Por Armando Maya Castro
Entre
tantas noticias malas para el Estado laico, hay una que nos ofrece la esperanza
de que las cosas comiencen a cambiar en materia de laicidad, y de que se logre disminuir
el número de atentados contra el Estado laico por parte de una clase política obstinada
a favorecer a la Iglesia mayoritaria, olvidando que el Estado confesional fue
suprimido en México con las Leyes de Reforma, emitidas por Benito Juárez en
1859 y 1860. Estas leyes, no hay que olvidarlo, fueron posteriormente
consignadas como constitucionales al ser introducidas en la Constitución de
1857, esto durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, en septiembre de
1873.
Me refiero a la designación de Pedro Salazar Ugarte, por
parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), como nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
para el periodo 2014-2018, en sustitución de Héctor Fix Fierro, quien concluyó
su segundo cuatrienio al frente de esa entidad académica.
Salazar Ugarte es doctor en Filosofía Política por la
Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Es colaborador habitual de El Universal y Nexos, y autor de varias obras literarias, entre ellas La laicidad: antídoto contra la discriminación, un libro de setenta y tres páginas que “contiene las
grandes cuestiones que presenta el tema en estudio”, afirma en la reseña de
dicha obre el extinto Jorge Carpizo McGregor.
En la obra en referencia, el investigador universitario
sostiene que "cuando se imponen las verdades trascendentales, sean
filosóficas o específicamente religiosas, no queda espacio para la pluralidad,
y sin ésta la democracia es imposible". Al abundar en el tema de la
democracia, Salazar Ugarte señala que el valor de ésta “es un valor civil, no
un valor moral o religioso. De hecho, la edificación de las instituciones
democráticas exige que ciertos principios civiles (como la laicidad y la tolerancia)
sean incondicionalmente respetados, pero se trata de los principios que hacen
posible la convivencia de valores y objetivos morales y religiosos plurales y,
desde este punto de vista, relativos.
Para el reseñista del libro en referencia, "la democracia
es sinónimo de laicidad, en virtud de que es contraria al fanatismo, al
dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos
que son inaccesibles a la razón humana". Es, asimismo, “sinónimo de
tolerancia, del derecho a pensar distinto, del examen de todas las doctrinas,
de que éstas son iguales y deben tener la posibilidad de persuadir el intelecto
y a la voluntad humanos. La democracia es pluralismo y derecho a disentir"
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712325).
Estoy convencido que, desde el terreno de la investigación
jurídica, Pedro Salazar Ugarte y los juristas académicos del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM seguirán impulsando el fortalecimiento del
Estado laico, cuya existencia es una exigencia de las sociedades democráticas.
La laicidad, tan necesaria para la defensa de las libertades
civiles, supone la armonización de los siguientes principios:
1)
Respeto a la libertad de
conciencia y de su práctica individual y colectiva;
2)
Autonomía de lo político y de
la sociedad civil frente a las normas religiosas;
3)
Igualdad ante la ley sin
excepción; y
4)
No discriminación hacia las
personas o grupos.
Lamentablemente no todas son buenas noticias para el Estado
laico y para nuestra maltrecha democracia. El diario Cambio de Puebla informa que el gobierno de Antonio Gali Fayad alojó las
oficinas de Gerencia del Centro Histórico en un anexo de la catedral poblana
marcado con el número 303 de la calle 2 Sur, justo al lado del sagrario. La
nota, firmada por el periodista Víctor Hugo Juárez, del diario poblano antes
mencionado, refiere que Sergio Vergara Berdejo, director de la Gerencia del
Centro Histórico, “justificó la violación al principio del laicismo, consagrado
en el artículo 130 constitucional, bajo el hecho de que su estancia ‘sólo será
de año y medio’, en lo que el Ayuntamiento consigue otro lugar en el primer
cuadro de la ciudad para albergar las oficinas".
Este atropello al Estado laico es grave y demuestra cómo la
Iglesia mayoritaria va ganando terreno frente a una clase gobernante condescendiente,
que viola las leyes que juró cumplir y hacer cumplir cuando se trata de
satisfacer demandas clericales. Estos hechos tienen lugar frente a la inacción
de la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia del Poder Ejecutivo
Federal, encargada de vigilar la observancia de los preceptos constitucionales
por parte de las autoridades del país, así como de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público,
iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.
Los mexicanos seguimos esperando que se ponga fin a esta
impunidad, y que la Segob dé inicio al proceso administrativo al que se refiere
el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, imponiendo
las sanciones correspondientes a los funcionarios infractores de la
Constitución y de su Ley reglamentaria en materia de asociaciones, agrupaciones
religiosas, iglesias y culto público.
Twitter: @armayacastro
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