jueves, 28 de abril de 2016

EL VALOR DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro

Más allá de la raza, oficio y posición social, la vida de todos los seres humanos es altamente valiosa. Lo es la vida del presidente de una nación, como la del ciudadano más pobre y marginado del país que dicho mandatario gobierna. Tiene el mismo valor la vida de un rico que la de un pobre, la de un letrado que la de un analfabeto, la de un famoso que la de un desconocido.

A pesar del valor e importancia de la vida, debemos admitir que vivimos en una época marcada por la violencia y el desprecio por la vida humana. Así lo demuestran los constantes homicidios, suicidios, secuestros, guerras y torturas que tienen lugar en varias partes del mundo, prácticas que, por su frecuencia, han agotado nuestra capacidad de asombro.

Ahora que toco el tema del valor de la vida, me parece importante señalar que la estima de ésta supera por mucho el valor de los bienes materiales; por eso, cuando se produce un lamentable caso de secuestro, las personas que han pasado por esa dolorosa experiencia han estado dispuestas a dar toda su fortuna con tal de conservar la vida del familiar plagiado.

Es justamente por el valor de la vida, que el homicidio está socialmente condenado en la mayoría de los países del mundo, y en todos ellos existen normas jurídicas orientadas a sancionarlo para evitar su impunidad y su indeseable multiplicación.

A pesar de estas penas y de los esfuerzos de las instituciones públicas para disminuir los ataques contra la vida, los homicidios siguen siendo en México y en muchas otras naciones del mundo, el pan nuestro de cada día. Lo anterior, aparte de ser lamentable, revela que la sociedad de nuestro tiempo vive un acelerado proceso de descomposición social, resultado de una innegable crisis de valores.

Por el valor de la vida de cada persona, las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia deben realizar un trabajo eficiente, que responda a las exigencias de justicia de los familiares de las víctimas, procurando que los asesinatos de todas las personas sean debidamente sancionados, y que ninguno de estos casos quede en la impunidad.

Tras esta aclaración, me referiré al asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en la ciudad de Taxco, Guerrero, la mañana del pasado lunes 25 de abril. Por su trascendencia, el caso ha sido condenado enérgicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y hasta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien a través de Irina Bokova, su directora general desde 2009, pidió a las autoridades mexicanas investigar este crimen que –dijo– “socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”.

Es justamente por lo que dijo la búlgara Bokova, y no porque la vida de un periodista valga más que la de las demás personas asesinadas, que los casos de violencia en perjuicio de los periodistas produce mayor revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre este punto en específico, Andrés Cañizález, en el libro Libertad de expresión: una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones, señala: “Cuando un periodista en el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o asesinado se tiene una víctima humana, individual, pero también es una pérdida social, pues el conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente informativa". El autor antes mencionado nos recuerda el principio noveno de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Deseo señalar, por último, que para la CIDH, los ataques "a comunicadores sociales constituyen no sólo una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que tales hechos atentan contra la libertad de expresión e información del conjunto de la sociedad, y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se producen hechos de esta naturaleza". ¿Usted qué opina?

Twitter: @armayacastro

martes, 26 de abril de 2016

ANTES DE SU PARTIDA, EL GIEI INFORMA

Por Armando Maya Castro
Este domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofreció su segundo informe sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este domingo su informe final sobre el caso Ayotzinapa. En el documento de 608 páginas, los expertos afirmaron no haber encontrado una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 

El informe, que señala inconsistencias y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido calificado por algunos columnistas mexicanos como “duro” y “demoledor”, en tanto que Amnistía Internacional señala que el informe del GIEI es “una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano”. 

Esto fue lo que declaró sobre el informe en cuestión Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI): “La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites”. Y añadió: “Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”. 

A los señalamientos de AI es necesario añadir la severa crítica que lanzó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien vertió su opinión sobre el informe del GIEI a través de su directora ejecutiva, Joy Olson, en los siguientes términos: “Está claro que el gobierno mexicano obstruyó la investigación, a la vez que apostaba por confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento”.

Miles de mexicanos nos preguntamos: ¿qué hará el gobierno de la República luego del informe del GIEI y de las fuertes críticas de las organizaciones antes mencionadas y de otras que se han pronunciado al respecto? ¿Seguirá insistiendo en que ellos no pueden estar equivocados con la llamada “verdad histórica”, de acuerdo con la cual los 43 fueron asesinados e incinerados con el uso de diésel, llantas y madera en el basurero coculense? 

Es evidente que lo anterior no se puede seguir sosteniendo, menos ahora que el GIEI ha señalado que existen pruebas de que las autoridades sembraron evidencias y echaron mano de la tortura para lograr no el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, sino para apuntalar la vapuleada “verdad histórica”, la versión oficial del ex procurador Jesús Murillo Karam, rechazada en varias ocasiones por los familiares de los 43, quienes la han llegado a calificar como la “mentira histórica”.

El problema es que, a pesar de las indagaciones del GIEI, y del informe que resulta de dichas investigaciones, seguimos como al principio: sin saber absolutamente nada del paradero de los normalistas desaparecidos, algo que es absolutamente grave si tomamos en cuenta que esa ha sido una de las principales demandas de los angustiados padres de los normalistas. 

Esto último entristece en gran manera a los expertos del GIEI, uno de los cuales exclamó durante la presentación de su segundo y último informe: “Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos”. Ellos se van, mientras que nosotros nos quedamos anhelando conocer qué fue lo que realmente sucedió aquella noche trágica, y dónde están los cuerpos de los normalistas desaparecidos. La única esperanza de conocer toda la verdad nos la proporciona el hecho de que el caso Ayotzinapa, gracias a la ininterrumpida presión de los padres de los 43, continúa abierto. 

Twitter: @armayacastro