LOS MIGRANTES Y SUS DERECHOS

Por Armando Maya Castro

Es altamente preocupante la experiencia que viven los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país en busca del sueño americano

Todos los días, en diversas zonas de México, se producen violaciones a los derechos humanos de los migrantes que, en tránsito por nuestro país, se dirigen hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Estos casos han sido consignados por la mayor parte de los medios de comunicación, así como por aquellas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. 

Por su posición geográfica, México es un país de tránsito, destino y retorno para los migrantes centroamericanos. Esta situación se viene dando en nuestro país desde hace poco más de una centuria. A lo largo de ese tiempo, los migrantes han sufrido violaciones, maltratos diversos y secuestros. En el pasado sexenio, la ola de violencia que azotó a los mexicanos se ensañó particularmente con la población migrante. 

La sociedad mexicana debe unificar esfuerzos si quiere erradicar de su entorno la discriminación y la xenofobia. Ya es hora de que empecemos a ver a los extranjeros y migrantes como lo que en realidad son: seres humanos que luchan fuera de sus países de origen para mandar dinero a su familia y asegurarles así una mejor calidad de vida. 

Lamentablemente, los esfuerzos en materia de leyes y el combate a este tipo de discriminación no han logrado disminuir los elevados niveles de discriminación en agravio de los migrantes. Hace poco más de dos años, Daniel Ponce, director adjunto de Vinculación y Programas Educativos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED), informó que entre 40 y 60 por ciento de la población mexicana tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes, y cerca del 55% desearía que se aplicarán medidas más enérgicas contra éstos.

El principio de no discriminación, que es esencial para la protección de los derechos de los migrantes, figura en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. El principal de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), proclama en su artículo 7°: “Todos [los seres humanos] son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Los migrantes pueden, asimismo, exigir su derecho a la no discriminación en virtud de los siguientes instrumentos: 1). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza los derechos reconocidos en el citado Pacto "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"; y artículo 26, que garantiza el “derecho sin discriminación a igual protección de la ley” (Artículo 2.1). 2). La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la discriminación racial basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico (Artículo 1.1). La Convención sobre los Derechos de los Migrantes que, respecto a los derechos de los trabajadores migratorios, amplía la prohibición de discriminación a la que se produce por motivos de convicción, nacionalidad, edad, situación económica o estado civil. 

Existe, sin embargo, un problema que amerita solución urgente: muchos migrantes que son víctimas de discriminación en suelo mexicano tienen temor de exigir sus derechos y denunciar los atropellos en su contra por temor a ser retenidos en una estación migratoria para luego ser deportados. Esta situación debe obligar al Estado Mexicano a promover el acceso a servicios federales y locales para los migrantes, facilitando a todos ellos el acceso a la administración de justicia, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

Esta discriminación “incluye abusos, violencia, engaños mediante la trata de personas y amenazas a la integridad física”. Estará de acuerdo conmigo que lo peor para los migrantes se vivió en la pasada administración, en el transcurso de la cual la trata de personas y las desapariciones forzadas de migrantes se incrementaron, particularmente en los estados del sureste mexicano, donde urgen acciones para combatir este tipo de discriminación.

Si el Estado mexicano quiere tener autoridad moral para exigir a las autoridades de Estados Unidos un trato digno y respetuoso hacia nuestros compatriotas en suelo estadounidense, tiene que comenzar a promover la protección de los migrantes en tránsito por México, muchos de los cuales han sido secuestrados o han muerto a manos de grupos criminales. El primer paso lo ha dado el Instituto Nacional de Migración al crear una Unidad de Inteligencia en coordinación con el CISEN, que infiltrará agentes entre los migrantes para detectar y desarticular a las bandas de secuestradores y traficantes de personas. Si esta Unidad trabaja en el marco del respeto a la persona humana, los resultados no tardarán en llegar.