Por Armando Maya Castro
La consolidación y
fortalecimiento del Estado laico –que vive desde algún tiempo una de sus peores
crisis– es lo único que puede impedir el retorno del Estado confesional, en
cuya vigencia se excluyó, anatematizó y
persiguió a quienes impugnaban el dogma represivo y autoritario de la Iglesia
católica.
Con la expedición de las Leyes
de Reforma (1859 y 1861), el presidente Benito Juárez García “suprimió el
Estado confesional” y [sentó] las bases de un Estado laico”, el legado más
importante de la reforma liberal y, al mismo tiempo, el mejor garante de las
libertades de religión, conciencia y expresión.
Estas leyes, hay que tenerlo
presente, fueron desaprobadas desde un principio por los jerarcas de la iglesia
mayoritaria, quienes descalificaron en diferentes momentos las bondades de la
laicidad del Estado mexicano, la cual fue conceptuada por varios de ellos como
una lacra histórica “que no nos deja avanzar”.
Antes de Juárez, en México no
existía una cultura de respeto a la diversidad religiosa. La Iglesia católica
se proclamaba a sí misma como poseedora única y absoluta de la verdad, criterio
que impidió el surgimiento de otros grupos religiosos.
En ese tiempo, la Iglesia
católica afirmaba que “los errores no tienen derechos”. Bajo dicho principio,
el romanismo negó la libertad de creencias y promovió la intolerancia
religiosa, causante del sufrimiento de los miembros de las comunidades
religiosas que intentaban establecerse en territorio mexicano.
A poco más de 150 años de la
expedición de las Leyes de Reforma, conviene preguntarnos: ¿ha cambiado
actualmente la postura de la Iglesia católica sobre el Estado laico? Por
supuesto que no. Por ello, desde antes de la llegada del PAN a Los Pinos, viene
promoviendo reformas constitucionales para recuperar sus antiguos privilegios y
el poder que llegó a tener en el México confesional.
En esa lucha, hay que decirlo,
la Iglesia romana no ha actuado sola. Ha contado con el apoyo decidido e
incondicional de la derecha militante, partidaria de un Estado confesionalmente
católico, que ha estado asociada al clero político que suele conducirse sin
respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las
leyes que de ella emanan.
Para evitar la multiplicación
de los casos de intolerancia religiosa es necesario multiplicar esfuerzos en
pro del fortalecimiento del Estado laico, el cual brinda a todas las iglesias
el debido reconocimiento, así como igualdad ante la ley, obligando a las
autoridades de gobierno a mantener una postura de imparcialidad hacia las
distintas convicciones religiosas y modos de pensar.
México ya tiene suficiente con
la violencia causada por la delincuencia organizada, como para provocar el
incremento de la intolerancia religiosa, una forma de violencia que sólo puede erradicar
el Estado laico. Nuestro deber es trabajar más y mejor en el fortalecimiento
del Estado laico, evitando que sea embestido por los políticos partidarios del
Estado confesional. Tenemos que hacerlo si es que no queremos que la
intolerancia religiosa –que ha lastimado por décadas a estados como Oaxaca y
Chiapas– se extienda a los 32 estados de la República mexicana.
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