sábado, 29 de junio de 2013

LA REFORMA MIGRATORIA



Por Armando Maya Castro
Los inmigrantes latinoamericanos han sido, desde hace décadas, grandes motores del crecimiento económico estadounidense. De aprobarse en la Cámara Baja, la reforma migratoria solucionaría el estatus legal de todos ellos en la nación más poderosa del mundo
Buenas noticias para los mexicanos que residen en Estados Unidos en calidad de indocumentados: con 68 votos a favor y 32 en contra, el Senado de Estados Unidos avaló el pasado jueves una propuesta de reforma migratoria que cuenta con el respaldo del presidente Barack Obama, quien reconoció desde hace algún tiempo “la necesidad de una reforma migratoria, legalizar la entrada de trabajadores a Estados Unidos y regularizar a millones que ya están allá, explotados, con bajos salarios [y] sin protección social”.

Esta reforma, que el canciller José Antonio Meade calificó como “un paso importante en la dirección correcta”, no debe hacernos olvidar que el miércoles 26 de junio se aprobó una enmienda que contempla el endurecimiento inédito de la frontera entre México y Estados Unidos. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que no es un asunto menor hablar del despliegue de 40 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, la utilización de radares y sensores en la franja fronteriza, así como la edificación de torres y el aumento de vuelos de helicópteros y drones a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de frontera. 

El proyecto de reforma migratoria, que fue enviado para su debate a la Cámara de Representantes, abre la vía para la legalización y eventual ciudadanía de más de 11 millones de seres humanos, de los cuales más de la mitad son mexicanos. Hablamos de hombres y mujeres de todas las edades, quienes han tenido que soportar en el vecino país del norte todo tipo de humillaciones: deportaciones, maltrato físico y verbal, golpes y descargas eléctricas. Todo esto, con base en el ambiente racista que impera en Estados Unidos, donde los derechos humanos de los migrantes han sido atropellados una y otra vez.

A la semejanza de millones de mexicanos, saludo con especial regocijo la aprobación de la reforma migratoria. Comparto la opinión de quienes han calificado esta reforma como un avance histórico y de gran importancia en la historia y economía de Estados Unidos y México. La sociedad mexicana y la estadounidense saben perfectamente bien que, desde hace mucho tiempo, los inmigrantes mexicanos en la Unión Americana han puesto sus mejores esfuerzos en busca del bienestar y progreso de ambas naciones. 

Entiendo muy bien las preocupaciones y expresiones de inconformidad de quienes señalan que “una reforma migratoria sin enfoque de integración regional y de libertad de tránsito significa un retroceso para los ciudadanos de toda la región centroamericana y del Caribe”. Esta preocupación se halla presente en aquellas personas que ven los beneficios de la reforma migratoria, pero que no pierden de vista que dicha reforma pretende ser el pretexto de Estados Unidos para convertir nuestra frontera norte en la más hermética y militarizada “desde la caída del Muro de Berlín”. 

Los mexicanos confiamos en que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumplirá su palabra en el sentido de trabajar por la vía diplomática para flexibilizar tales medidas, realizando los esfuerzos que sean necesarios para evitar la división de las familias y para que se respete, por encima de cualquier interés, la dignidad de la persona humana. También esperamos que el gobierno federal trabaje de manera efectiva e inteligente en la creación de más y mejores empleos, lo que evitará que más mexicanos emigren al país de las barras y las estrellas en busca de mejores condiciones de vida.

jueves, 27 de junio de 2013

INTOLERANCIA RELIGIOSA E IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro
Los evangélicos de Chiapas han hecho innumerables llamados a las autoridades federales y estatales para que erradiquen de esa entidad la intolerancia religiosa




Desde mediados de los años sesenta, el estado de Chiapas, como ninguna otra entidad de la República mexicana, ha sido escenario de innumerables casos de intolerancia religiosa. Lo triste del caso es que no se vislumbran soluciones que erradiquen del territorio chiapaneco la violencia religiosa que ha afectado, en mayor medida, a las personas y grupos que no profesan el catolicismo.

En las zonas rurales de Chiapas, la intolerancia religiosa sigue produciendo asesinatos, violaciones, expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y energía eléctrica, amenazas y despojos. Estos atropellos han sido en agravio de las minorías religiosas establecidas en ese estado de la República, quienes han tenido que soportar la pasividad de la Secretaría de Gobernación, instancia que parece no haber dimensionado la gravedad de dicho problema.

Los autores de estos lamentables casos se niegan a reconocer que hoy por hoy nuestra sociedad es más plural y diversa. Se trata de personas que les cuesta aceptar que el catolicismo dejó de ser, desde hace muchas décadas, la religión dominante y única que fue a lo largo del México colonial y durante buena parte del siglo XIX. Estas personas han sido y seguirán siendo férreos opositores al Estado laico, el cual surge como una necesidad para garantizar la libertad de conciencia y religión. La convivencia pacífica y armónica de las distintas confesiones religiosas sólo puede darse en la vigencia del Estado laico, garante de la imparcialidad y neutralidad de éste en materia religiosa.

La intolerancia religiosa creció en Chiapas en los dos sexenios anteriores, pero sobre todo en el de Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió que el problema se acrecentara al grado de colocar a Chiapas (con 30 mil desplazados por motivos religiosos) en la entidad de mayor expulsión de evangélicos en el mundo. Calderón buscó la manera de satisfacer la demanda de libertad religiosa como la concibe la jerarquía católica, olvidando que se trata, no de otorgamientos de privilegios, sino de un derecho humano que todo gobierno tiene el deber de respetar, proteger y garantizar. 

El gobierno calderonista aceptó la existencia de estos casos, pero ignoró las demandas de los evangélicos, quienes llegaron a solicitar a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, la creación de una fiscalía para estos casos, dependiente de la PGR. La Segob fue omisa e insensible a la demanda de los evangélicos, demostrando así su menosprecio hacia las minorías religiosas. Este proceder, impropio de un gobierno que proclamó a los cuatro vientos su compromiso con los derechos humanos, permitió que los casos de intolerancia religiosa de ese tiempo quedaran en la impunidad. El desdén del gobierno hizo que los solicitantes denunciaran mediáticamente la existencia de inequidad religiosa, poniendo como ejemplo que cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado, se instauró una fiscalía para la investigación. “¿Por qué rechazan nuestra petición?, ¿cuántos muertos tenemos que poner para que se abra una fiscalía?”, preguntaban los demandantes, evidenciando el trato discriminatorio del que eran objeto. 

Isaín Mandujano, corresponsal del semanario Proceso en Chiapas, nos informa que diversas organizaciones civiles, preocupadas por el estado que guardan los conflictos ya “añejos”, enviaron una carta al gobernador Manuel Velasco Coello, exigiéndole “poner fin a la intolerancia religiosa en la entidad”, y no dejar impunes estos atropellos: “Derivado de la administración anterior (de Juan Sabines), en los últimos años han ido creciendo los casos de intolerancia religiosa en Chiapas, sin que algún funcionario público haya tomado en serio la atención de esta problemática que lastima de manera considerable a la sociedad chiapaneca. En muchos de los casos se han esperado acciones concretas para la atención y la aplicación de la ley para el restablecimiento del Estado de Derecho, pero esto nunca ha sucedido”.

Este requerimiento deja en claro dos cosas: que Chiapas sigue siendo un estado conflictivo en el ámbito religioso; y que falta a la verdad el director general de Asociaciones Religiosas cuando asegura que, salvo un caso, no ha recibido más denuncias sobre intolerancia religiosa. 

La única verdad es que en Chiapas, y en diversos estados de la República mexicana, los casos de intolerancia religiosa son el pan nuestro de cada día. Un ejemplo de lo antes dicho es la actitud intolerante que asumieron el pasado martes los católicos tradicionalistas de la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, impidiendo el retorno de un grupo de protestantes que permanecían en el destierro desde enero de 2010. Este grupo volvió a sufrir el rigor de la intolerancia que experimentaron hace tres años, cuando fueron privados arbitrariamente de su tierra, familia y propiedades, por el único delito de no profesar la fe católica.  

martes, 25 de junio de 2013

LA TORTURA, AYER Y HOY



Por Armando Maya Castro
La tortura alcanzó su cenit en la vigencia de la inquisición, tribunal creado en la Edad Media para perseguir y castigar los delitos contra la fe. Entre sus víctimas se cuentan brujas, judíos, herejes, alquimistas, disidentes, homosexuales, etcétera
Sobre la actual situación de la tortura en nuestro país, Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, hizo el siguiente señalamiento: “Las fuerzas de seguridad de México siguen atacando a personas a las que consideran enemigos, especialmente aquellas de las que creen que tienen vínculos con el narcotráfico, sin poseer necesariamente pruebas reales. Esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos”.
 
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que sólo durante el 2012 “había recibido 1.921 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y 802 contra agentes de la policía federal”.

Estos casos de tortura confirman la necesidad de multiplicar acciones encaminadas a erradicar un fenómeno que, mediante prácticas aberrantes y tratos vejatorios, atropella cotidianamente los derechos humanos de las y los ciudadanos.

Me queda claro que la tortura no es un mal de nuestro tiempo, y que es tan antiguo como lo es en el hombre “el sentimiento de dominar con despotismo a otro hombre”. Aunque nadie sabe con precisión cuándo se perpetró el primer acto de tortura, la historia nos permite saber que esta práctica ha hecho de las suyas en diversas etapas de la historia de la humanidad.

Algunas voces sostienen que “la tortura tiene su origen en Grecia, donde aparece estrechamente unida al sistema de justicia penal aplicada únicamente a los siervos...". En esa nación "no se torturó a los ciudadanos pues se pensaba que su 'noble' naturaleza les impedía mentir. Pero al interrogar a los esclavos, la tortura era no sólo permisible sino obligatoria".

En el Imperio romano, “la tortura “estaba institucionalizada y las declaraciones de los esclavos obtenidas bajo tortura eran aceptadas judicialmente en el tribunal”. Uldarico Figueroa, al referirse a dicho periodo, señala: "En materia de castigos existía la pena de muerte (raramente aplicada a los ciudadanos); la hoguera (para los esclavos y hombres libres de clase baja a quienes se les aplicaba por conspirar contra los amos, a los sacrílegos, desertores, magos e incendiarios); la lapidación; la crucifixión (para los esclavos y clases bajas a los que previamente se les flagelaba y se les hacía cargar la cruz hasta el lugar de su muerte); la furca (colgadura de una horquilla grande hasta morir); el devoramiento por animales (para los esclavos, extranjeros y sacrílegos); y las multas por (difamación)”.

En aquellos tiempos, la cruz fue uno de los muchos instrumentos de tortura y muerte que existieron. Entre los romanos, “nada era más despreciado, temido, vergonzoso que la cruz”. Otros instrumentos de tortura de aquella época fueron la corona de espinas, el martillo, los clavos y la pinza, el látigo y la lanza. 

Al hablar sobre este tema, es obligado hablar de la Inquisición, en cuya vigencia la tortura alcanzó su cenit. El 15 de mayo de 1252, el papa Inocencio IV, alejado de la doctrina de amor que predicaron y practicaron Jesucristo y sus apóstoles, promulgó la bula Ad Extirpanda, señalando en el mencionado documento papal “la finalidad de la Inquisición y su metodología específica para actuar: la tortura".

En la vigencia de la Inquisición, la tortura fue parte del ritual que esta institución utilizó para obtener la “confesión del hereje”. Esta práctica inhumana, que el Catecismo de la Iglesia Católica califica actualmente como “contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana", fue un medio que los principales jerarcas católicos de la Edad Media consideraron legal y bendecido por Dios para combatir la herejía.

En el catecismo antes mencionado, la Iglesia romana intenta justificar el uso de la tortura con las siguientes precisiones “históricas”: “En los tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron, en sus propios tribunales, las prescripciones del derecho romano sobre la tortura" (CEC, 2298). 

La corona de espinas, los azotes, la crucifixión, la esponja empapada en vinagre, y toda la flagelación que experimentó Jesús de Nazaret antes y durante su muerte en la cruz, debieron provocar en los inquisidores católicos un sentimiento de solidaridad con las personas que eran juzgadas por la inquisición. Lamentablemente, este recuerdo no logró sensibilizar a los dominicos ni atemperar la excesiva crueldad que estos inquisidores ponían en el ejercicio de sus funciones.

La abolición de la inquisición, el 22 de febrero de 1813, no representó el fin de la tortura y los tratos degradantes. Estos males siguen dando de qué hablar en nuestros días, a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las leyes que los distintos países han promulgado para erradicar dicho mal. 

A pesar de que en el sexenio pasado la tortura se disparó como nunca antes en México, los gobiernos estatales y el federal no han hecho lo suficiente para combatir y castigar los actos de tortura cometidos por servidores públicos.

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL ESTADO LAICO?

Por Armando Maya Castro

Pese a que el artículo 40 constitucional declara laica a la República mexicana, las violaciones al Estado laico están a la orden del día



En abierta violación al Estado laico, diversas autoridades estatales y municipales han participado oficialmente en eventos católicos o evangélicos, violando así el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece con absoluta claridad que la República Mexicana, además de representativa, democrática y federal, es laica.
Estos atropellos a la ley han sido denunciados y muy comentados en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se han levantado diversas voces que exigen sanciones para los políticos que han violentado el Estado laico y la histórica separación entre el Estado  y las iglesias.
Hasta ahora, en cada uno de estos actos la gran triunfadora ha sido la impunidad, lo que alienta a otros políticos a proceder de manera similar, olvidando que en un Estado laico su servicio público debe ceñirse a la ley y permanecer al margen de prácticas de tipo religioso.
Tenemos ahora el caso de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, quien fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco, a quien invitó a su estado natal en los siguientes términos: “Sonora le invita, de todo corazón, a que nos conceda el privilegio de su visita. Para nosotros será un motivo de entusiasmo y de alegría tan grande como la fe, la esperanza y la caridad que anida en el espíritu de sus hijos, los hijos de Sonora”.
La afirmación de Padrés Elías es violatoria de nuestra Carta Magna y de las leyes que de ella emanan, las cuales juró cumplir y hacer cumplir al asumir la gubernatura de su estado. Como las demás entidades de la República, Sonora es un estado cuya composición religiosa es plural. Lo anterior lo demuestra la información que el INEGI recabó durante el Censo de Población y Vivienda 2010,  la cual revela que cerca del 20% de la población sonorense no profesa el catolicismo. Así es que, declarar a los sonorenses “hijos del papa” es declarar católicos a los miles de sonorenses que, haciendo uso de su libertad religiosa, han optado por una fe distinta a la católica.
Este tipo de proceder, aparte de atropellar al Estado laico, atropella también los sentimientos religiosos de las personas que no se identifican con el catolicismo. Esto ya sucedió en el sexenio pasado, cuando Felipe Calderón Hinojosa, desde el más alto cargo político del país, señaló que los mexicanos “somos guadalupanos, independientemente […] de las creencias o no creencias…”. Esa declaración falaz y excluyente hirió los sentimientos de más de 20 millones de personas que no se identifican ni con la Iglesia romana ni con el guadalupanismo. El gobernador de Sonora hace exactamente lo mismo. No declara a los sonorenses guadalupanos, como lo hizo Calderón, pero los declara “hijos del papa”, pasando por encima de la forma de pensar y de creer de decenas de miles de gobernados suyos.
Mi postura ha sido siempre de respeto a las creencias religiosas de las personas dedicadas a la política, hombres y mujeres que deben de tomar conciencia que un Estado laico está al servicio de todos los ciudadanos, sean católicos, evangélicos, ateos, agnósticos, musulmanes o judíos. Por ello, coincido con las voces que sostienen que la perspectiva laica es la única que puede garantizar que los espacios e instituciones públicas sean respetuosos y tolerantes con todas las opciones morales y religiosas de los ciudadanos. Esto no está sucediendo hoy por hoy en nuestro querido México, donde el atropello cotidiano a la laicidad se traduce en atropellos a nuestros derechos humanos y libertades fundamentales.
Lo que todo mundo lamenta es que, por intereses político-electorales, nuestros gobernantes tengan que someterse al capricho de una jerarquía católica insaciable, que pretende someter a su arbitrio al Estado y a la clase política mexicana, buscando apoderarse de la educación oficial para imponer, desde las escuelas públicas, su visión moral de las costumbres, así como aquellos dogmas que han sido confeccionados en los concilios ecuménicos que ha realizado la Iglesia católica.
El Estado confesional forma parte de un pasado cuyo retorno es anhelado únicamente por el clero católico y por la derecha mexicana, infiltrada actualmente hasta en aquellos partidos que hace algunos años estaban etiquetados como de centro y de izquierda. Este hecho patente e irrefutable, así como el silencio e inacción de la Secretaría de Gobernación, son cosas que nos preocupan seriamente y nos llevan a preguntarnos: ¿Cuál es el futuro del Estado laico con una clase política esmerada en satisfacer las demandas clericales?
Los mexicanos no debemos cruzarnos de brazos esperando el surgimiento de una generación de políticos que sea capaz de frenar el proceso de deterioro de la laicidad del Estado mexicano. Nuestro deber es sumar esfuerzos que estén orientados al fortalecimiento y consolidación del Estado laico.

viernes, 21 de junio de 2013

CARLOS MONSIVÁIS Y EL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro
La mesa de análisis “República Laica y la Reforma del Artículo 24 Constitucional”, que se realizó el pasado miércoles en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, coincidió con el tercer aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, ardiente defensor del Estado laico
El pasado miércoles 19 de junio se cumplieron tres años de la muerte del gran Carlos Monsiváis Aceves, periodista, cronista, ensayista y narrador mexicano. Este destacado escritor nació en el Distrito Federal, el 4 de mayo de 1938. Es considerado, con justicia, como “uno de los artífices de la cultura mexicana contemporánea”.

El Estado laico, que atraviesa actualmente por una de sus peores crisis, necesita de hombres con el valor y la sapiencia que tuvo Monsiváis. No hay que olvidar que Monsiváis fue un ardiente defensor de la separación entre el Estado y las iglesias, la laicidad estatal y la educación pública laica.

El 31 de enero de 2006, durante la ceremonia de entrega de los premios nacionales de ciencias y artes, hizo una férrea defensa del Estado laico en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos. Al hablar en nombre de los galardonados, y teniendo ante sí a Vicente Fox Quesada, a la sazón presidente de México, Monsiváis (premiado esa noche en lingüística y literatura) recordó que "el fundamentalismo de derecha ha perdido en México, una tras otra, las batallas culturales, aunque en el sigilo obtenga sus victorias administrativas". 

En esa ocasión, reprochó que el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, “apenas toma la palabra instala su púlpito virtual”. Dijo que Abascal, como ciudadano y creyente, está en su “perfecto derecho”  de proclamar las ventajas de la fe, pero “como secretario de Estado no, porque no hay tal cosa como un señor que si vigila el proceso electoral es laico, y deja de serlo si olvida por completo la estructura ética de la institución donde devenga salarios y tribunas”.

En el sexenio foxista escribió el libro “El Estado laico y sus malquerientes”, de gran importancia en la defensa del Estado laico. En esa obra, Monsiváis refiere que el Estado laico “ya no tiene enemigos, sus enemigos estuvieron en el siglo XIX; actualmente tiene ‘malquerientes’, representados éstos por la Iglesia y la derecha que han tratado de redefinir conceptos del laicismo como ‘libertad religiosa’ y ‘libertad de expresión’ sin conseguirlo”.

Y ya que las palabras de Monsiváis nos recuerdan que la estrategia actual de los malquerientes del Estado laico es la redefinición del concepto “libertad religiosa”, me permito comentar con mis lectores los pormenores del evento “República Laica y la Reforma del Artículo 24 Constitucional”, realizado el pasado miércoles en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara.

El evento fue organizado por Foro Cívico México Laico en colaboración con la Universidad de Guadalajara; contó con la presencia de Héctor Hugo Cervantes Ortiz, en representación del gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, así como de destacados ponentes: los diputados Jaime Prieto Pérez y José Clemente Castañeda Hoeflich; el vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, Eliezer Gutiérrez Avelar; el sociólogo y experto en religiones, Bernardo Barranco Villafán; y el destacado historiador jalisciense, José María Muriá. 

Bernardo Barranco hizo referencia a las autoridades que en actos públicos han violado el Estado laico, consagrando sus estados al Sagrado Corazón de Jesús, o entregando simbólicamente las llaves de sus municipios a Jesucristo. Lamentó el disimulo de la Secretaría de Gobernación, afirmando que esta dependencia gubernamental "está absolutamente silenciada" ante las violaciones a la ley por parte de una "clase política pragmática", que ha perdido identidad y a la que sólo le importa posicionarse en el terreno político-electoral. Sobre la reforma del artículo 40 constitucional, que declara a México una República laica, señaló que esta modificación no es garantía de una sana separación entre el Estado y las iglesias.

En su turno, el vocero de la Iglesia La Luz del Mundo se refirió a esta reforma y preguntó a los asistentes: ¿Puede acaso estar en riesgo el Estado laico, cuando es un hecho la reforma del artículo 40 que constitucionaliza la laicidad? Tras indicar que la respuesta a su pregunta es afirmativa, señaló que “cada vez cobra mayor fuerza el riesgo de que en México se produzca una paradoja legislativa, consistente en que a la vez que se constitucionaliza el Estado laico en el artículo 40, se colocan también las bases mediante la reforma del artículo 24 para que nuestro país se convierta en un Estado confesional”. 

Ahora que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló la declaratoria de la reforma del artículo 24 constitucional, los mexicanos creemos que eventos como el realizado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara son de gran valía para el Estado laico, en cuyo marco se fortalece la educación laica, nuestro régimen de libertades y la cultura de los derechos humanos.