miércoles, 30 de abril de 2014

LOS NIÑOS DE MÉXICO, ENTRE LA INSEGURIDAD Y EL MALTRATO

Armando Maya Castro

“A Eglantine Jeff, fundadora de la Unión Internacional para el Bienestar del Niño y la Caja Británica de Ayuda al Niño se debe que se consideraran los derechos de los infantes en la Declaración de Ginebra, donde se acordó dedicar, en cada país, un día del año para festejar a los pequeños” (Sofía García Murillo y Ernesto Soto Páez, En un día como hoy… Efemérides de la historia de México, Lectorum, México, 2003, pp. 94-95).

En 1924, en respuesta a dicha resolución, México fijó el 30 de abril de cada año para celebrar a los niños. Esto sucedió cuando el General Álvaro Obregón se desempeñaba como presidente de la República Mexicana, y el licenciado José Vasconcelos como ministro de Educación Pública.

El anterior fue uno de los primeros esfuerzos de la comunidad internacional en su preocupación por la niñez del mundo; un éxito de la extinta Sociedad de Naciones, organismo que efectuaba en aquella época un trabajo similar –aunque menos universal– al que realiza actualmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

El 14 de diciembre de 1954, la Asamblea General de la ONU fijó el 1° de octubre como Día Universal del Niño. Este es el día oficial, pero Naciones Unidas dio libertad para que todos los Estados realizaran la celebración “en la fecha y forma que cada uno de ellos estime conveniente". Tras esta resolución, el Día del Niño siguió celebrándose en México el 30 de abril.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, garantiza a lo largo de su articulado los siguientes derechos infantiles: derecho a la vida, al juego, a ofrecer sus opiniones, a tener una familia, a divertirse, a gozar de salud, a recibir protección contra el trabajo infantil, a un nombre y una nacionalidad, a disfrutar y conocer la cultura, a la alimentación y nutrición, a la educación y a vivir en armonía. Este tratado internacional obliga a los Estados Partes a asignar el máximo de sus recursos disponibles y a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos ya mencionados.

Tristemente, a pesar de la citada Convención y de la Constitución General de la República, las niñas y niños de México siguen siendo un sector vulnerable de la población y enfrentan problemas agudos: de los 39 millones de niños que viven en México, seis de cada diez trabajan en condiciones de explotación sin oportunidad de estudiar, y tres de cada diez no tiene acceso a una alimentación adecuada. Esto según un estudio del Coneval y UNICEF. Con base en estos números, me atrevo a asegurar que estos niños no podrán disfrutar plenamente el día que les ha sido dedicado.

Tampoco lo disfrutarán  las niñas y niños que viven en los estados golpeados por la violencia que despliega la delincuencia organizada, como es el caso de Tamaulipas, donde los padres de familia solicitaron a las autoridades educativas cancelar las clases en las 900 escuelas que hay, debido a la escalada de violencia que impera en el sur de esa entidad.

¿Y qué me dice usted de los infantes que se han visto en la necesidad de abandonar la escuela debido a la inseguridad imperante en diversas comunidades de la sierra de Guadalupe en el Estado de México? Una de las madres de familia de la colonia La Mesa Xalostoc declaró a conocido diario capitalino: “Ya no quiero traer a los niños a la escuela, porque a un lado de mi casa encontraron una casa de seguridad y tenían una niña y es una vergüenza porque sólo se cambiaron de casa, están en la misma calle, los denunciamos, los agarran y salen pronto y quedamos en estado de indefensión porque al rato ya están delinquiendo”.

¿Cree usted que tendrán un feliz festejo las víctimas infantiles de los llamados daños colaterales, en referencia al perjuicio “no intencional” que producen las acciones militares, y que en México se han extendido a cuestiones fuera del ejército? Por supuesto que no lo tendrán. Y créame, no hablo de números insignificantes, sino de cifras elevadas y altamente preocupantes, dadas a conocer en 2011 por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados: mil 600 menores de edad muertos y cerca de 40 mil niños huérfanos, todo esto en el marco de la infructuosa guerra de Felipe Calderón Hinojosa en contra del crimen organizado.

¿Y qué clase de fiesta tendrán los niños que son víctimas de trata, o aquellos que han sido victimados por personas sin escrúpulos que, para satisfacer sus bajos instintos y sus asquerosas aberraciones, se disfrazan de ciudadanos honrados y respetables, aprovechando sus cargos, hábitos y profesiones para abusar sexualmente de niños y adolescentes indefensos?


Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el dolor de estos menores de edad, así como el de aquellos que sufren al lado de sus padres el flagelo de la pobreza, no se extingue con felicitaciones, juguetes, globos, desayunos, música, payasos y festivales en su honor. Sociedad y gobierno necesitamos hacer mucho más que eso; necesitamos desplegar nuestros mejores esfuerzos para construir el futuro de felicidad y bienestar que se merecen los niños de México. 

sábado, 26 de abril de 2014

CANONIZACIÓN ENVUELTA EN POLÉMICAS

Por Armando Maya Castro

La canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II se realizará este domingo en medio del debate que ha generado en la sede papal la lujosa vivienda de casi 700 metros cuadrados a la que proyecta mudarse en unos meses el ex secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, el hombre fuerte durante el pontificado de Benedicto XVI, cuya gestión fue duramente criticada por lo que él llamó “una red de  cuervos y víboras”.

Se trata de un penthouse ubicado en el palacio San Carlos, que es diez veces más grande que el departamento donde vive el papa Francisco en la vecina Residencia Santa Marta. La suntuosidad de dicha vivienda contradice el discurso del papa Francisco, que ha propuesto en varios de sus discursos una “Iglesia pobre para los pobres”.

Bertone fue uno de los secretarios más controvertidos en la historia reciente del Vaticano. Como segundo al mando del gobierno vaticano, después del papa, desempeñó todas las funciones políticas y diplomáticas de la llamada Santa Sede: tuvo poder sobre todas las instituciones vaticanas; afrontó al lado de Benedicto XVI todos los escándalos que estremecieron a la Iglesia católica en los últimos años: pederastia clerical, Vatileaks, reformas de las finanzas del Vaticano, etcétera.

El ascenso a los altares del polaco Karol Wojtyla y del italiano Angelo Giuseppe Roncalli se dará también en medio de la polémica que ha desatado el pontificado de Juan Pablo II, acusado de ser el principal protector del pederasta Marcial Maciel Degollado, fundador de la congregación los Legionarios de Cristo y del movimiento “Regnum Christi”.

Los encargados de promover la canonización de Wojtyla sostuvieron por mucho tiempo que éste siempre ignoró los delitos y prácticas inmorales de Maciel. La más reciente declaración en ese sentido la hizo Slawomir Oder, postulador de la causa de Juan Pablo II.  Este sacerdote de origen polaco afirmó el pasado miércoles que “no hay señales” de que Juan Pablo II haya “tenido implicaciones” en el escándalo de pederastia protagonizado por el ex líder de los Legionarios de Cristo.

Las recientes declaraciones del ex portavoz papal, Joaquín Navarro-Valls, en el sentido de que el papa Juan Pablo II sí tenía conocimiento de las denuncias contra el fundador de los Legionarios de Cristo, constituyen un serio problema para los clérigos que han defendido la tesis de que el futuro santo del catolicismo ignoraba el comportamiento criminal de Marcial Maciel. El problema que tienen ante sí estos clérigos es que no podrán seguir negando la protección que Wojtyla le brindó al cura oriundo de Cotija, Michoacán, a pesar de saber que éste fue acusado de atacar sexualmente a varios seminaristas de su congregación y a no pocos estudiantes de la Legión.

Respecto a la doble canonización, el investigador Bernardo Barranco escribió el pasado miércoles en La Jornada: “Tanto en la canonización de Juan Pablo II como en la de Juan XXIII, se infringieron las normas. En el caso del papa Wojtyla, Benedicto XVI decidió no esperar los cinco años de su muerte para iniciar el proceso canónico. Y en el de Roncalli, Francisco decidió no presentar el segundo milagro para santificarlo. En ambos casos no sólo se brincaron las pautas, sino que hubo prisa. Pone de manifiesta la falta de rigor de la Congregación para las Causas de los Santos, de la que tanto presume su prefecto, el cardenal Angelo Amato. Es evidente para todos que Francisco optó por una inédita doble canonización de pontífices como una medida política de contrapesos”.

El pasado mes de julio escribí en este mismo espacio lo que hoy repetiré: la canonización de Juan Pablo II impedirá que el papa Francisco pase a la historia como el gran reformista que pretende ser. Jorge Mario Bergoglio pasará a la historia, eso sí, como el papa que santificó al pontífice romano que dejó en la impunidad los actos delincuenciales de cientos de curas, en especial los de su gran amigo y protegido Marcial Maciel.



viernes, 25 de abril de 2014

ESTADO LAICO, CERCO A LA VIOLENCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

La consolidación y fortalecimiento del Estado laico –que vive desde algún tiempo una de sus peores crisis– es lo único que puede impedir el retorno del Estado confesional, en cuya vigencia se excluyó, anatematizó  y persiguió a quienes impugnaban el dogma represivo y autoritario de la Iglesia católica.

Con la expedición de las Leyes de Reforma (1859 y 1861), el presidente Benito Juárez García “suprimió el Estado confesional” y [sentó] las bases de un Estado laico”, el legado más importante de la reforma liberal y, al mismo tiempo, el mejor garante de las libertades de religión, conciencia y expresión.

Estas leyes, hay que tenerlo presente, fueron desaprobadas desde un principio por los jerarcas de la iglesia mayoritaria, quienes descalificaron en diferentes momentos las bondades de la laicidad del Estado mexicano, la cual fue conceptuada por varios de ellos como una lacra histórica “que no nos deja avanzar”.

Antes de Juárez, en México no existía una cultura de respeto a la diversidad religiosa. La Iglesia católica se proclamaba a sí misma como poseedora única y absoluta de la verdad, criterio que impidió el surgimiento de otros grupos religiosos.

En ese tiempo, la Iglesia católica afirmaba que “los errores no tienen derechos”. Bajo dicho principio, el romanismo negó la libertad de creencias y promovió la intolerancia religiosa, causante del sufrimiento de los miembros de las comunidades religiosas que intentaban establecerse en territorio mexicano.

A poco más de 150 años de la expedición de las Leyes de Reforma, conviene preguntarnos: ¿ha cambiado actualmente la postura de la Iglesia católica sobre el Estado laico? Por supuesto que no. Por ello, desde antes de la llegada del PAN a Los Pinos, viene promoviendo reformas constitucionales para recuperar sus antiguos privilegios y el poder que llegó a tener en el México confesional.

En esa lucha, hay que decirlo, la Iglesia romana no ha actuado sola. Ha contado con el apoyo decidido e incondicional de la derecha militante, partidaria de un Estado confesionalmente católico, que ha estado asociada al clero político que suele conducirse sin respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan.

Para evitar la multiplicación de los casos de intolerancia religiosa es necesario multiplicar esfuerzos en pro del fortalecimiento del Estado laico, el cual brinda a todas las iglesias el debido reconocimiento, así como igualdad ante la ley, obligando a las autoridades de gobierno a mantener una postura de imparcialidad hacia las distintas convicciones religiosas y modos de pensar.


México ya tiene suficiente con la violencia causada por la delincuencia organizada, como para provocar el incremento de la intolerancia religiosa, una forma de violencia que sólo puede erradicar el Estado laico. Nuestro deber es trabajar más y mejor en el fortalecimiento del Estado laico, evitando que sea embestido por los políticos partidarios del Estado confesional. Tenemos que hacerlo si es que no queremos que la intolerancia religiosa –que ha lastimado por décadas a estados como Oaxaca y Chiapas– se extienda a los 32 estados de la República mexicana.


martes, 22 de abril de 2014

LA TORTURA, UN MAL QUE NO CESA

Juan Méndez, relator especial para la Cuestión de la Tortura de la ONU, comenzó el día de ayer una visita oficial a México. Información vertida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indica que durante su estancia en territorio mexicano, Méndez sostendrá cerca de 25 reuniones con alrededor de 100 funcionarios federales y estatales.

Las actividades y reuniones del relator de la ONU buscan disminuir los índices de tortura policiaca existentes en casi todos los estados de la República mexicana. Y no es para menos si tomamos en cuenta que la tortura se ha convertido en México en una práctica sistemática, generalizada e impune. Un dato que demuestra la anterior afirmación nos lo da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): de las 1.662 denuncias de tortura y malos tratos que este organismo recibió en 2012, no se impusieron condenas por tortura a lo largo de ese año.

Para ponerle fin a esta vergonzosa impunidad –que alcanzó niveles inimaginables en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa– es necesario comenzar a investigar los hechos de tortura y las demás conductas violatorias de derechos humanos. Asimismo, es necesario aplicar el peso de la ley a las autoridades que incumplen con su deber de investigar los actos de tortura policial, algunos de los cuales han producido el encarcelamiento de personas inocentes, obligadas a firmar bajo tortura declaraciones falsificadas.

En varias oportunidades hemos hablado en este espacio sobre este persistente problema. A finales de junio de 2013 recordé las declaraciones de Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, quien se expresó así del tema que hoy nos ocupa: "Las fuerzas de seguridad de México siguen atacando a personas a las que consideran enemigos, especialmente aquellas de las que creen que tienen vínculos con el narcotráfico, sin poseer necesariamente pruebas reales. Esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos".

Entiendo perfectamente bien que la tortura ha sido empleada desde épocas muy remotas por la mayoría de los pueblos de la tierra. Fue utilizada en la Edad Media por la inquisición, principalmente en aquellos países donde el catolicismo llegó a ser la religión dominante. La inquisición fue instituida en 1231 a través de los estatutos “Excommunicamus” del papa Gregorio IX. Esta institución criminal –que no judicial– centró su atención en la herejía y en sus supuestos autores, a quienes procuró descubrir, enjuiciar y sentenciar.

A esta inhumana institución, Inocencio IV le imprimió un carácter más diabólico. El 15 de mayo de 1252, a través de la bula “Ad extirpanda”, se autorizó el uso de la tortura en los interrogatorios inquisitoriales. Antes de esto, la tortura física, aunque se practicaba, era ilegal y se consideraba ajena a la práctica canónica (Samuel Villa, Historia de la Inquisición y la Reforma en España, Clie, Barcelona, 1977, p. 38).

Las pruebas obtenidas bajo tortura, que hoy en día son consideradas nulas conforme a la Declaración Universal de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los tiempos de la inquisición eran suficientes para enviar a la hoguera a cualquier persona sospechosa de herejía.
Por Armando Maya Castro

Luego de varias supresiones temporales, la inquisición fue suprimida definitivamente en 1834. Aunque este despótico tribunal ya no existe, sobrevivieron los métodos y técnicas de la tortura, tan frecuentes en las corporaciones policiacas que no cuentan con la formación adecuada o los recursos necesarios, lo que los lleva a "recurrir a la tortura o los malos tratos como un método rápido para obtener confesiones y conseguir que los tribunales dicten declaraciones de culpabilidad", afirma Amnistía Internacional (AI).

Es oportuno mencionar que a partir de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, algunos países del mundo han realizado importantes avances para acabar con la tortura. En nuestro país sí se han dado avances, pero no lo suficientes como para erradicar el flagelo de la tortura y del maltrato.

A pesar de que el artículo 5° de la Declaración antes mencionada ordena que "nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", la realidad es que en México a la mayoría de las víctimas de tortura se les niega sistemáticamente la justicia. Esto, afirma AI, "crea una atmósfera en la que los posibles torturadores pueden seguir torturando y maltratando, sabiendo que no serán detenidos, procesados ni castigados".


Los mexicanos esperamos que la visita del relator Méndez a México no se limite a recibir informes sobre las actividades y avances legales del Estado Mexicano en contra de la tortura. Esperamos que su visita contribuya a sensibilizar a nuestras autoridades para que cesen las prácticas que se dan en los separos y en otros lugares clandestinos, donde policías y judiciales siguen torturando a los detenidos, restándole importancia a las leyes y a los instrumentos internacionales que prohíben el uso de la tortura.


sábado, 19 de abril de 2014

LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO AMENAZA

Por Armando Maya Castro

En México, la libertad de expresión es objeto de constantes ataques. Desde hace décadas son frecuentes en nuestro país los actos de hostigamiento, los malos tratos y las intimidaciones contra los periodistas que dan a conocer información molesta a los ojos de las autoridades y de algunos miembros de la clase política mexicana.

Duele decirlo, pero en México la labor periodística se ha convertido en la práctica más peligrosa para quienes se dedican a investigar y denunciar los actos de corrupción y abuso de poder de las autoridades, así como las actividades delictivas de las bandas criminales, las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos.

De un tiempo a la fecha, el discurso oficial señala que la amenaza a la libertad de expresión proviene principalmente de los cárteles del crimen organizado, quienes ven en el trabajo periodístico una afectación a sus intereses. Otras amenazas a esta preciada libertad provienen de la clase política y de los gobiernos autoritarios, tentados a formular leyes para limitar y/o controlar la libertad de expresión. El mejor ejemplo es la Ley Peña-Televisa, que pretende amordazar la libertad de expresión y acallar las voces libres.

Por ello, algunos políticos, académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos constituyeron el Frente por la Comunicación Democrática, que tiene el propósito de cerrar el paso a la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicación del presidente Enrique Peña Nieto. Este grupo está encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y por el senador panista Javier Corral, quienes señalan que la propuesta del mandatario mexicano pretende burlar la Constitución, mantener el privilegio de las televisoras y regresar al gobierno mecanismos de control autoritario.

La libertad de expresión, signo de progreso y civilización, es una conquista lograda por Benito Juárez y los hombres de la Reforma. La Constitución de 1857 reconoció este derecho estableciendo entre otras libertades la de palabra, imprenta, enseñanza, reunión y de trabajo. Un antecedente de esta libertad la encontramos en la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.

En la Asamblea Constituyente de 1857, Francisco Zarco disertó ardientemente en defensa de la libertad de expresión: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos”, señaló el político, periodista e historiador mexicano.

Durante el periodo presidencial de Juárez (1858-1872) mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la primera Constitución liberal que tuvo México. A partir de entonces comenzaron a publicarse periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.

El libre ejercicio del periodismo en México ha implicado siempre riesgos, amenazas y obstáculos. Las agresiones a nuestros periodistas han sido tantas y tan frecuentes que por algo México fue considerado –hace algunos años– como el país latinoamericano más peligroso para el ejercicio del periodismo. El número de periodistas agredidos y asesinados ocasionó que en el extranjero se tuviera la percepción de que en nuestra nación no existía libertad de expresión.

El Estado debe admitir que al incumplir su compromiso con la libertad de prensa le ha fallado no sólo a los periodistas sino también a la ciudadanía, que tiene el derecho a ser informada. Es oportuno recordar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Otro ordenamiento jurídico orientado a salvaguardar la integridad física de los comunicadores es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de estas leyes, hay casos como el de la politóloga y columnista Denise Dresser Guerra que son altamente preocupantes. La organización Artículo 19 –que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, y que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garante de la libertad de expresión– acaba de denunciar una presunta intimidación a  Dresser por haber publicado una columna que recuerda información difundida sobre presuntos lazos con el narcotráfico de Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados federales del PRI.

Otro caso preocupante se dio en el municipio de Ixtaltepec, Oaxaca, donde periodistas del diario El Imparcial del Istmo protestaron porque el pasado lunes uno de sus voceadores fue detenido arbitrariamente por policías municipales, quienes le exigieron no vender más ejemplares, debido a que el diario contenía información  no grata para el alcalde Rubén Antonio Altamirano.


Estos y otros casos obligan al Estado mexicano a redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de la libertad de expresión, procurando que nuestros periodistas realicen su trabajo sin miedo, algo que sólo puede ser posible en un entorne libre de amenazas y agresiones. 

miércoles, 16 de abril de 2014

CASITAS DEL SUR, UN CASO MARCADO POR LA IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro

Ilse Michel Curiel Martínez desapareció de la casa hogar Casitas del Sur siendo una niña de tan sólo 10 años de edad. Su madre y su abuela, las señoras Mayra Martínez y Ardelia Martínez, respectivamente, vivieron sin saber nada de ella desde que fue secuestrada, en noviembre de 2008.

En los últimos seis años de su vida, Ilse convivió con tres personas cuyas declaraciones podrían contribuir a la localización y detención de Jorge Erdely Graham y Sergio Humberto Canavati Ayub, líderes de la Iglesia Cristiana Restaurada y de una red criminal que vendió en adopciones ilegales a por lo menos 25 menores de edad, afirma la periodista Sanjuana Martínez, autora del libro Se venden niños, relativo al mismo tema. 

El testimonio de Ilse puede contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre los delitos cometidos por los líderes de la secta antes mencionada. El problema es que la menor de edad –por temor a las represalias contra las personas que la retuvieron ilegalmente– se niega a revelar nombres y detalles que podrían ser de gran utilidad en la investigación.

La aparición de Ilse vuelve a poner en el ojo del huracán a Los Perfectos, cuyos principios "parten de la premisa de que todas las personas son apóstatas y deben pasar por un proceso de arrepentimiento, confesión, adoctrinamiento, disciplina y restauración", afirma Lydia Cacho Ribeiro en un artículo titulado “Erdely: secuestrar en nombre de Dios”, escrito en su columna Plan B, publicada el 2 de abril de 2009 en el diario El Universal.

Sobre el dirigente de Los Perfectos, la autora del libro Esclavas del poder señala que “Erdely, Canavati y sus seguidores […] están convencidos de que llevar niños y niñas robadas a vivir ilegalmente con familias restauradas es una obra de Dios, y no un delito”. Esta y otras informaciones periodísticas revelan que en este caso convergen delitos como el secuestro y tráfico de menores, así como diversas violaciones a los derechos humanos de decenas de niños y niñas que “fueron sometidos, en cautiverio, a un implacable adoctrinamiento ideológico y religioso”, afirma el investigador Bernardo Barranco Villafán (La Jornada, 18 de febrero de 2009).

Antes de que se descubriera la farsa de Jorge Erdely, algunos medios de comunicación, sin profundizar en sus antecedentes, lo presentaron como especialista en temas de religión. El seudo investigador empleó esos espacios para exhibir con dolo difamante a algunas iglesias como “sectas peligrosas”. Nunca habló en sus entrevistas de su condición de pastor, mucho menos de sus abusos en agravio de los menores de edad. Al contrario, negó –en entrevista con El Universal– ser pastor y líder de la Iglesia Cristiana Restaurada.

El pastor Eduardo Escamilla Morales, un antiguo colaborador de Erdely, declaró ante la PGR que la Iglesia Cristiana Restaurada, siguiendo las directrices de su líder y fundador, adoctrinaba a sus adeptos para retener menores del albergue Casitas del Sur. Esto significa que este dictador espiritual –como le llama Escamilla Morales– tiene mucho que ver en el caso de los 14 menores de edad que desaparecieron de los albergues ubicados en San Miguel y en San Pedro Mártir en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR), que en abril de 2009 atrajo la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), está obligada a dar celeridad a las investigaciones para lograr detener y poner a disposición de jueces penales a los líderes de la Iglesia Cristiana Restaurada, así como a los demás implicados en la desaparición de Ilse Michel Curiel Martínez, Sergio Iván Cuadrilla Trejo, Jorge Cuadrilla Trejo,  Bryan Cuadrilla Trejo, Asael Israel Juárez Ojeda, Natanael Isaí Juárez Ojeda, Hetziba Magdalena Juárez Ojeda, Jesús Alejandro Espinosa Sánchez, Adriana Guadalupe Castañeda Bernal, Frida Jardines Paniagua, Ámbar Abigail Bretón Blanco, David Rangel García, Julio César Castañeda Bernal y Diana Lizbeth Bernal Hernández.

Las autoridades encargadas de la procuración de justicia saben perfectamente bien que la aparición de Ilse Michel y de los hermanos Juárez Ojeda (Asael Israel, Natanael Isaí y Hefziba Magdalena), no resuelve el caso en comento. Y digo que no lo resuelve por dos razones: todavía hay varios niños desaparecidos, y los principales responsables de estos delitos no han sido detenidos.

Mientras que los culpables no estén tras las rejas, el caso Casitas del Sur seguirá marcado por la impunidad, que constituye el mejor caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de delitos. Deben reconocerse, sin embargo, los esfuerzos de la PGR, instancia que en junio de 2012 publicó “una serie de acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los que ofrecía más de 10 millones de pesos para localizar a secuestradores y sus víctimas, en la que se destaca el tráfico de menores en Casitas del Sur”.

Debe reconocerse también lo que en su momento hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien emitió –en abril de 2009– la recomendación 4/2009, dirigida al procurador general de Justicia, al DIF-DF y a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, por este espeluznante caso.

La Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado intentó hacer su parte al cancelar el registro constitutivo de la Iglesia Cristiana Restaurada como asociación religiosa, aunque el investigador Bernardo Barranco señala –con sobrada razón– que la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas “comparte responsabilidades porque debió estar más atenta a las actividades de aquellas asociaciones religiosas que presentaran comportamientos extraños y sospechosos debidamente documentados, como es el caso de esta Iglesia Restaurada, que desde 2007 en Quintana Roo ya había enviado señales de conductas perniciosas, debidamente documentadas, que justificaran una intervención preventiva o precautoria…” (La Jornada, 10 de abril de 2014).

La aparición de Ilse y de otros menores de edad obliga a las autoridades competentes a seguir trabajando para dar respuesta a los familiares de las víctimas, a la sociedad y a los medios de comunicación, quienes exigen profundizar en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de los delitos cometidos en el albergue Casitas del Sur.



martes, 15 de abril de 2014

EL PAPA, ACUSADO DE HEREJÍA

Por Armando Maya Castro

El papa Francisco ha sido acusado de hereje por dos líderes ortodoxos griegos. Se trata de Andrés de Dryinoupolis, Pogoniani y Konitsa, y Serafín del Pireo y de Faliro, quienes firmaron una kilométrica carta de 89 páginas en la que responsabilizan al argentino Jorge Mario Bergoglio de la degradación litúrgica en la Iglesia Católica y le piden volver a la ortodoxia. 

La acusación, además de grave, desconoce el dogma de la Infalibilidad papal, de acuerdo con el cual el papa es infalible cuando habla ex cathedra (“desde la cátedra de Pedro”), es decir, cuando lo hace como pastor y maestro de todos los fieles y en ejercicio de su autoridad pontificia. La Infalibilidad papal fue instituido como dogma el 18 de julio de 1870, en una de las sesiones del Concilio Vaticano I.

¿Es esta la primera vez que un papa es acusado de herejía? No. En la Edad Media se discutió a fondo la posibilidad de que un papa incurriera en herejía. En ese tiempo era opinión común que el papa se podía equivocar. Antes del establecimiento del dogma de la Infalibilidad, clérigos como Juan de Torquemada sostenían que un papa que fuera hereje dejaría de ser sucesor de Pedro en el momento de incurrir en herejía. 

El papa Honorio (625-638), el más célebre caso de error papal, fue condenado por herejía por un concilio general después de su muerte. A pesar de que el papa León confirmó la condenación de Honorio, la Iglesia católica no considera que éste haya dejado de ser papa, a pesar de que fue acusado de herejía durante su reinado. Honorio sigue figurando en la lista de papas que le da secuencia a la famosa cadena ininterrumpida de papas de Pedro a Francisco. 

José Antonio Sayés, en su libro La Iglesia de Cristo: Curso de Eclesiología, señala que “Cayetano defendía la hipótesis de un Papa hereje y aceptaba la posibilidad de un concilio acéfalo, reunido sin el papa en caso de herejía notoria”. El autor antes mencionado señala que los "teólogos de hoy en día aceptan la posibilidad de error en el papa en cuanto persona privada, pero no cuando habla como pastor universal y juez supremo".

En el Cisma de Occidente, periodo en el que hubo dos y hasta tres papas, quienes se disputaban la autoridad pontificia entre los años 1378 y 1417. En ese tiempo, los reinos católicos dividieron su obediencia entre los papas que decían ser la legítima cabeza de la Iglesia, considerando hereje y excomulgado al papa que no gozaba de su respaldo. 

Veremos qué pasa con la acusación en contra el papa Francisco, al que los firmantes griegos se dirigen como líder del Estado de la Ciudad del Vaticano, no como obispo, lo que evidencia un desconocimiento al lugar que le da su investidura pontificia al interior de la Iglesia católica. 

En el Vatican Insider un proyecto del diario “La Stampa”, dedicado a la información general sobre el Vaticano, las actividades del Papa y de la sede papal, la presencia internacional de la Iglesia católica y los temas religiosos­ se señala: “Los firmantes no reconocen a la Iglesia católica el estatus de Iglesia, ni la validez de la celebración de los sacramentos en ella, ni el estatus de obispo al Papa. Además indican que es «blasfemo», además de «escritural y patrísticamente infundado», el «primado petrino» y la jurisdicción del Papa sobre toda la Iglesia. También definen como «blasfemia» contra el Espíritu Santo la doctrina de la infalibilidad papal, demostración del «orgullo satánico» que habría «poseído» al Pontífice. El «papismo» «no es una Iglesia, sino una comunidad religiosa, una para-sinagoga, una herejía… una perversión absoluta de la verdad», escriben en el largo documento los dos metropolitas ortodoxos”.

sábado, 12 de abril de 2014

SOLICITUD AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU

Por Armando Maya Castro

Familiares de víctimas de abusos sexuales y organizaciones no gubernamentales solicitaron al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, pedir al Vaticano paralizar el proceso de canonización de Juan Pablo II, a quien acusan de proteger a varios curas pederastas, entre ellos Marcial Maciel, ex líder de los Legionarios de Cristo.

De consumarse esta canonización el próximo 27 de abril, como todo lo indica, el papa Francisco estaría mostrando su insensibilidad ante el dolor de las víctimas de pederastia clerical y de sus familiares, quienes rechazan, con sobrada razón, la canonización de un papa que trató a los criminales con sotana como “ovejas descarriadas”, disponiendo que fueran atendidos con programas multidisciplinares a base de oración, recogimiento, terapia psicológica, ejercicio físico y antidepresivos.

Esta demanda no es nueva. En 2011, numerosas asociaciones mundiales defensoras de las víctimas de curas pederastas se opusieron a la beatificación de Juan Pablo II, por considerarlo el principal encubridor de sacerdotes pederastas de la historia. Esta exigencia no prosperó, y Karol Wojtyla fue beatificado.

El 15 de julio de 2013, José Martínez de Velasco, directivo de la Asociación de Víctimas de los Legionarios de Cristo (AVL) objetó la canonización de Juan Pablo II en los siguientes términos: “El pontificado de Juan Pablo II ha sido un papado excesivamente largo y, precisamente por ello, hubo sombras que deberían haberse considerado e investigado más” (Aristegui Noticias, 15 de julio de 2013).

En vez haber considerado los fuertes indicios que apuntan que el papa de origen polaco no procedió correctamente ante los casos de pederastia clerical, los promotores de la causa de canonización del pontífice polaco le dieron más importancia a las supuestas luces de su papado.
Esta demanda se escuchó nuevamente el pasado jueves en la Cámara de Diputados, donde se desarrolló el foro "El Significado del Informe del Comité de los Derechos del Niño a la Santa Sede y las Implicaciones para México”. Ahí, el ex sacerdote Alberto Athie pidió al comité de la ONU hacer llegar  esta solicitud a la Santa Sede.

"Qué tal si lo canoniza y resulta que si hay elementos que le fincan responsabilidad como un encubridor y por lo mismo como cómplice de casos de pederastia en el mundo, qué va a pasar en la iglesia católica  cuando  tenga un santo en los altares y ese santo fue cómplice de pederastia", reflexionó Athie.
John Pilmaier, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), objetó hace algunos meses la canonización de Juan Pablo II, afirmando que ésta “embarra el profundo y aún fresco escándalo de las víctimas de abusos sexuales”. Al hablar sobre la tibieza de Juan Pablo II ante los casos de pederastia,  el  citado activista señaló: “A pesar de haber sido papa durante décadas, Juan Pablo II no hizo nada para proteger a esta gente”.

Lo dije en julio pasado y lo vuelvo a repetir: La decisión de canonizar a Karol Wojtyla contradice la reforma del papa Francisco, que supone ‘la continuación’ de la lucha contra la pederastia clerical. Por una parte endurece las penas contra la pederastia en el Vaticano, y por la otra resuelve canonizar a quien protegió a los causantes del sufrimiento de miles de niños.

La determinación papal nos lleva a preguntarnos: ¿dónde queda su reciente declaración en el sentido de que la Iglesia católica no va a dar un paso atrás en la lucha contra los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes? ¿Dónde queda también la abierta súplica de perdón por los abusos sexuales en agravio de menores cometidos por hombres de la Iglesia católica?

Aunque los defensores de Juan Pablo II han afirmado hasta el cansancio que éste “no estaba en conocimiento de la doble personalidad del padre Maciel", lo cierto es que siempre estuvo enterado de los delitos sexuales del legionario mayor. Tal vez haya desconocido la relación que sostuvo con Blanca Estela Lara Gutiérrez y el abuso en agravio de los dos hijos que procreó con ella, pero conocía todo sobre los abusos de Maciel en agravio de los jóvenes seminaristas.

¿En qué se basan las personas que sostienen que Juan Pablo II tenía conocimiento de las inmoralidades de Maciel? En la carta abierta que ocho ex Legionarios de Cristo enviaron al papa en noviembre de 1997. En ella, las víctimas del clérigo michoacano denunciaban “la terrible y dolorosa verdad del oscuro mal oculto (…) durante más de cuatro décadas, acerca de la encubierta conducta inmoral del mismo fundador y superior general de la Legión de Cristo, el Padre Marcial Maciel Degollado”.

Por esta carta, Juan Pablo II se enteró que su protegido era adicto al demerol, un potente tranquilizante que “conseguía gracias a sus seminaristas, que se lo administraban regularmente…”. Félix Alarcón, una de sus víctimas, asegura que su superior se inyectaba, además, una sustancia derivada de la morfina. Estas drogas –refiere Alarcón– las conseguían los seminaristas por indicaciones de su líder.

A pesar de la carta en comento, el concepto del papa sobre este siniestro personaje siguió siendo el que tenía de él desde 1994, año en que lo calificó como “guía eficaz de la juventud”. Y lo digo porque el 30 de noviembre de 2004, con motivo del 60 aniversario de la ordenación sacerdotal del entonces líder de la Legión, Juan Pablo II le impartió una bendición apostólica especial: “Mi afectuoso saludo se dirige ante todo al querido padre Maciel, al que de buen grado acompaño con mis más cordiales deseos de un ministerio sacerdotal colmado de los dones del Espíritu Santo”.


Posteriormente, dos de sus víctimas denunciaron “por las vías y protocolos canónicos oficiales, establecidos por las instancias vaticanas pertinentes, parte gravísima de los males” que ese año habían revelado a un diario norteamericano (Hartford Courant, 23 de febrero de 1997). Estos datos dejan en claro que el futuro santo del catolicismo sabía demasiado sobre la vida obscena de Maciel y de otros clérigos inmorales del romanismo. 


jueves, 10 de abril de 2014

¿OTRO "MICHOACANAZO"?

Por Armando Maya Castro
El “michoacanazo” es el emblema del fracaso de la política de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Casos así no deberían repetirse ni quedar en la impunidad

El 26 de mayo de 2009, bajo el argumento de defender la política, el servicio público y los partidos, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó la detención de 35 funcionarios del gobierno de Michoacán –encabezado por el perredista Leonel Godoy–, por presuntos vínculos con el cártel de la Familia Michoacana.

El operativo de fuerzas federales, conocido hasta hoy como el “michoacanazo”, fue dirigido contra 12 presidentes municipales, 8 altos funcionarios del gobierno estatal, 1 juez, 12 policías y 2 ex directores de seguridad pública. La Procuraduría General de la República, recurriendo a la estrategia fácil,  consiguió que un juez arraigara durante 40 días a los involucrados, mientras se profundizaban las investigaciones y mientras terminaban las campañas, señala Ernesto Núñez Albarrán.

Al principio, las pruebas parecían reales y demostraban que estábamos ante el caso de narcopolítica más importante en la historia de México. Nadie imaginaba entonces que se trataba de una maniobra con propósitos eminentemente electorales, en la que se acreditan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia.

Al referirse a esta acción político electoral, el autor arriba mencionado sostiene: "Meses después se tuvo que liberar a todos los implicados en el "michoacanazo", pues la procuraduría fue incapaz de sostener sus acusaciones. Pero el golpe mediático estaba dado, y Germán [Martínez] lo aprovechó para mantener su disputa con el PRI: 'Les preguntamos si quieren que se paren estos operativos o si lo que quieren son fueros partidistas, pausas electorales, tregua a la delincuencia' desafío en una declaración el 1° de junio"(Ernesto Núñez Albarrán, Crónica de un sexenio fallido, Grijalbo, México, 2012).

Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, calificó el "michoacanazo" de Calderón como un show, "donde la mayoría de las causas se le terminaron cayendo a los fiscales debido a que no generan material probatorio adecuado, y confían en testigos protegidos de dudoso origen, que de alguna manera también comprometen a las autoridades". El caso es lamentable por la manera en que se dio, y porque quedó en la más absoluta impunidad.

Lo que pasa con el priísta Jesús Reyna García, procesado por nexos con el narcotráfico, es diferente al “michoacanazo”, nos dice Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación.  En este caso –afirma– están acreditadas las acciones del gobierno federal, lo que marca una distancia respecto a lo hecho por administraciones pasadas. Esta declaración coincide con lo señalado por Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, en el sentido de que los órganos de seguridad que trabajan en Michoacán hallaron varias evidencias de que el ex secretario del Gobierno de Michoacán tuvo reuniones con líderes de organizaciones criminales. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que las pruebas que ha reunido la PGR tendrán que ser valoradas debidamente por un juez, respetando en todo momento los principios del debido proceso. 

La pregunta es: ¿qué hará el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto de comprobarse que –aparte de Reyna– hay más funcionarios michoacanos vinculados con el crimen organizado, tal como lo declaró el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, a MVS Radio? En caso de ser cierto, la ley debe aplicarse con todo rigor y sin distingos, teniendo el cuidado de proceder profesionalmente, no como se procedió en el “michoacanazo” del sexenio pasado, emblema del fracaso de la política de seguridad pública de Felipe Calderón. 

martes, 8 de abril de 2014

RUANDA, 20 AÑOS DESPUÉS DEL GENOCIDIO

Por Armando Maya Castro
En el  genocidio de Ruanda, la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia tutsi. Los clérigos católicos hutus, olvidando los mandamientos de Cristo relativos al amor y al perdón, se unieron a las acciones criminales de su etnia, masacrando a los tutsis, a quienes responsabilizaron de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, quien perdió la vida a causa de en un atentado aéreo

Este lunes comenzó en Ruanda una semana de luto oficial para conmemorar el vigésimo aniversario del genocidio ruandés, en el que 800 mil personas fueron asesinadas en un lapso de cien días, a partir del 6 de abril de 1994. En esa fecha, no hay que olvidarlo, los presidentes Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un sospechoso accidente de aviación.

Carla del Ponte, en su libro La caza: yo y los criminales de guerra, relata así el atentado antes mencionado: "Atardecía el 6 de abril de 1994 y el presidente Habyarimana volaba hacia Kigali tras una ronda de negociaciones para poner en práctica los acuerdos del reparto de poder. El piloto francés acababa de maniobrar para la aproximación final cuando alguien lanzó un proyectil tierra-aire que borró el aparato del cielo sin dejar rastro". Tras la tragedia, un grupo cercano Habyarimana –miembro de la etnia hutu– empezó a ejecutar los planes de matanza organizada de civiles tutsis, a quienes responsabilizaron del doble magnicidio.

Ayer, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, aseguró que la ONU pudo y debió haber hecho "mucho más" en Ruanda para impedir el genocidio de 1994. ¿Sirve de algo el tardío reconocimiento de la ONU? No lo creo, pero la declaración queda ahí, para el análisis. Y lo digo porque a pesar de que en la Convención del Genocidio se consagró la promesa de que "nunca más" se admitirían hechos similares al holocausto nazi, la situación se repitió en Ruanda hace 20 años. Lamentablemente, mientras que una orgía de sangre acababa con la vida de cientos de miles de ruandeses, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas redujo el contingente de cascos azules que estaba en Ruanda, esto a pesar de los ruegos de muchos países africanos.

En el acto conmemorativo, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusó nuevamente a Francia de haber tenido un “papel directo en la preparación del genocidio”. Posteriormente responsabilizó a “oficiales belgas y a la Iglesia católica” de instaurar en su país una organización política responsable del odio étnico que desencadenó la matanza de cientos de miles de tutsis y hutus moderados (Excélsior, 7 de abril de 2014).

En los últimos 20 años, varios medios de comunicación han recogido diversos testimonios sobre la participación del clero católico en el genocidio ruandés. Tenemos, por ejemplo, el caso del cura católico Jean-Baptiste Rutihunza, “acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad [y] de haber jugado un papel activo en una repugnante operación de limpieza étnica que se saldó con la muerte de 4.338 personas, casi todos ellos niños discapacitados a su cargo” (El Mundo, 28 de septiembre de 2012).

Mientras que el Vaticano niega haber brindado protección a Rutihunza, el diario El Mundo  de España publicó –en septiembre de 2012– una nota que indica que el clérigo en cuestión “vive tranquilamente […] en el Vaticano, en la Casa Generalicia de los Hermanos de la Caridad, donde trabaja como operador en la centralita”.

Diversas pruebas periodísticas y literarias confirman el señalamiento del presidente ruandés en contra de la Iglesia católica, así como la participación genocida del cura Rutihunza, sobre quien pesa una orden de captura internacional. Linda Melvern, en su libro Un pueblo traicionado: el papel de Occidente en el genocidio de Ruanda, nos dice al respecto: "El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité Central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a 'Poder hutu', la asociación que organizó el genocidio". La escritora inglesa tuvo el cuidado de aclarar que "no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y [que] algunos predicaban en favor de la reconciliación".

El 14 de abril de 1999, Agustín Misago, arzobispo de Gikongoro, Ruanda, fue arrestado en Kigali. Esto ocurrió luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de haber participado en el genocidio. El Vaticano calificó las acusaciones en contra del jerarca católica de “conspiratorias” contra la Iglesia. African Rights acusó también a Misago de haber cometió crímenes contra la humanidad. El fiscal pidió la pena de muerte para el clérigo, a quien responsabilizó de negar refugio a los tutsis; de enviar a 30 escolares a la muerte; de crear un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

Mientras que el Vaticano aseguraba que la detención de Misago constituía un ataque contra la Iglesia católica, la articulista Isabel Hilton de El País Semanal escribía en su espacio que Misago "se ha ganado cada centímetro del camino que le ha llevado a la puerta de los tribunales". Inexplicablemente, el 15 de junio de 2000, un veredicto del tribunal de Kigali lo absolvió de todas las acusaciones, ocasionando alegría en sus defensores, pero inconformidad en quienes están convencidos de la culpabilidad del prelado católico.

Las monjas benedictinas, Consolata Mukangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), fueron acusadas también de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu.  El delito de éstas consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

El 8 de junio de 2001, sor Gertrudis y María Kizito fueron condenadas a 15 y 12 años de prisión, respectivamente. Esta sanción provocó la inmediata reacción de la sede pontificia a través de Joaquín Navarro Valls, en ese tiempo portavoz del Vaticano: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas".

El 13 de diciembre de 2006, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) halló culpable de genocidio al cura Athanase Seromba, al que condenó a 15 años de prisión por los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio. Por la implicación de estos clérigos, y por la actitud del Vaticano durante el proceso de éstos, la Iglesia católica es considerada corresponsable del genocidio que procuró el exterminio de la etnia tutsi. La sede papal acepta que se cometieron crímenes individuales, pero ha dicho que la Iglesia como institución no puede ser culpada. ¿Usted qué opina?



Twitter: @armayacastro


jueves, 3 de abril de 2014

JUAN PABLO II Y SUS CONTRADICCIONES

Por Armando Maya Castro

Juan Pablo II, el próximo santo de la Iglesia católica, proclamó amar a los niños católicos, pero hizo muy poco para protegerlos de los curas pederastas

Ayer se cumplieron nueve años del fallecimiento de Juan Pablo II, quien fue elegido pontífice romano en el segundo cónclave de 1978, provocado por la repentina muerte del papa Juan Pablo I. El cónclave en cuestión fue aperturado el 14 de octubre de ese año y terminó dos días después, luego de ocho escrutinios. 

El día de su elección –16 de octubre– tras escoger el nombre de Juan Pablo II, Karol Wojtyla se dirigió al balcón de la basílica de San Pedro y habló desde ahí a la multitud: "Y ahora los eminentísimos cardenales han llamado a un nuevo obispo de Roma. Lo han llamado de un país lejano... Lejano, pero siempre muy cercano por la comunión en la fe y en la tradición cristiana" (Andrea Riccardi, Juan Pablo II: la biografía, San Pablo, Madrid, 2011).

Comenzó así un pontificado que –en la opinión del suizo Hans Küng –, "no es el más grande, pero sí el más contradictorio del siglo XX". En el marco de los 25 años de Juan Pablo II como máximo jerarca del catolicismo, el teólogo antes mencionado hizo público el carácter contradictorio de aquél, manifestado en diez complejos ámbitos de problemas:

1. “El mismo hombre que defiende de puertas afuera los derechos humanos los niega de puertas adentro a obispos, teólogos y mujeres, sobre todo…”. 2. “Un gran admirador de María que predica excelsos ideales femeninos, pero que rebaja a las mujeres y les niega la ordenación sacerdotal…”. 3. “Un predicador en contra de la pobreza masiva y la miseria del mundo que, sin embargo, con su posición sobre la regulación de la natalidad y la explosión demográfica, es corresponsable de esa miseria…”. 4. “Un propagandista de la imagen del sacerdocio masculino y célibe que es corresponsable de la catastrófica escasez de curas, el colapso del sacerdocio en muchos países y el escándalo de la pedofilia en el clero, que ya es imposible encubrir...”. 5. El impulsor de un número inflacionista de beatificaciones lucrativas que al mismo tiempo, con poder dictatorial, insta a su Inquisición a actuar contra teólogos, sacerdotes, religiosos y obispos desafectos…”. 6. “Un panegirista del ecumenismo que, sin embargo, hipoteca las relaciones con las iglesias ortodoxas y reformistas e impide el reconocimiento de sus sacerdotes y la comunidad eucarística de evangélicos y católicos…”. 7. “Un participante en el Concilio Vaticano II que desprecia la colegialidad del Papa con los obispos, decidida en ese concilio, y que vuelve a celebrar en cada ocasión que se presenta el absolutismo triunfalista del papado…”. 8. “Un representante del diálogo con las religiones del mundo, a las que simultáneamente descalifica como formas deficitarias de fe…”. 9. Un poderoso abogado de la moral privada y pública y comprometido paladín de la paz que, al mismo tiempo, por su rigorismo ajeno a la realidad, pierde credibilidad como autoridad moral…”. 10. El Papa, que en el año 2000 se decidió con dificultad a reconocer públicamente sus culpas, apenas ha extraído las consecuencias prácticas…”.

La contradicción número cuatro, que ha sumido a la Iglesia católica en una de sus peores crisis, nos lleva a preguntarnos si Juan Pablo II merece ser canonizado. Los que conocen la protección que éste le dio a Marcial Maciel, el criminal sexual más grande en la historia de la Iglesia católica mexicana, opinan que Wojtyla no debe ser canonizado. Piensan de la misma manera las personas que conocen el informe que el Comité para los Derechos de los Niños de la ONU expidió el pasado 31 de enero, evidenciando en el mismo la política poco colaboradora del Vaticano y su actitud omisa en los casos de pederastia clerical.

Uno de los que se oponen a dicha canonización es el ex sacerdote Alberto Athié. Así lo demostró la respuesta que dio a Rodrigo Vera –del semanario Proceso– cuando éste le preguntó si Jorge Mario Bergoglio está obligado a suspender la canonización, y si ésta puede interpretarse como un desacato a las recomendaciones de la ONU: “El papa Francisco –señala Athié– debería sopesar muy bien los antecedentes del futuro santo y no dejarse llevar sólo por quienes impulsan la canonización. Pero finalmente él tomará la decisión que le plazca. Será responsabilidad suya. Nosotros desde hace tiempo intentamos impedir incluso la beatificación, paso previo para ser canonizado. Pero la Congregación para la Causa de los Santos y la Congregación de la Doctrina de la Fe determinaron que no había impedimentos para hacerlo beato... y lo beatificaron” (Proceso, 8 de febrero de 2014).

En México no sólo Athié y las víctimas de Maciel se oponen a que Juan Pablo II sea canonizado. Están en contra de esa canonización las personas que saben que mantuvo activo a clérigos como el cardenal Bernard Law, encubridor de más de 150 curas pederastas en Estados Unidos. A propósito del tema, recuerdo que cuando el papa Francisco comenzó su pontificado se indignó cuando se cruzó con Law en El Vaticano. ¿Sería por los antecedentes de éste como protector de curas pederastas? Si fue por eso, surge la pregunta: ¿por qué no le indigna del mismo modo el proyecto de canonización de Wojtyla? En mi opinión la indignación debería ser similar, pues Law y Juan Pablo II cometieron el mismo delito: proteger curas pederastas.