jueves, 25 de abril de 2013

NO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 24 CONSTITUCIONAL



Por Armando Maya Castro 
 
Decenas de miles de jalisciences han manifestado su rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional, que otorga privilegios indebidos a la Iglesia católica en detrimento de las libertades de las minorías religiosas
Sin dar oído al clamor ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el pasado 23 de abril la minuta de decreto que reforma el artículo 24 constitucional, minimizando el hecho de que dicha modificación intenta reinstalar la educación confesional en las escuelas públicas.

Desde que la Cámara de Diputados aprobó esta reforma, el 15 de diciembre de 2011, diversos ciudadanos, asociaciones civiles y religiosas, así como expertos en materia de laicidad y libertad religiosa, han expresado a los diputados jaliscienses su preocupación en relación a este tema. La ciudadanía ha hecho lo propio, llevando a cabo diversas manifestaciones, una de las cuales logró reunir a más de 7 mil personas. Ese día, un grupo de representantes entregó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado más de 70 mil firmas de rechazo a la reforma, exponiendo al diputado Jesús Casillas, a la sazón presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, las razones para rechazar la reforma en cuestión (El Occidental, 20 de abril de 2012).

Estas marchas y manifestaciones se han realizado en defensa del Estado laico y de las libertades que de él emanan. Y es que nadie ignora que la reforma del artículo 24 constitucional sienta las bases para el desmantelamiento de la laicidad del Estado mexicano y de las principales reformas liberales que le costaron a México una guerra civil con innumerables pérdidas humanas. Recordemos que el triunfo de Juárez y de los liberales sobre la Iglesia católica "reafirmó la soberanía nacional y el Estado logró la supremacía frente a la Iglesia".

Los jaliscienses tenemos confianza de que en el pleno del Congreso se atenderán sus legítimas demandas y se rechazará la citada modificación, cuya intencionalidad es el otorgamiento de privilegios a la Iglesia mayoritaria, en detrimento de las minorías religiosas. Confiamos que, por encima de todo, se privilegiarán los principios y valores del Estado laico, que tiene como base fundamental el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a la gobernabilidad democrática.

En Jalisco nos interesa una Constitución que garantice sin restricción alguna la libertad de convicciones. Rechazamos la reforma del artículo 24 constitucional porque faculta al Estado para examinar las convicciones o creencias de la población, otorgándole a éste atribuciones para calificar unas convicciones como “éticas” y otras como “no éticas”. La postura del Estado ante las distintas manifestaciones religiosas debe ser de respeto y absoluta neutralidad. No es competencia del Estado decidir si las convicciones del pueblo son éticas o no; su papel es proteger jurídicamente a todas las convicciones. Un Estado que califica o descalifica las convicciones de la población, niega las libertades y atenta contra los derechos humanos.

Otorgarle al Estado facultades para que a través de sus órganos competentes resuelva qué convicciones son éticas y cuáles no lo son, es colocarlo en la misma posición de los Estados totalitarios, donde la democracia y el respeto a los derechos humanos son inexistentes.  

El Estado debe respetar las diferentes convicciones de la población. Su trabajo no es evaluar ni calificar, sino garantizar la autonomía y libertad de las personas y grupos. Debe garantizar, asimismo, que éstos convivan en igualdad, sin que determinada religión pretenda imponer sus creencias a las demás religiones y al resto de la sociedad. No hay que olvidar que el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de los individuos son elementos básicos de un Estado democrático.

Me permito reproducir, por último, uno de los argumentos que Foro Cívico México Laico presentó en todos los congresos estatales: “La intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de calificarlas de ‘éticas’ o de ‘no éticas’, es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además, lo éticamente válido; en efecto, ya no sólo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético”.

Sería una verdadera pena que en el pleno del Congreso se minimizaran estos argumentos y se cediera a líneas de quienes están interesados en aprobar una reforma que otorga privilegios indebidos y violenta el carácter laico del Estado y de la educación que en el marco del mismo se imparte.

lunes, 22 de abril de 2013

UNA CONSAGRACIÓN QUE VIOLA EL ESTADO LAICO



Por Armando Maya Castro

El gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez violentó el Estado laico al participar en una misa en la que hizo una insólita consagración de su persona, de su familia y de su servicio público a la sociedad
En materia de libertad religiosa, muy caro le ha costado a la sociedad mexicana su falta de reacción ante las continuas agresiones al Estado laico por parte de algunos de sus gobernantes. Me da la impresión de que tales atropellos los vemos como parte de nuestra cotidianidad, y que no existe ningún interés de denunciar y condenar enérgicamente estos actos anticonstitucionales. 

La más reciente de estas violaciones tuvo lugar el pasado 20 de abril, en el estado de Chihuahua, donde el gobernador César Duarte Jáquez, en clara transgresión al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, consagró su servicio público al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, en una misa presidida por el Arzobispo Constancio Miranda Weckmann. 

Ahí, el citado gobernador expresó: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua”. 

César Duarte procedió como lo hacían las autoridades mexicanas durante la vigencia del Estado confesional, “olvidando” que el Estado mexicano es laico por mandato de ley. En aquel tiempo, acciones como estas no constituían una ofensa a los sentimientos religiosos de otras personas, porque la mayoría de los mexicanos eran católicos. Hoy, la diversidad religiosa es una realidad inocultable en Chihuahua y en los demás estados de la República, por lo que puedo afirmar que la acción de Duarte constituye una ofensa a la fe de las minorías religiosas de esa entidad. 

Estoy convencido de que César Duarte conoce muy bien la composición plurirreligiosa de Chihuahua, un estado donde, según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, el 76% de la población profesa la religión católica. Estos números dejan en claro que más del 20% de los habitantes de esa entidad de la República no son católicos. En un estado así, cualquier inclinación de la autoridad hacia determinada iglesia quebranta el principio de no discriminación con el que se debe regir todo Estado laico. 

Pese a lo evidente, un día después de su “consagración”, Duarte Jáquez hizo la siguiente declaración mediática en Aguascalientes: “De ninguna manera (rompe con el estado laico) tenemos nuestro propio derecho de asumir la creencia que nosotros cada uno con libertad podamos definir, fue un acto personal, de mi familia”. 

La acción del gobernador sí atenta contra la laicidad del Estado porque va más allá de lo personal y lo privado. El servicio público que el gobernador consagró a la virgen, en una reunión pública, no emana de su persona; le fue conferido por el voto popular, no para cumplir una función religiosa, sino para servir sin distinción a los chihuahuenses. Se trata, en suma, de un servicio que está integrado en un Estado laico, el cual debe ser neutral ante las diferentes confesiones e imparcial respecto a los creyentes o no creyentes.

Nadie cuestiona las creencias personales de César Duarte, quien tiene el derecho de creer en lo que quiera. Cuestionamos que el gobernador pase por alto la ley que prohíbe a los funcionarios públicos asistir con ese carácter a cualquier acto religioso. El artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, aprobada el 15 de julio de 1992, señala en su párrafo tercero: “Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares…”. 

Al explicar el sentido de la anterior restricción, Roberto Blancarte explica: “El objetivo de dicho artículo en la ley es muy claro. Respetar el principio de separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias, evitando la confusión de atribuciones o intentos de manipulación, en cualquiera de los sentidos; es decir, evitando la utilización política de lo religioso y la utilización religiosa de lo político”. 

Corresponde a la Segob, y no a César Duarte, determinar si se violó o no el Estado laico; y si hubo violación, será dicha instancia la responsable de aplicar las sanciones previstas en la Ley.

domingo, 21 de abril de 2013

LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO LAICO


Por Armando Maya Castro

En un acto violatorio del Estado laico, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se consagró al Corazón de Jesús y a la Virgen María en una ceremonia celebrada por el arzobispo Constancio Miranda Weckmann. Estuvo acompañado de su esposa y de representantes de los poderes Judicial y Legislativo



La consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia, del Estado laico y de las libertades que de él emanan, es la única manera de impedir el retorno del Estado confesional, en cuya vigencia se excluyó, anatematizó  y persiguió a quienes impugnaban el dogma represivo y autoritario de la Iglesia católica. Patricia Galeana afirma que en aquellos tiempos “el tribunal de la Inquisición se encargó de perseguir cualquier idea heterodoxa”. Al abundar en el tema, la destacada historiadora añade: “en la España de 1615, la libertad de conciencia se entendía, como inaceptable permisividad frente al mal”.

A través de las Leyes de Reforma, expedidas entre 1859 y 1861, cuando el presidente Benito Juárez estaba avecindado en el puerto de Veracruz, “se suprimió el Estado confesional y se sentaron las bases de un Estado laico”, el legado más importante de la reforma liberal, y el mejor garante de las libertades ciudadanas, incluidas las de religión, de convicción, de pensamiento y de expresión.

Las leyes que nos legaron los fundadores del Estado laico fueron desaprobadas desde un principio por los jerarcas de la Iglesia mayoritaria. Han transcurrido más de 150 años y la postura de los clérigos católicos sigue siendo de oposición y rechazo a la laicidad del Estado mexicano, apreciada por algunos de ellos como una lacra histórica “que no nos deja avanzar”. Calificativos como éstos, aparte de desconocer las bondades del Estado laico, indican que la Iglesia católica suspira por la restauración del Estado confesional y el cúmulo de privilegios que durante la vigencia del mismo le fueron otorgados. 

Antes de Juárez no existía en nuestro país una cultura de respeto a la diversidad religiosa. La Iglesia católica se proclamaba a sí misma como la poseedora única de la verdad, concepto que motivó su rechazo a la existencia de otros grupos religiosos. Los errores –afirmaba la Iglesia católica en aquel tiempo– no tienen derechos. Bajo dicho principio, el romanismo negó la libertad de creencias, promoviendo la intolerancia religiosa, causante de innumerables persecuciones en agravio de las comunidades religiosas no católicas que empezaban a establecerse en México. 

¿Ha cambiado la mentalidad católica en el tiempo actual? Las recientes declaraciones del papa Francisco, recogidas por la agencia noticiosa EFE, y reproducidas por medios de todo el mundo, el pasado 12 de abril, indican que la Iglesia católica sigue pensando del mismo modo. Al referirse a la constitución dogmática “Dei Verbum”, el papa Francisco señaló que todo lo que concierne al modo de interpretar las Escrituras está sometido en última instancia al juicio de la Iglesia, “a la que compete el mandato divino y el ministerio de conservar e interpretar la Palabra de Dios”. Esta expresión, con su brutal carga de intolerancia medieval, suprime la igualdad jurídica de las iglesias y sostiene que la católica es la única iglesia capacitada para entender e interpretar el contenido bíblico en su pleno y definitivo significado. 

Para salvaguardar los avances en materia de derechos humanos tenemos que admitir que la lucha contra la intolerancia religiosa seguirá en pie mientras existan personas y/o grupos interesados en colocar al catolicismo por encima de las demás religiones. Estos clérigos saben perfectamente bien que el entorno ideal para el estatus de privilegios que anhela la Iglesia católica es el Estado confesional, cuyo retorno han procurado mediante el impulso de cambios a la Constitución General de la República. 

El Estado laico brinda a todas las iglesias el debido reconocimiento y les otorga igualdad ante la ley, obligando a las autoridades de gobierno a mantener una postura de imparcialidad hacia las distintas convicciones religiosas y modos de pensar. En un México lacerado por la violencia, lo anterior es fundamental para la preservación de la paz social. 

Concluyo mi colaboración de este día recordando que, según nuestra Carta Magna, todas las iglesias deben recibir un trato igualitario. En ese trato no debe influir el número de fieles, la antigüedad del grupo religioso, ni el número de templos con que éste cuenta. El artículo 3° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP) establece: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna”. Esto, estimado lector, es lo importante de un Estado laico, en el que sus gobernantes están obligados a conducirse sin inclinaciones ni compromisos hacia una iglesia en particular. Sólo un Estado independiente de cualquier tipo de influencia religiosa puede dar un trato idéntico a todas las iglesias, garantizando a todas ellas el principio fundamental de libertad religiosa. 


jueves, 18 de abril de 2013

IMPUNIDAD E INTOLERANCIA RELIGIOSA



Por Armando Maya Castro
 
Desde hace años, los evangélicos establecidos en las comunidades de Los Altos de Chiapas han exigido, sin éxito, el cese de las acciones de intolerancia religiosa en su contra
En algunos estados de la República mexicana, la intolerancia religiosa sigue flagelando cruelmente a las personas que, en uso de sus derechos y libertades, profesan una fe distinta a la católica. Chiapas no es la única entidad donde se producen estos lamentables atropellos, pero es el estado que está a la cabeza en materia de agresiones por motivos religiosos. 

Ayer, un conocido diario de circulación nacional informó que 26 familias evangélicas de la comunidad La Piedad, municipio de Las Margaritas, decidieron desplazarse debido a que la mayoría católica tradicionalista, de manera insensible y arbitraria, acordó privarlos de algunos servicios. Esta información la dio a conocer Genaro Jiménez López, representante de las familias afectadas, quien aclaró que no los corrió la comunidad, “pero como ya no tenemos agua, no nos permiten recolectar leña ni usar el sello, el domingo a las 21 horas salimos las 130 personas hacia la ciudad de Comitán”, donde estamos refugiados, manifestó.

Es verdaderamente indignante leer este tipo de noticias, que consignan el trato cruel e inhumano que se perpetra en agravio de los evangélicos que viven en la región de Los Altos de Chiapas. Exaspera también que esta intransigencia quede sin ser denunciada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Arturo Díaz de León, manifestó el miércoles pasado que, salvo un caso, no ha recibido más denuncias sobre intolerancia religiosa.

La fuente de estos ataques intolerantes se halla en la falta de valores de quienes creen a pie juntillas que la religión católica debería ser la única permitida en México. Este concepto intolerante y retrógrado desconoce la pluralidad religiosa como un hecho innegable en nuestro país, incluido el estado de Chiapas, donde los católicos cada vez son menos. Las personas y grupos que albergan ideas exclusivistas deben aceptar que los tiempos en que México era un país uniformemente católico se acabaron. En nuestro tiempo ya no existen monopolios, como aquel que existió durante la vigencia del Estado confesional, en el que todo, leyes, personas e instituciones, se hallaba impregnado por el catolicismo.

La intolerancia religiosa que persiste en Chiapas nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿De qué sirven las leyes que nos garantizan libertad de creencias si no se aplican? ¿Qué importancia tienen los derechos humanos y las libertades fundamentales para los católicos intolerantes? ¿Por qué la inacción de las autoridades encargadas de vigilar que se cumpla la ley? ¿Por qué gozan de impunidad las personas que han cometido delitos en perjuicio de los evangélicos? ¿Por qué no se garantiza debidamente la integridad física de los integrantes de las minorías religiosas?

Lo ocurrido en el municipio Las Margaritas en Chiapas, y lo sucedido la semana pasada en San Juan Ozolotepec, Oaxaca, origina más interrogantes: ¿Hasta cuándo tolerarán las autoridades a la intolerancia religiosa? ¿Esperan que ocurra una tragedia mayúscula para poder actuar? ¿Por qué, cuando está por ocurrir un linchamiento, las fuerzas policiacas intervienen con celeridad para salvar la vida de los presuntos responsables de algún delito, y en el caso de la violencia contra las minorías religiosas la intervención es tardía, tibia o nula? ¿Son, acaso, los no católicos ciudadanos de segunda clase? ¿Hasta cuándo habrá voluntad política y jurídica para sancionar severamente a los agresores de los protestantes?

El argumento para expulsar, despojar, perseguir, encarcelar y asesinar evangélicos es la negativa de éstos a participar en las fiestas patronales que se celebran en las comunidades indígenas. Los miembros del catolicismo deben entender que las celebraciones católicas son de ellos y deben ser costeadas por ellos. Los evangélicos, por causa de sus convicciones, están en su derecho al negarse a cooperar económicamente o con mano de obra en la realización de dichos eventos.

La convivencia pacífica en esa zona del país se logrará hasta que sus habitantes terminen por aceptar que el respeto a los derechos humanos está por encima de los usos y costumbres comunitarios, impuestos como leyes por los caciques católicos que buscan salvaguardar sus tradiciones. Las autoridades y organismos defensores de los derechos humanos deben redoblar esfuerzos para impedir que en Chiapas se siga violentando la libertad religiosa e ideológica y el derecho a disentir. 

@armayacastro