez, Fundador del Estado Laico Mexicano”.

La doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM), fue la invitada especial a la conmemoración juarista, realizada en el Recinto de Juárez del auditorio “Juan Antonio de la Fuente” de la capital coahuilense. En ese lugar, la catedrática de la UNAM dictó la conferencia ya mencionada, explicando a la concurrencia: “Este estadista oaxaqueño —que fue el presidente Juárez— encabezó a un grupo de hombres destacadísimos que lograron transformar a México […] la Reforma fue un término muy modesto, fue la revolución de reforma” (Vanguardia, 10 de enero de 2014).

La catedrática de la UNAM, autora de 13 libros y coautora y coordinadora de 31 obras de historia política y diplomática, pidió a los asistentes sentirse muy orgullosos, porque de Coahuila –dijo– “han salido hombres claves para establecer un sistema federal y el Estado laico que tenemos y debemos preservar, además de la Revolución que nos da la primera Constitución en el mundo que acuñó los derechos sociales”. Se refería, evidentemente, a hombres como don Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo, a don Juan Antonio de la Fuente, redactor de diversas leyes, entre ellas la Ley de Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1860), así como a coahuilenses ilustres como Ignacio Zaragoza, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, etcétera. 

Al referirse a la vida y obra de Juárez, recalcó que más allá de la reforma separadora de la Iglesia y el Estado, las ideas del Benemérito de las Américas derivaron en una libertad “importantísima”: la de pensamiento. Además, en materia cultural don Benito Juárez “hace la revolución al cambiar una cultura de la intolerancia, por una cultura de libertad; y sin esta libertad no podría haber un país democrático” (Vanguardia, 10 de enero de 2014).

Respecto al arribo de Juárez a Saltillo –causa y razón de la celebración– la doctora Galeana dijo: " Y un día como hoy, justamente hace 150 años, llegó el presidente Juárez a esta ciudad en uno de los momentos más aciagos de la historia de México, cuando los invasores venían siguiendo al gobierno constitucional". 

Enseguida señaló que la llegada de Juárez a Saltillo tiene un gran significado para Coahuila, pues debido a su estancia va a darse la autonomía de Coahuila respecto de Nuevo León. Por esa razón, expresó entusiasmada, “me da mucho gusto participar en estos festejos, en particular porque soy juarista y me ha interesado trabajar a este gran estadista a lo largo de mi vida. Me he dedicado fundamentalmente a estudiar este período de nuestra historia, que es lo que podemos llamar el tiempo eje, cuando se define el estado republicano y laico".

En tiempos como los actuales, en que la jerarquía católica y los grupos conservadores de extrema derecha se ha reposicionado en el quehacer político de México, conferencias como la que dictó la historiadora Patricia Galeana en Saltillo le hacen mucho bien a la vida democrática de México. 

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que este tipo de eventos mantienen vigente la obra de Juárez y contribuyen a consolidar de manera importante uno de los principios fundamentales de toda democracia: la laicidad del Estado, que garantiza el respeto de los derechos humanos de todos y en particular los de las minorías. 

En el caso particular de México, este principio se encuentra seriamente amenazado por las exigencias del clero católico y por el proceder condescendiente de aquellos “servidores públicos” que, olvidando la ley y el propósito de su elección, se han “consagrado” al servicio de la Iglesia católica. Son estos funcionaros los que anhelan el fin del Estado laico y el retorno del Estado confesional, en cuyo marco se legaliza la intolerancia y se suprime la libertad religiosa. 

No se necesita una celebración especial para recordarles a los enemigos del Estado laico que éste surgió para respetar el derecho de todos y para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una sociedad que se sabe plural y diversa.