Por Armando Maya Castro
Ante
el asesinato del periodista Miguel Ángel Guzmán Garduño, columnista del
periódico Vértice de Chilpancingo,
Guerrero, los mexicanos nos preguntamos, ¿qué ha pasado con la “Ley para la
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012? ¿De entonces a la
fecha, los activistas y comunicadores de México gozan de mayores medidas de
protección contra el riego de sufrir ataques en su contra por parte del crimen
organizado y/o de los políticos que han hecho de la mentira, la corrupción y el
tráfico de influencias su modus operandi?
La
ley antes mencionada “tiene por objeto establecer la cooperación entre la
Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de
Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen
la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en
situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos
humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo” (Artículo
1°).
A
pesar de las bondades de esta ley, las personas defensoras de derechos humanos
y los periodistas siguen estando expuestos a agresiones, abusos y actos de hostigamiento
en el ejercicio de sus importantes actividades.
Aunque
la información preliminar indica que el periodista Guzmán Garduño fue asesinado
“al oponerse a que un grupo de individuos armados le robaran sus pertenencias”,
nadie puede descartar que dicho asesinato sea un atentado más contra la
actividad periodística que se ejerce en México, donde del 2000 a la fecha han
sido asesinados 87 comunicadores.
En lo
relativo a este deplorable suceso, es importante aplaudir la inmediata
intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Raúl
Plascencia Villanueva, “instruyó a visitadores para que acudan al lugar de los
hechos, a efecto de recabar evidencias y testimonios sobre [el] caso, y así
conocer las actuaciones ministeriales relativas a la investigación” (Milenio,
24/01/2014).
El
ombudsman nacional recordó que el Estado está obligado “a prevenir cualquier
acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática
debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una
prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones
de seguridad”.
El gran
problema hasta ahora ha sido el siguiente: todas las agresiones en agravio de la
integridad física de los periodistas y defensores de los derechos humanos han
sido perpetradas por quienes actúan ante la indiferencia e indolencia de las
autoridades, gozando de total impunidad.
En
materia de libertad de expresión, el Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch,
capítulo México, señala que a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para
la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, “los
casos de esta naturaleza no han sido juzgados eficazmente.” Al referirse a los
defensores de derechos humanos, el informe en cuestión indica: “En abril de
2012, el Congreso de México sancionó una ley para proteger a defensores de
derechos humanos y periodistas que exige adoptar protocolos formales destinados
a evaluar el riesgo que enfrentan los miembros de estos sectores y asignar
protección cuando sea necesario. Al momento de la redacción del presente
informe, la implementación de estos procesos, que contaba con la participación
de la sociedad civil, aún se encontraba en curso”.
El
informe de esta importante organización no gubernamental, dedicada a la
investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, señala con absoluta
claridad que en nuestro país se ha “intensificado la violencia contra personas
que participan en redes sociales y contra las oficinas de medios de
comunicación. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa
ocurridos en 2012 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos
existen evidencias que señalan la participación de funcionarios públicos”.
Los
periodistas y defensores de los derechos humanos esperan que las autoridades
mexicanas sean capaces de frenar la ola de violencia que ha privado de la vida
a decenas de periodistas, que no hacen otra cosa que cumplirle a la sociedad,
quien tiene el derecho a estar plenamente informada.
Twitter:
@armayacastro
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