IMPUNIDAD E INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

 

Desde hace años, los evangélicos establecidos en las comunidades de Los Altos de Chiapas han exigido, sin éxito, el cese de las acciones de intolerancia religiosa en su contra

En algunos estados de la República mexicana, la intolerancia religiosa sigue flagelando cruelmente a las personas que, en uso de sus derechos y libertades, profesan una fe distinta a la católica. Chiapas no es la única entidad donde se producen estos lamentables atropellos, pero es el estado que está a la cabeza en materia de agresiones por motivos religiosos. 

Ayer, un conocido diario de circulación nacional informó que 26 familias evangélicas de la comunidad La Piedad, municipio de Las Margaritas, decidieron desplazarse debido a que la mayoría católica tradicionalista, de manera insensible y arbitraria, acordó privarlos de algunos servicios. Esta información la dio a conocer Genaro Jiménez López, representante de las familias afectadas, quien aclaró que no los corrió la comunidad, “pero como ya no tenemos agua, no nos permiten recolectar leña ni usar el sello, el domingo a las 21 horas salimos las 130 personas hacia la ciudad de Comitán”, donde estamos refugiados, manifestó.

Es verdaderamente indignante leer este tipo de noticias, que consignan el trato cruel e inhumano que se perpetra en agravio de los evangélicos que viven en la región de Los Altos de Chiapas. Exaspera también que esta intransigencia quede sin ser denunciada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Arturo Díaz de León, manifestó el miércoles pasado que, salvo un caso, no ha recibido más denuncias sobre intolerancia religiosa.

La fuente de estos ataques intolerantes se halla en la falta de valores de quienes creen a pie juntillas que la religión católica debería ser la única permitida en México. Este concepto intolerante y retrógrado desconoce la pluralidad religiosa como un hecho innegable en nuestro país, incluido el estado de Chiapas, donde los católicos cada vez son menos. Las personas y grupos que albergan ideas exclusivistas deben aceptar que los tiempos en que México era un país uniformemente católico se acabaron. En nuestro tiempo ya no existen monopolios, como aquel que existió durante la vigencia del Estado confesional, en el que todo, leyes, personas e instituciones, se hallaba impregnado por el catolicismo.

La intolerancia religiosa que persiste en Chiapas nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿De qué sirven las leyes que nos garantizan libertad de creencias si no se aplican? ¿Qué importancia tienen los derechos humanos y las libertades fundamentales para los católicos intolerantes? ¿Por qué la inacción de las autoridades encargadas de vigilar que se cumpla la ley? ¿Por qué gozan de impunidad las personas que han cometido delitos en perjuicio de los evangélicos? ¿Por qué no se garantiza debidamente la integridad física de los integrantes de las minorías religiosas?

Lo ocurrido en el municipio Las Margaritas en Chiapas, y lo sucedido la semana pasada en San Juan Ozolotepec, Oaxaca, origina más interrogantes: ¿Hasta cuándo tolerarán las autoridades a la intolerancia religiosa? ¿Esperan que ocurra una tragedia mayúscula para poder actuar? ¿Por qué, cuando está por ocurrir un linchamiento, las fuerzas policiacas intervienen con celeridad para salvar la vida de los presuntos responsables de algún delito, y en el caso de la violencia contra las minorías religiosas la intervención es tardía, tibia o nula? ¿Son, acaso, los no católicos ciudadanos de segunda clase? ¿Hasta cuándo habrá voluntad política y jurídica para sancionar severamente a los agresores de los protestantes?

El argumento para expulsar, despojar, perseguir, encarcelar y asesinar evangélicos es la negativa de éstos a participar en las fiestas patronales que se celebran en las comunidades indígenas. Los miembros del catolicismo deben entender que las celebraciones católicas son de ellos y deben ser costeadas por ellos. Los evangélicos, por causa de sus convicciones, están en su derecho al negarse a cooperar económicamente o con mano de obra en la realización de dichos eventos.

La convivencia pacífica en esa zona del país se logrará hasta que sus habitantes terminen por aceptar que el respeto a los derechos humanos está por encima de los usos y costumbres comunitarios, impuestos como leyes por los caciques católicos que buscan salvaguardar sus tradiciones. Las autoridades y organismos defensores de los derechos humanos deben redoblar esfuerzos para impedir que en Chiapas se siga violentando la libertad religiosa e ideológica y el derecho a disentir. 

@armayacastro