INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un exhorto a las autoridades mexicanas para que acaben con la violencia que azota al país. ¿Cuándo harán un llamado similar a los católicos que, contra lo que marca la ley, violentan los derechos humanos de las minorías religiosas?

En el marco de la 95 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos de México hicieron un exhorto para que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrente el problema de la violencia que afecta a todos, incluidos los clérigos de la Iglesia católica, quienes –aseguran– han recibido llamadas telefónicas de extorsión provenientes de la delincuencia común. 

Nadie en su sano juicio puede descalificar o estar en contra de este llamado, que intenta la reducción de los altos índices de violencia en nuestro país, algo que está ocurriendo en la presente administración, según cifras oficiales presentadas recientemente por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. 

Al escuchar el exhorto episcopal, surge la pregunta: ¿por qué los obispos del país no incitan de la misma forma a los católicos que, en nombre de su fe, proceden violentamente contra los miembros de otros credos religiosos? Si todos ellos lo hicieran en sus respectivas diócesis, desde hace mucho tiempo se hubiera logrado la erradicación de la intolerancia religiosa. Tengamos presente que en la lucha contra este flagelo social, la contribución de los líderes religiosos es de gran importancia.

Siguiendo con el mismo punto, conviene preguntarnos, ¿por qué entre los fieles de la Iglesia primitiva no se practicó jamás la intolerancia religiosa? La respuesta a esta interrogante la encontramos en el magnífico trabajo que Jesucristo y sus apóstoles realizaron con los cristianos del siglo I, en quienes lograron formar valores y una mentalidad totalmente respetuosa. El Señor Jesucristo nunca empleó la espada ni métodos violentos para persuadir a los hombres de aquel tiempo. Él era un convencido de que las almas se ganan por el amor de Dios, no por la fuerza.

El día que observó entre los suyos un brote de intolerancia, lo suprimió de inmediato. El evangelio de Lucas refiere este caso en los siguientes términos: “Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es” (Lc. 9:49-50).  El Señor Jesús los mentalizó para que respetaran a quienes predicaban y creían diferente, desaprobando cualquier acción represiva hacia quienes rechazaban su doctrina. Cuando algunos de sus discípulos pidieron su autorización para invocar el fuego del cielo sobre la aldea samaritana que se negó a recibirlos, Él les amonestó así: “Vosotros no sabéis de que espíritu sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas” (Lc. 9:54-56). Asimismo, cuando el Apóstol Pedro desenvainó la espada para defenderle, él ordenó que la volviera a enfundar. 

Está claro que la lucha contra la intolerancia religiosa no es trabajo exclusivo de los clérigos católicos y de los líderes religiosos de las demás iglesias. Es responsabilidad también del Estado, quien está obligado a instrumentar acciones que promuevan el respeto de las distintas expresiones religiosas y la aceptación de la diversidad religiosa. En esta tarea, el Estado no puede cruzarse de brazos; debe trabajar para proteger y hacer efectivo el respeto de la libertad de creencias.

Por desgracia, el trabajo en este particular fue muy pobre en los pasados dos sexenios, en los que se le prestó poca atención a la intolerancia religiosa. Este descuido ocasionó el incremento de los casos de intolerancia y discriminación religiosa, males que golpean sin piedad a las minorías religiosas establecidas en Chiapas, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. En estas entidades federativas, la defensa irracional del catolicismo ha producido asesinatos, lesiones y amenazas, así como expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y energía eléctrica en agravio de quienes predican y practican una fe distinta a la católica. 

Lo más reciente en materia de intolerancia religiosa ocurre en estos momentos en la comunidad indígena de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, donde las autoridades municipales, abusando de sus facultades, impidieron que se siguiera construyendo un templo de la congregación Getsemaní. Leopoldo Alonso Silva, pastor de la congregación agraviada demandó la intervención de la Segob. Lo hizo así al observar que las autoridades del gobierno de Oaxaca se han negado a intervenir a su favor, “permitiendo y solapando los excesos de la autoridad municipal en contra de los miembros de su culto”. 

En este y en los demás casos de intolerancia religiosa, las instituciones del Estado deben actuar con celeridad, además de privilegiar la aplicación de la ley, tomando en cuenta que se trata de delitos que deben ser castigados ejemplarmente. Anteriormente se proponía como solución de estos conflictos la vía del diálogo y la conciliación, dejando a los autores de estos deplorables delitos en la más completa impunidad.