Por Armando Maya Castro
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El “michoacanazo” es el emblema del fracaso de la política
de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Casos así no
deberían repetirse ni quedar en la impunidad
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El 26 de mayo de 2009, bajo el
argumento de defender la política, el servicio público y los partidos, el
entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó la detención de
35 funcionarios del gobierno de Michoacán –encabezado por el perredista Leonel
Godoy–, por presuntos vínculos con el cártel de la Familia Michoacana.
El operativo de fuerzas
federales, conocido hasta hoy como el “michoacanazo”, fue dirigido contra 12
presidentes municipales, 8 altos funcionarios del gobierno estatal, 1 juez, 12
policías y 2 ex directores de seguridad pública. La Procuraduría General de la
República, recurriendo a la estrategia fácil,
consiguió que un juez arraigara durante 40 días a los involucrados, mientras
se profundizaban las investigaciones y mientras terminaban las campañas, señala
Ernesto Núñez Albarrán.
Al principio, las pruebas
parecían reales y demostraban que estábamos ante el caso de narcopolítica más
importante en la historia de México. Nadie imaginaba entonces que se trataba de
una maniobra con propósitos eminentemente electorales, en la que se acreditan violaciones
a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la
presunción de inocencia.
Al referirse a esta acción
político electoral, el autor arriba mencionado sostiene: "Meses después se
tuvo que liberar a todos los implicados en el "michoacanazo", pues la
procuraduría fue incapaz de sostener sus acusaciones. Pero el golpe mediático
estaba dado, y Germán [Martínez] lo aprovechó para mantener su disputa con el
PRI: 'Les preguntamos si quieren que se paren estos operativos o si lo que
quieren son fueros partidistas, pausas electorales, tregua a la delincuencia'
desafío en una declaración el 1° de junio"(Ernesto Núñez Albarrán, Crónica
de un sexenio fallido, Grijalbo, México, 2012).
Anabel Hernández, en su libro
Los señores del narco, calificó el "michoacanazo" de Calderón como un
show, "donde la mayoría de las causas se le terminaron cayendo a los
fiscales debido a que no generan material probatorio adecuado, y confían en
testigos protegidos de dudoso origen, que de alguna manera también comprometen
a las autoridades". El caso es lamentable por la manera en que se dio, y
porque quedó en la más absoluta impunidad.
Lo que pasa con el priísta Jesús
Reyna García, procesado por nexos con el narcotráfico, es diferente al
“michoacanazo”, nos dice Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de
Gobernación. En este caso –afirma– están
acreditadas las acciones del gobierno federal, lo que marca una distancia
respecto a lo hecho por administraciones pasadas. Esta declaración coincide con
lo señalado por Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, en el
sentido de que los órganos de seguridad que trabajan en Michoacán hallaron varias
evidencias de que el ex secretario del Gobierno de Michoacán tuvo reuniones con
líderes de organizaciones criminales. Estará de acuerdo conmigo, estimado
lector, que las pruebas que ha reunido la PGR tendrán que ser valoradas debidamente por un
juez, respetando en todo momento los principios del debido proceso.
La pregunta es: ¿qué hará el
gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto de comprobarse que –aparte de Reyna– hay
más funcionarios michoacanos vinculados con el crimen organizado, tal como lo
declaró el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, a
MVS Radio? En caso de ser cierto, la ley debe aplicarse con todo rigor y sin
distingos, teniendo el cuidado de proceder profesionalmente, no como se
procedió en el “michoacanazo” del sexenio pasado, emblema del fracaso de la
política de seguridad pública de Felipe Calderón.
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