Por Armando Maya Castro
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En el genocidio de Ruanda, la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia tutsi. Los clérigos católicos hutus, olvidando los mandamientos de Cristo relativos al amor y al perdón, se unieron a las acciones criminales de su etnia, masacrando a los tutsis, a quienes responsabilizaron de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, quien perdió la vida a causa de en un atentado aéreo
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Este lunes comenzó en Ruanda
una semana de luto oficial para conmemorar el vigésimo aniversario del
genocidio ruandés, en el que 800 mil personas fueron asesinadas en un lapso de
cien días, a partir del 6 de abril de 1994. En esa fecha, no hay que olvidarlo,
los presidentes Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, de Ruanda y Burundi,
respectivamente, perecieron en un sospechoso accidente de aviación.
Carla del Ponte, en su libro La caza: yo y los criminales de guerra,
relata así el atentado antes mencionado: "Atardecía el 6 de abril de 1994
y el presidente Habyarimana volaba hacia Kigali tras una ronda de negociaciones
para poner en práctica los acuerdos del reparto de poder. El piloto francés
acababa de maniobrar para la aproximación final cuando alguien lanzó un
proyectil tierra-aire que borró el aparato del cielo sin dejar rastro". Tras
la tragedia, un grupo cercano Habyarimana –miembro de la etnia hutu– empezó a
ejecutar los planes de matanza organizada de civiles tutsis, a quienes responsabilizaron
del doble magnicidio.
Ayer, Ban Ki-moon, Secretario
General de las Naciones Unidas, aseguró que la ONU pudo y debió haber hecho
"mucho más" en Ruanda para impedir el genocidio de 1994. ¿Sirve de
algo el tardío reconocimiento de la ONU? No lo creo, pero la declaración queda
ahí, para el análisis. Y lo digo porque a pesar de que en la Convención del
Genocidio se consagró la promesa de que "nunca más" se admitirían
hechos similares al holocausto nazi, la situación se repitió en Ruanda hace 20
años. Lamentablemente, mientras que una orgía de sangre acababa con la vida de
cientos de miles de ruandeses, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
redujo el contingente de cascos azules que estaba en Ruanda, esto a pesar de
los ruegos de muchos países africanos.
En el acto conmemorativo, el presidente
de Ruanda, Paul Kagame, acusó nuevamente a Francia de haber tenido un “papel
directo en la preparación del genocidio”. Posteriormente responsabilizó a
“oficiales belgas y a la Iglesia católica” de instaurar en su país una
organización política responsable del odio étnico que desencadenó la matanza de
cientos de miles de tutsis y hutus moderados (Excélsior, 7 de abril de 2014).
En los últimos 20 años, varios
medios de comunicación han recogido diversos testimonios sobre la participación
del clero católico en el genocidio ruandés. Tenemos, por ejemplo, el caso del
cura católico Jean-Baptiste Rutihunza, “acusado de genocidio y de crímenes
contra la humanidad [y] de haber jugado un papel activo en una repugnante
operación de limpieza étnica que se saldó con la muerte de 4.338 personas, casi
todos ellos niños discapacitados a su cargo” (El Mundo, 28 de septiembre de 2012).
Mientras que el Vaticano niega
haber brindado protección a Rutihunza, el diario El Mundo de España publicó
–en septiembre de 2012– una nota que indica que el clérigo en cuestión “vive
tranquilamente […] en el Vaticano, en la Casa Generalicia de los Hermanos de la
Caridad, donde trabaja como operador en la centralita”.
Diversas pruebas periodísticas
y literarias confirman el señalamiento del presidente ruandés en contra de la
Iglesia católica, así como la participación genocida del cura Rutihunza, sobre
quien pesa una orden de captura internacional. Linda Melvern, en su libro Un pueblo traicionado: el papel de Occidente
en el genocidio de Ruanda, nos dice al respecto: "El apoyo católico al
nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994,
el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité
Central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más
próximo a 'Poder hutu', la asociación que organizó el genocidio". La
escritora inglesa tuvo el cuidado de aclarar que "no todos los miembros de
la Iglesia eran tan próximos al régimen, y [que] algunos predicaban en favor de
la reconciliación".
El 14 de abril de 1999, Agustín
Misago, arzobispo de Gikongoro, Ruanda, fue arrestado en Kigali. Esto ocurrió
luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de haber participado en
el genocidio. El Vaticano calificó las acusaciones en contra del jerarca
católica de “conspiratorias” contra la Iglesia. African Rights acusó también a
Misago de haber cometió crímenes contra la humanidad. El fiscal pidió la pena
de muerte para el clérigo, a quien responsabilizó de negar refugio a los tutsis;
de enviar a 30 escolares a la muerte; de crear un campo de refugiados en
Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber
comprado 100 machetes.
Mientras que el Vaticano
aseguraba que la detención de Misago constituía un ataque contra la Iglesia
católica, la articulista Isabel Hilton de El
País Semanal escribía en su espacio que Misago "se ha ganado cada
centímetro del camino que le ha llevado a la puerta de los tribunales".
Inexplicablemente, el 15 de junio de 2000, un veredicto del tribunal de Kigali
lo absolvió de todas las acusaciones, ocasionando alegría en sus defensores,
pero inconformidad en quienes están convencidos de la culpabilidad del prelado
católico.
Las monjas benedictinas,
Consolata Mukangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito),
fueron acusadas también de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis
que buscaban refugio en el convento de Sovu.
El delito de éstas consistió en llamar “a las milicias para que echaran
del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron
gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían
refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).
El 8 de junio de 2001, sor
Gertrudis y María Kizito fueron condenadas a 15 y 12 años de prisión,
respectivamente. Esta sanción provocó la inmediata reacción de la sede
pontificia a través de Joaquín Navarro Valls, en ese tiempo portavoz del
Vaticano: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al
ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este
tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas
personas".
El 13 de diciembre de 2006, el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) halló culpable de genocidio al
cura Athanase Seromba, al que condenó a 15 años de prisión por los cargos de
genocidio y crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio. Por la
implicación de estos clérigos, y por la actitud del Vaticano durante el proceso
de éstos, la Iglesia católica es considerada corresponsable del genocidio que
procuró el exterminio de la etnia tutsi. La sede papal acepta que se cometieron
crímenes individuales, pero ha dicho que la Iglesia como institución no puede
ser culpada. ¿Usted qué opina?
Twitter: @armayacastro
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