sábado, 13 de septiembre de 2014

CELEBRACIONES PATRIAS

Por Armando Maya Castro

En la actualidad, el aniversario de la independencia de México es una de las festividades cívicas y populares más importantes y coloridas del año. Se celebra el 16 de septiembre de cada año, puesto que en la madrugada de un día como ese, pero de 1810, el entonces cura Miguel Hidalgo y Costilla pronunció el “grito” que ha pasado a la historia como el comienzo de la independencia mexicana, movimiento que buscó liberar a los mexicanos del yugo de servidumbre impuesto por los españoles durante los trescientos años del virreinato de la Nueva España.

A lo largo de septiembre, llamado también el Mes de la Patria, las calles y avenidas de los pueblos y ciudades de nuestro país se cubren de luces, gallardetes y adornos tricolores alusivos a la bandera nacional. En los autos y fachadas de un sinnúmero de casas se aprecian banderas y banderines, así como otros adornos alusivos a las celebraciones patrias.

¿Son estas acciones prueba suficiente de patriotismo y amor por la patria? No necesariamente, pues patriotismo es mucho más que banderas, banderines y adornos patrios; es el valor que nos da el respeto y amor que le debemos a México, y la manera de  demostrarlo es a través nuestro trabajo y de nuestra diaria contribución al bienestar común.

Pero volviendo al tema de las fiestas patrias, ¿sabe usted cuándo comenzó esta celebración, que en la mayoría de los pueblos es acompañada con la tradicional verbena popular? Para responder a esta interrogante me remontaré al 16 de septiembre de 1812, fecha en que se celebró por vez primera el Grito de Independencia, dado por el General Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo en el Chapitel, un edificio de dos plantas, con una puerta y un balcón hacia la plaza principal de Huichapan, Hidalgo.

Un año después (1813), José María Morelos y Pavón presentó al Congreso de Chilpancingo los Sentimientos de la Nación, uno de los documentos de mayor importancia para la historia constitucional de México. En él, el Siervo de la Nación propuso “que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída” (Artículo 23).

Con la consumación de la independencia, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, comenzaron a darse los primeros pasos para oficializar la celebración de la gesta independentista. Un decreto del Congreso, emitido el 27 de noviembre de 1823, declaró al 16 de septiembre fiesta nacional; sin embargo, fue hasta 1825 cuando por primera vez tomó el carácter de fiesta nacional el 16 de septiembre: el gobernador del Distrito Federal emitió un bando que fue conocido como el Legajo de Fiestas, en el que se sugería adornar "las calles y balcones con cortinas, flámulas y gallardetes", además de iluminar las casas y calles.

A pesar de que la Iglesia católica se opuso férreamente al movimiento independentista, al grado de excomulgar a Hidalgo, Morelos y demás insurgentes, acusándoles de herejes, ladrones, ignorantes y sacrílegos, en las celebraciones patrias acostumbraba celebrar una misa solemne en la Basílica de Guadalupe por los héroes muertos, refiere el cronista e historiador Luis González Obregón.

En el México confesional de aquellos tiempos, se emitían documentos que involucraban a la Iglesia católica en las celebraciones patrias. Uno de ellos fue la Gaceta que se publicó en el fuerte de Jaujilla, junto a Zacapu, Michoacán, en septiembre de 1817. En ella apareció la siguiente prevención: “Cuidarán los comandantes generales y particulares que en todas las parroquias de sus departamentos se celebre el 29 del presente con Te Deum y misa de gracias en memoria de S.A. Serenísima el señor don Miguel Hidalgo y Costilla. Los comandantes por su parte solemnizarán este día con todos los honores militares y los subdelegados dispondrán la iluminación por todas las calles" (Gaceta Extraordinaria del Gobierno Mexicano en las Provincias del Poniente, 16 de septiembre de 1817).

La costumbre de celebrar misas durante las celebraciones patrias llegó a su fin con la promulgación de las Leyes de Reforma, que proclamaron la separación de los negocios civiles y eclesiásticos, la libertad de cultos, el establecimiento del registro civil, la secularización de los cementerios y reducción de los días de festividad religiosa.

El objetivo de esta celebración, que cumple con lo estipulado por la ley que rige el uso de los símbolos patrios, es preservar el recuerdo del día que comenzó la gesta heroica en la que participaron no sólo las figuras históricas conocidas en México y el mundo, sino también indígenas, criollos, mestizos y negros, hombres y mujeres cuya lucha buscaba terminar con la terrible injusticia social que imperó en el México virreinal.

Twitter: @armayacastro


jueves, 11 de septiembre de 2014

ESTADO LAICO: BUENAS Y MALAS NOTICIAS

Por Armando Maya Castro

Entre tantas noticias malas para el Estado laico, hay una que nos ofrece la esperanza de que las cosas comiencen a cambiar en materia de laicidad, y de que se logre disminuir el número de atentados contra el Estado laico por parte de una clase política obstinada a favorecer a la Iglesia mayoritaria, olvidando que el Estado confesional fue suprimido en México con las Leyes de Reforma, emitidas por Benito Juárez en 1859 y 1860. Estas leyes, no hay que olvidarlo, fueron posteriormente consignadas como constitucionales al ser introducidas en la Constitución de 1857, esto durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, en septiembre de 1873.

Me refiero a la designación de Pedro Salazar Ugarte, por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para el periodo 2014-2018, en sustitución de Héctor Fix Fierro, quien concluyó su segundo cuatrienio al frente de esa entidad académica.

Salazar Ugarte es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es colaborador habitual de El Universal y Nexos, y autor de varias obras literarias, entre ellas La laicidad: antídoto contra la discriminación, un libro de setenta y tres páginas que “contiene las grandes cuestiones que presenta el tema en estudio”, afirma en la reseña de dicha obre el extinto Jorge Carpizo McGregor.

En la obra en referencia, el investigador universitario sostiene que "cuando se imponen las verdades trascendentales, sean filosóficas o específicamente religiosas, no queda espacio para la pluralidad, y sin ésta la democracia es imposible". Al abundar en el tema de la democracia, Salazar Ugarte señala que el valor de ésta “es un valor civil, no un valor moral o religioso. De hecho, la edificación de las instituciones democráticas exige que ciertos principios civiles (como la laicidad y la tolerancia) sean incondicionalmente respetados, pero se trata de los principios que hacen posible la convivencia de valores y objetivos morales y religiosos plurales y, desde este punto de vista, relativos.

Para el reseñista del libro en referencia, "la democracia es sinónimo de laicidad, en virtud de que es contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos que son inaccesibles a la razón humana". Es, asimismo, “sinónimo de tolerancia, del derecho a pensar distinto, del examen de todas las doctrinas, de que éstas son iguales y deben tener la posibilidad de persuadir el intelecto y a la voluntad humanos. La democracia es pluralismo y derecho a disentir" (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712325).

Estoy convencido que, desde el terreno de la investigación jurídica, Pedro Salazar Ugarte y los juristas académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM seguirán impulsando el fortalecimiento del Estado laico, cuya existencia es una exigencia de las sociedades democráticas.

La laicidad, tan necesaria para la defensa de las libertades civiles, supone la armonización de los siguientes principios:

1)    Respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva;
2)    Autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas;
3)    Igualdad ante la ley sin excepción; y
4)    No discriminación hacia las personas o grupos.

Lamentablemente no todas son buenas noticias para el Estado laico y para nuestra maltrecha democracia. El diario Cambio de Puebla informa que el gobierno de Antonio Gali Fayad alojó las oficinas de Gerencia del Centro Histórico en un anexo de la catedral poblana marcado con el número 303 de la calle 2 Sur, justo al lado del sagrario. La nota, firmada por el periodista Víctor Hugo Juárez, del diario poblano antes mencionado, refiere que Sergio Vergara Berdejo, director de la Gerencia del Centro Histórico, “justificó la violación al principio del laicismo, consagrado en el artículo 130 constitucional, bajo el hecho de que su estancia ‘sólo será de año y medio’, en lo que el Ayuntamiento consigue otro lugar en el primer cuadro de la ciudad para albergar las oficinas".

Este atropello al Estado laico es grave y demuestra cómo la Iglesia mayoritaria va ganando terreno frente a una clase gobernante condescendiente, que viola las leyes que juró cumplir y hacer cumplir cuando se trata de satisfacer demandas clericales. Estos hechos tienen lugar frente a la inacción de la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia del Poder Ejecutivo Federal, encargada de vigilar la observancia de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, así como de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.


Los mexicanos seguimos esperando que se ponga fin a esta impunidad, y que la Segob dé inicio al proceso administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, imponiendo las sanciones correspondientes a los funcionarios infractores de la Constitución y de su Ley reglamentaria en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público.

Twitter: @armayacastro

martes, 9 de septiembre de 2014

ACCIONES EN VEZ DE DECLARACIONES

Por Armando Maya Castro

En Guanajuato sucedió lo que casi siempre sucede que hay una violación al derecho a la libertad de expresión. Primero se violentó este derecho de la periodista Karla Janeth Silva y, después, el gobernador salió a declarar a los medios de comunicación que su gobierno garantiza en Guanajuato ese derecho fundamental. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿si un gobierno como el de Miguel Márquez Márquez garantiza la libertad de expresión, por qué se producen este tipo de agresiones físicas en agravio de quienes se dedican a investigar e informar a la sociedad? 

Aunque este ataque a la libertad de expresión es inédito en el estado de Guanajuato, según señaló el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, no debemos de olvidar que en esa entidad federativa se han presentado al menos siete casos de intentos de censura que han sido denunciados por periodistas de esa entidad, aunque claro, ninguno de ellos con las características de violencia que presentó el caso que nos ocupa.

Algunos analistas se han referido al hecho, descalificando la acción de los hombres armados que la tarde del 4 de septiembre golpearon salvajemente a la periodista guanajuatense en las oficinas de El Heraldo de Silao, esto tras advertirle: “Bájale de huevos a tus notas”. Para Sanjuana Martínez, “el mensaje llevaba la firma del alcalde de Silao, Guanajuato Enrique Benjamín Solís Arzola, ‘ofendido’ por el trabajo de la reportera. Un trabajo que debería ser normal en cualquier democracia, en cualquier sistema político donde impere la libertad”, señala la periodista acreedora al Premio Nacional de Periodismo 2006. 

Y ya que hablamos de libertad de expresión, conviene recordar que este derecho fundamental es uno los principios consagrados en varios ordenamientos jurídicos internacionales. El primero al que me referiré es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Artículo 19).

Sobre el derecho en cuestión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección" (Artículo 19).

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, precursora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobada el 2 de mayo de 1948, establece el "derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento de cualquier modo" (Artículo 4).

Por último, la Convención Americana de noviembre de 1969, mejor conocida como "Pacto de San José", dispone en su artículo 13: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

En lo que respecta al caso de México, debemos tener presente que el artículo 6° de la Constitución General de la República establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

A pesar de nuestra Carta Magna y de los ordenamientos jurídicos internacionales en materia de libertad de expresión, las amenazas, los casos de hostigamiento y los malos tratos en contra de las y los periodistas dedicados a investigar e informar a la sociedad, son situaciones que se presentan con mucha frecuencia en varias entidades de la República Mexicana.

Los tratados internacionales y las leyes ahí están, pero para que éstos puedan cumplir el propósito de su creación es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno se sitúen en el terreno de las acciones y dejen de estar en el de las declaraciones. En otras palabras, que se dediquen a cumplir y hacer cumplir la ley, sólo entonces lograrán acabar con la vergonzosa impunidad que rodea a varios de los atentados contra la libertad de expresión. Ojalá que el caso de Karla Janeth Silva no sea un caso más de impunidad.  

Twitter: @armayacastro


sábado, 6 de septiembre de 2014

“SECTA”, UN TÉRMINO QUE INCITA AL LINCHAMIENTO MORAL Y FÍSICO

Por Armando Maya Castro
Aunque se trabaja para eliminar el término "secta" de los ordenamientos jurídicos mexicanos, existen varios códigos civiles estatales que aún  emplean dicha palabra 

El pasado 4 de septiembre, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, escribió un texto titulado “¿Iglesia autorreferencial?”. En el artículo, el prelado chiapaneco señaló: “Hay creyentes que se inconforman y nos expresan su rechazo cuando en las catequesis, en los grupos de reflexión, en las homilías, hacemos referencia a situaciones reales que vive el pueblo. Dicen que eso ya no es palabra de Dios, sino pura política. Insisten en que no se traten esos asuntos en la Iglesia. Algunos, por ello, se van a las SECTAS, porque en algunas solo se canta, se alaba a Dios, se aplaude, se lee la Biblia con un sentido espiritualista…” (El Sol de México, 4 de septiembre de 2014).

Arizmendi Esquivel, como muchos otros clérigos católicos, siguen utilizando el término "secta" para referirse a las minorías religiosas. Lo utiliza a pesar de que el pasado 28 de julio el papa Francisco instó a los católicos a acabar con el uso de la palabra "secta" para referirse a las iglesias protestantes: “Es una tentación decir: ‘yo soy la Iglesia y tú la secta’. Jesús rezó por la unidad. El Espíritu Santo hace la diversidad en la Iglesia. Él hace la diversidad. Pero después el mismo Espíritu Santo hace la unidad y la Iglesia es una diversidad. Una diversidad reconciliada por el Espíritu Santo”, señaló el argentino Jorge Mario Bergoglio el día en que, en nombre de los católicos del mundo, pidió perdón a los evangélicos por las persecuciones en su contra (Milenio, 28 de julio de 2014).

Como líder de opinión, el obispo sancristobalense debería conocer los avances que se han dado en México en materia de combate a la intolerancia religiosa, a partir de la supresión del término “secta” de algunos ordenamientos jurídicos; debería saber, asimismo, que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) quitó el término peyorativo en cuestión de los artículos 25, 38, 49 y 268, y que actualmente se trabaja para eliminar esa palabra discriminatoria de varios Códigos Civiles de las Entidades Federativas del país, muchos de los cuales datan de los años 30 y 40 del siglo XX, una época marcada con el sello de la intolerancia religiosa.

El uso de términos discriminatorios en nuestra legislación contraviene el carácter laico del Estado Mexicano, además de violentar el principio de igualdad jurídica de las asociaciones religiosas. Si todas las iglesias son iguales ante la ley en derechos y obligaciones, según establece al artículo 6° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no tendría por qué llamarse a unas iglesias y a otras sectas.

El obispo Felipe Arizmendi sabe perfectamente bien que la palabra “secta” es utilizada para descalificar la pluralidad religiosa; sabe que el término en cuestión ha adquirido en el léxico popular una connotación peyorativa, de burla y menosprecio, que rompe con la armonía social que debe caracterizar a toda sociedad civilizada. Faltaría a la verdad si el prelado dijera que no sabe que dicho vocablo se emplea para denostar a los grupos religiosos minoritarios.

Es lamentable que, con tantos avances legislativos en la lucha orientada a fortalecer el Estado laico y a erradicar de nuestro entorno la discriminación y la intolerancia religiosa, haya periodistas e investigadores que al escribir sobre las minorías religiosas utilicen la palabra “secta” para designarlos, ignorando que dicho término incita al linchamiento moral y al desprecio público. Pero si es grave que dicha expresión aparezca en la boca y pluma de los comunicadores, lo es mucho más en la pluma del obispo que está al frente de una de las diócesis católicas más fructíferas en casos de intolerancia religiosa.

La intolerancia y discriminación por motivos religiosos, denunciada en el ámbito internacional como un flagelo social a cuya cuenta se abonan millones de víctimas, no debe ser alimentada por expresiones que promueven el odio y el rencor. Tenemos ante nosotros la oportunidad de abonar a la paz, erradicando de nuestro léxico los adjetivos que tienen una connotación claramente negativa, y que no hacen otra cosa que alterar la convivencia armónica que sólo puede darse durante la vigencia de un Estado laico; una convivencia que debe tener como bases sólidas el respeto a la diversidad y a los derechos humanos.


Twitter: @armayacastro 

jueves, 4 de septiembre de 2014

LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SÓLO BUSCA PRETEXTOS

Por Armando Maya Castro
En la llamada "Noche de los Cristales Rotos", la furia nazi destruyó más de mil sinagogas, saqueó miles de tiendas y hogares judíos, capturó más de 30 mil judíos a quienes condujo luego a los campos de concentración

Para los intolerantes, cualquier pretexto será siempre bueno para desencadenar actos de violencia en contra de las personas y grupos que, según sus percepciones, representan una seria amenaza para la unidad nacional, las costumbres, la cultura o la religión de mayor arraigo y antigüedad en una nación.

La anterior afirmación trae a mi mente los acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania a partir del 7 de noviembre de 1938, día en que Herschel Grynszpan, indignado por la expulsión de su familia de la Alemania nazi, disparó una arma de fuego contra Ernst vom Rath, un funcionario de la embajada alemana en París, quien murió dos días después del atentado en su contra. 

Este acto criminal fue el pretexto para que la violencia antijudía se intensificara a lo largo y ancho de Alemania, con consecuencias desastrosas para los judíos que vivían en esa nación y que nada tenían que ver con la reprobable acción de Herschel Grynszpan. En una sola noche (9 de noviembre de 1938), la furia nazi destruyó más de mil sinagogas, saqueó miles de tiendas y hogares judíos, capturó más de 30 mil judíos a quienes condujo luego a los campos de concentración. Para Sir Martin Gilbert, este suceso era “un siniestro anuncio del Holocausto que habría de venir a continuación”.

Esa noche, "muchos miembros de las Juventudes Hitlerianas andaban por allí, vitoreando y chillando 'Raus mit den Juden' (fuera los judíos)". Pero no todo quedó en gritos y alaridos, como lo documenta Martin Gilbert en su libro "La noche de los cristales rotos", en el que pormenoriza la primera matanza organizada por los nazis en contra los judíos, enumerando en dicha obra las brutales acciones desplegadas por los miembros de las Juventudes Hitlerianas: arrojaban estiércol y piedras a la cabeza y cuerpo de los judíos, destrozaban y prendían fuego a las sinagogas, arrojaban los libros y las Toras de los judíos a los arroyos, allanaban las casas y negocios de los judíos y demolían todo su mobiliario, además de insultarlos y apalearlos. Cerca de 100 judíos murieron a manos de las turbas enardecidas, decenas de ellos se suicidaron y miles más huyeron aterrados de aquel infierno.

Las víctimas de la violencia nazi fueron declaradas culpables de los destrozos de aquella noche y de los días posteriores. El periódico Angriff, dirigido por el doctor Joseph Goebbels, declaraba: "La culpa del asesinato [de Ernst vom Rath] recae sobre todos los judíos. Cada individuo ha de rendirnos cuentas por cada dolor, cada crimen, cada acto malvado que esta raza criminal ha perpetrado contra los alemanes; cada judío individual es responsable sin misericordia. El judaísmo mundial desea combatirnos. Que lo haga pues en sus propios términos: ojo por ojo, diente por diente".

El caso de intolerancia religiosa al que enseguida me referiré tiene como pretexto la negativa de un grupo de indígenas evangélicos a cooperar laboral y económicamente para la celebración de las fiestas patronales de Tepeolol, comunidad perteneciente al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Esta negativa es el pretexto que esperaban los católicos intolerantes para agredir y amenazar con desalojar de sus viviendas a los miembros de la Iglesia pentecostés de esa localidad. Lo grave del caso son las aseveraciones de Alejandro Ramírez Furiati, subsecretario de Gobierno para la región huasteca de Hidalgo, en el sentido de que “el conflicto no se debe a desavenencias de credo, sino a la negativa de ese grupo a participar en labores de la comunidad” (La Jornada, 31 de agosto de 2014).

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que las declaraciones del funcionario hidalguense dejan a los 17 integrantes de la comunidad pentecostés en un estado de indefensión, pues, en vez de contribuir a la supresión del caso de intolerancia religiosa, justifica el proceder intolerante de los católicos, afirmando que la raíz del problema está en la falta de disposición de los evangélicos a participar en las obras de beneficio común para la población.

Las declaraciones de Ramírez Furiati no abonan a la solución del conflicto religioso de Tepeolol, sino al agravamiento del mismo. Su obligación es ceñirse a la Constitución y al artículo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el cual establece que el Estado Mexicano garantiza en favor del individuo el siguiente derecho: “No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso” (fracción D).


Como ciudadanos, los evangélicos de esa localidad tienen el deber de colaborar en los trabajos orientados a mejorar el estado de las escuelas, centros de salud, red hidráulica, caminos de acceso a la comunidad, etcétera. Pero ninguno de ellos puede ser obligado a trabajar en pro de las fiestas patronales de la comunidad. La ley es clara al respecto y debe ser respetada. 

Twitter: @armayacastro


martes, 2 de septiembre de 2014

UN MUNDO SIN DISCRIMINACIÓN

Por Armando Maya Castro
El odio a los judíos, una enfermedad causante de muchos males y que se niega a desaparecer

El antisemitismo es un conjunto de sentimientos, prejuicios y prácticas xenófobas en agravio de los judíos; alcanzó su máxima expresión durante el holocausto nazi, que significó el exterminio de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos un millón quinientos mil niños y niñas. 

Hasta mediados del siglo XX, el odio a los judíos fue un sentimiento alimentado y difundido por la Iglesia católica, quien consideraba a los descendientes de Abraham una “raza maldita” por haber dado muerte a Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo. Para varios clérigos de esa institución, el antisemitismo no era una forma de racismo, sino "la autodefensa de la Cristiandad contra las insidias del Judaísmo". También difundía el sentimiento antijudío la Iglesia ortodoxa, quien consideraba al judaísmo como una amenaza contra el cristianismo y la paz de Rusia. 

“Muchos relatos documentan una trágica historia de persecución de judíos en Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX”, afirman George A. Mather y Larry A. Nichols, autores del Diccionario de Creencias, Religiones, Sectas y Ocultismo. Si con Hitler a la cabeza fueron asesinados más de 6 millones de judíos en la Alemania Nazi, en la Rusia de Stalin fueron eliminados casi tres millones de judíos. 

Al escribir sobre este tema, John MacArthur señala que “la historia del pueblo judío por los últimos dos mil años es una triste letanía de prejuicio, persecución y asesinatos en masa”. Los antisemitas han atribuido al pueblo judío toda suerte de pecados y delitos. Han acusado a los judíos de ser "cabalistas extraviados, hechiceros y brujos nocturnos, gente de magia y quiromancia, fundadores de la usura y de la masonería, peste de las conciencias, sombra de los espíritus, verdugos de Cristo, restauradores del diablo y enemigos de todas las iglesias; por lo cual merecen que ardan para consumir sus cuerpos en las hogueras del Santo Oficio y para consumir sus almas los fuegos del infierno" (Emilio Castelar y Ripol, Historia del año 1883, Linkgua, Barcelona, 2002, p. 226).

Las embestidas católicas contra los judíos siguen hasta el día de hoy, pero ya no son lo que fueron durante la Edad Media y el Renacimiento. Hoy, por estrategia, la actitud de la Iglesia católica hacia los judíos es completamente distinta, tal como lo demuestra la constitución “Nostra Aetate”, emitida en el Concilio Vaticano II, y que a la letra dice: “Además, la Iglesia, que ‘reprueba toda persecución’ contra cualesquiera hombres, consciente de poseer un patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, ‘deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo’ de cualquier tiempo y persona”. 

Hoy tenemos que hablar de las nuevas expresiones de antijudaísmo, presentes en las redes sociales, donde la condena a Israel por los ataques a la Franja de Gaza viene acompañada a menudo de diatribas antisemitas, afirma el escritor e historiador Enrique Krauze Kleinbort (Reforma, 17 de agosto de 2014). 

Tenemos que hablar, asimismo, de la discriminación contra 230 judíos ortodoxos que vivían, desde 2008, a orillas del lago Atitlán, en la población maya de San Juan La Laguna del departamento de Sololá, situado en la región Sur Occidental de Guatemala. Una fuente municipal de Sololá señaló al diario mexicano El Universal que “la situación es terrible: mucha intolerancia de ambas partes”, en un lío agravado por factores religiosos entre hebreos, católicos, evangélicos y otras denominaciones en la zona.

Los grandes perdedores en este conflicto religioso fueron los 230 miembros de la comunidad Lev Tahor, quienes terminaron siendo expulsados luego de haber sido privados del agua potable y de haber sufrido violencia verbal, así como amenazas de que se les iba a cortar la electricidad y los iban a echar a la fuerza del pueblo que fue su hogar hasta el pasado viernes. 

La expulsión de estos judíos viene a engrosar las estadísticas de los judíos que han sido expulsados a lo largo de la historia, aunque sin compararse con los destierros inhumanos que tuvieron lugar durante la Edad Media, un periodo de frecuentes expulsiones: En 1290, 16.000 judíos fueron expulsados de Inglaterra; en 1306, 100.000 de Francia; y en 1492, unos 200.000 de España. Menores, pero más frecuentes expulsiones tuvieron lugar en Alemania, por lo que a comienzos del siglo XVI solo quedaban cuatro grandes comunidades judías: Fráncfort, 2.000; Worms, 1.400; Praga, 10.000; y Viena, 3.000”. Los anteriores datos están consignados en la obra en 11 volúmenes de Heinrich Graetz (1817-1891), Historia de los judíos desde sus orígenes hasta nuestros días, editada entre 1853 y 1875. 

El cese de estos actos de irracional discriminación es lo único que puede ayudar a que los humanos podamos construir un mundo en paz y sin violencia, libre de barreras raciales, ideológicas, económicas, culturales y religiosas; un mundo en el que se privilegie el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, más allá de las diferencias que nos caracterizan como seres humanos. 

Twitter: @armayacastro

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2014/09/02/785656/en-plan-reflexivo