sábado, 30 de junio de 2012

RESPETO A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA


Por Armando Maya Castro

Evangélicos expulsados de Yashtinín se refugian en San Cristóbal de las Casas

Hoy por hoy, resulta complicado encontrar en nuestro entorno social respeto hacia las convicciones religiosas de los demás. En la sociedad actual –distinta a la de la Edad Media- subsisten grupos y personas que, enclavados en un pasado medieval, continúan negándose a admitir que los seres humanos tienen el derecho a pensar, creer y decidir libremente. 

La intolerancia religiosa es un problema al que se le ha dedicado atención, pero no la suficiente. Nadie puede negar que este problema sigue teniendo grandes dimensiones en diversos estados de la República: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Puebla, etcétera. En estas entidades, la intolerancia religiosa sigue produciendo asesinatos, expulsiones, quema y destrucción de templos y casas, cortes de agua y energía eléctrica, amenazas y despojos en agravio de quienes profesan una fe distinta a la católica.

En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, difundió spots radiofónicos y televisivos que promovían la tolerancia religiosa. Sin importar el costo económico de los mismos, el gobierno federal debió mantenerlos al aire, para que esos mensajes siguieran creando conciencia en la sociedad sobre la importancia del respeto a la pluralidad religiosa. Lamentablemente, no se hizo más en la administración de Vicente Fox Quesada; tampoco en la presente administración.

La falta de una cultura de respeto a la diversidad de creencias tiene mucho que ver en los conflictos originados por la intolerancia religiosa a través de los siglos. Éstos se podrían evitar si admitiéramos que los demás seres humanos tienen el derecho de pensar, creer y obrar diferente a nosotros. 

El problema es mayúsculo y exige la unificación de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. El involucramiento de todos es fundamental si queremos robustecer la libertad religiosa y reducir los casos de intolerancia religiosa. Por ningún motivo debemos olvidar que este mal social ha ocasionado, entre otros males: “inquisición, cruzadas, guerras santas, reconquistas, muertes y más muertes de inocentes, en nombre de la defensa de la fe, olvidándose de que matar es injustificable en cualquier caso”.   

Quienes se adjudican el monopolio religioso han sido –y siguen siendo–, en mayor medida, los responsables de dichos atropellos y de sus funestas consecuencias. Los peritos en la materia ven con inquietud cómo el proceder de la Iglesia romana sigue siendo violento como en el pasado. Pese a la dinámica presencia de los promotores y defensores de los derechos humanos, los actos de intolerancia siguen siendo una constante en México y el mundo. Es probable que quienes aseguran que el problema se circunscribe a Los Altos de Chiapas piensen que se maximiza algo que es insignificante.  

Sucesos de intolerancia religiosa los hay en todo México, pero los casos que se conocen son mínimos. En otras entidades muchos de estos eventos no se denuncian porque las víctimas prefieren sufrir las agresiones como demostración de fe y valor cristiano, interpretándola, en muchos de los casos, como una bienaventuranza, situación que incrementa la impunidad.

Un elevado porcentaje de evangélicos soportan en silencio las agresiones verbales, las ofensas en sus centros de trabajo y los ataques a sus propiedades: instituciones, templos y terrenos. Lamentablemente, la comunidad evangélica pocas veces denuncia aquellos casos en que sus inmuebles son pintarrajeados y sus exteriores convertidos en basureros donde se arrojan desperdicios y hasta animales muertos. Cuando se realiza una denuncia es porque la situación se ha tornado crítica y ha puesto en peligro el patrimonio y/o la vida de los evangélicos. 

Por ello, me parece importante el hecho de que, el 23 de este mes, organizaciones e iglesias protestantes de Chiapas hayan creado la coordinación Evangélicos Unidos por Chiapas, con el fin de exigir el "cese de la intolerancia religiosa" y hacer “valer los derechos constitucionales sobre libertad religiosa". 

No olvidemos que apenas el pasado 14 de junio, cuarenta protestantes tuvieron que abandonar la comunidad de Yashtinín, luego de ser obligados de manera arbitraria a firmar un documento en el que se comprometían a salir "voluntariamente" si no abandonaban su religión. 

Tenga usted la seguridad, amable lector, que los casos de intolerancia y discriminación religiosa se multiplicarán si la mayoría de los congresos estatales aprueban la reforma del artículo 24 constitucional. Si esta modificación legislativa se concretara, se le daría mayor poder a la Iglesia católica y, en consecuencia, se incrementarían los casos de violencia por motivos religiosos. Los diputados de los congresos estatales deben saber que la verdadera libertad religiosa es aquella que piden los grupos evangélicos acosados y perseguidos por el catolicismo, no la que busca la Iglesia católica a través de la reforma en cuestión.  

jueves, 28 de junio de 2012

LO QUE FOX Y PEÑA NIETO TIENEN EN COMÚN

Por Armando Maya Castro

Fox besa el anillo del papa

Durante su mandato presidencial, Vicente Fox Quesada “gobernó” sin el más mínimo respeto al principio de laicidad del Estado mexicano, otorgando a la Iglesia católica un trato preferencial frente a las demás asociaciones religiosas establecidas en México. Los artículos constitucionales, pilares de Estado laico, fueron violados una y otra vez por el guanajuatense y algunos miembros de su gabinete. Por algo, el pastor evangélico Adoniram Gaxiola llegó a señalar, en noviembre de 2002, que en la administración foxista, la relación del Estado con la Iglesia católica se asemejaba a la que vivió la España del dictador Francisco Franco.

En la presente campaña electoral, Vicente Fox Quesada ha vuelto a ser noticia por su apoyo al candidato presidencial del PRI, el partido político al que con tanta saña criticó antes de llegar a la Presidencia de la República, lo mismo que a lo largo de su gestión. De esta manera, Vicente Fox le ha dado la espalda al PAN y a su candidata, realizando proselitismo político a favor de Enrique Peña Nieto, quien pactó con el clero católico la reforma del artículo 24 constitucional, según denunció el senador perredista Pablo Gómez. 

Hablar de Vicente Fox Quesada y de Enrique Peña Nieto es hablar de dos políticos que han se han caracterizado por su atropello al Estado laico, y cuyas acciones han estado encaminadas a favorecer por encima de todo a la jerarquía católica. Ambos podrán negarlo y afirmar que nunca han tenido el objetivo de favorecer a una Iglesia en particular, pero las evidencias mediáticas ahí están. 

Acerca de Fox y sus atropellos al Estado laico se pueden escribir muchas cosas. Durante su campaña por la Presidencia de la República, enarboló el estandarte de la guadalupana en un acto público del PAN, pese a la restricción legal que existe al respecto. Como presidente de México, otorgó recursos al clero –a través de la Secretaría de Desarrollo Social– para tareas educativas; hizo diversos planteamientos para que la Iglesia católica tuviera acceso a la educación pública y a los medios de comunicación; brindó un trato preferencial a los clérigos de la Iglesia católica, algo que no hizo con los ministros de culto de las demás asociaciones religiosas. 

En el sexenio foxista, la derecha y la jerarquía clerical reclamaron para sí el retorno de los privilegios que la Iglesia católica tuvo hasta la promulgación de las Leyes de Reforma. Fox nunca le negó nada a la Iglesia católica, quien ha deseado que desde el gobierno se reprima a las minorías religiosas establecidas en México. En julio de 2001, el semanario “Quehacer Político” entrevistó a Jesús Tinoco Amador, a la sazón jefe del Área de Sicología Política e Identidades de la UNAM, quien declaró que la jerarquía católica veía con buenos ojos una ley que se pretendía aprobar en Francia, la cual establece que si el líder de algún grupo religioso comete una infracción, se ve envuelto en crímenes, o tiene problemas con la justicia, de inmediato se le retira el registro a la organización; y que si alguien de la misma desea reactivar el culto sin el ministro principal, todos sus integrantes son enviados a la cárcel por conspirar. 

Durante la visita del papa Juan Pablo II a nuestro país, en julio de 2002, Vicente Fox acaparó los reflectores “al arrodillarse y besar el anillo papal en un gesto de sumisión medieval que sus defensores panistas calificaron de ‘espontáneo’”. ¿Devoción o maniobra propagandística? Lo  que haya sido, el hecho es que con dicho ósculo el abajeño violentó el Estado laico y puso a los pies del papa a un país libre e independiente. 

Respecto a las reformas constitucionales que el clero pretende que se realicen a partir de la reforma del artículo 24 constitucional, me permito recordar las recientes declaraciones que Roberto Velázquez Nieto, investigador del Archivo Secreto Vaticano, hiciera al semanario “Proceso”: “Incluso el presidente Vicente Fox prometió hacer esos cambios mediante su famoso decálogo de campaña, pero fue una mera promesa del Ejecutivo que se topó con el bloqueo del Congreso. Para la Santa Sede, sin embargo, ya resulta anacrónico el esquema de recurrir directamente a reformas constitucionales para lograr sus metas. Actualmente, en sus negociaciones con los Estados recurre a la vía del acuerdo o concordato”. 

Peña Nieto saluda al papa durante la visita de éste a Guanajuato
¿Y qué decir de Peña Nieto? El 21 de diciembre de 2009, el destacado y extinto periodista mexicano, Miguel Ángel Granados Chapa, describía a Peña Nieto como “un practicante católico, formado en escuelas religiosas hasta el nivel universitario, pues se graduó de abogado en la Universidad Panamericana, administrada por el Opus Dei, una organización de gran influencia política en varios países, incluida España, lugar de su nacimiento”. 

El abanderado de la Coalición Compromiso por México se ha declarado públicamente católico. En diciembre de 2009, Peña Nieto y su novia Angélica Rivera, en franco desafío al Estado laico, encabezaron una delegación que visitó el Vaticano. En esa ocasión, el entonces gobernador del Estado de México, regaló un nacimiento y artesanías mexicanas a Benedicto XVI, quien bendijo anticipadamente la boda de la joven pareja. El 27 de noviembre de 2010, en la catedral de Toluca, Monseñor Constanzo Miranda, arzobispo de Chihuahua, ofició la ceremonia nupcial en donde Peña Nieto y Angélica Rivera unieron sus vidas en matrimonio. 

El 20 de diciembre de 2012, Roberto Blancarte, especialista en temas de religión del Colegio de México, se refirió en los siguientes términos a la cercanía de Peña Nieto con algunos de los jerarcas de la Iglesia católica: “Es bien sabido que el ex gobernador del Estado de México y los obispos de esa entidad, entre los que se encuentra Carlos Aguiar, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, antes obispo de Texcoco y ahora arzobispo de Tlalnepantla, acostumbran reunirse periódicamente”. El problema en sí no son estas reuniones, sino que en las mismas se pone en riesgo la laicidad del Estado mexicano, más aún si tomamos en cuenta que “desde hace por lo menos seis años la reivindicación principal del episcopado ha sido la reforma del artículo 24, para incluir el tan ambiguo como equívoco principio de libertad religiosa, que los obispos católicos definen como el derecho no sólo a creer en lo que se quiera creer, sino a una serie de reivindicaciones específicas, que incluyen el derecho de los padres a educar a sus hijos en la religión de su preferencia”, sostiene Roberto Blancarte.

El tema de la reforma del artículo 24 constitucional ha sido calificado por algunos representantes de los medios de comunicación como el regalo de Enrique Peña Nieto al papa. El 16 de diciembre de 2011, la periodista y escritora Jesusa Cervantes, del semanario “Proceso”, escribía: “El regalo para la Iglesia católica fue promovido por el virtual candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quien creyó que todos los diputados lo seguirían sin chistar. Por suerte, algunos dieron la batalla y lograron mantener sin variaciones la ley…”.

Si en el pasado reciente las diferencias políticas separaban a Fox y Peña Nieto, ahora ya no, pues el interés de ambos es el mismo: satisfacer las demandas de la jerarquía católica. Por algo se llevan bien y trabajan en el mismo proyecto político. De ahí que insista en la necesidad de contar con un verdadero Estado laico, cuyos gobernantes desempeñen su función sin inclinaciones hacia alguna iglesia en particular. Sólo un Estado independiente de cualquier tipo de influencia religiosa puede dar un trato idéntico a todas las iglesias, garantizando a todas ellas la verdadera libertad religiosa. 

Los mexicanos confiamos en que los diputados de los congresos locales que aún no votan la reforma del artículo 24 constitucional harán buen uso de su voto, sin seguir líneas ni atender consigna alguna. El pueblo de México confía en que estas legislaturas habrán de seguir el ejemplo de los congresos de Morelos, Baja California, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, cuyos legisladores dijeron no a una reforma que pretende el desmantelamiento del Estado laico. Está en ellos impedirlo, ¿no cree usted?

martes, 26 de junio de 2012

¿DÓNDE ESTÁN EL IFE Y LA SEGOB?

Por Armando Maya Castro

Trípticos que difunde la arquidiócesis primada de México

Para nadie es un secreto que la arquidiócesis primada de México participa abiertamente en la actual campaña electoral, orientando el voto a través de trípticos diseñados en colores verde y azul denominados Principios para iluminar la conciencia de los fieles católicos y personas de buena voluntad. El pasado 16 de junio, un conocido periódico capitalino informó que estos trípticos “se están distribuyendo en parroquias de la capital, como la de La Piedad, ubicada en las calles de Obrero Mundial y Rebsamen, colonia Del Valle”.

Y mientras estas acciones proselitistas se desarrollan abiertamente en diversas diócesis de la República mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Gobernación, instancias encargadas de impedir que se quebranten los principios de separación del Estado y las iglesias, se hacen de la vista gorda, permitiendo que el activismo político clerical transgreda flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Los anteriores ordenamientos jurídicos prohíben terminantemente a las iglesias realizar proselitismo político o inducir el voto a favor o en contra de candidatos o partidos políticos. El Cofipe es claro al establecer que “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código”, entre otros, “los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión”.

Coincido con Iván Restrepo cuando señala, en su más reciente artículo, que “si el clero católico interviene abiertamente en los asuntos electorales es porque lo permiten los partidos y las instancias que debían exigir respeto a la separación de las iglesias y el Estado”. El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Gobernación, en vez de tolerar tales infracciones, deberían de imponer las sanciones que establece la legislación mexicana en la materia. 

Es importante aclarar que las leyes de México no impiden que las iglesias, a través de sus ministros y/o representantes, inviten a la feligresía a votar el próximo 1 de julio. Es lícito hacerlo, pero sin establecer preferencias y mucho menos indicar por quién votar y por quién no hacerlo. Las asociaciones religiosas deben aceptar que el voto es personal, libre y secreto, y que en la decisión del mismo no pueden influir los ministros de culto de las iglesias.

Millones de mexicanos nos preguntamos: ¿por qué razón se deja sin sanción a las iglesias y a los ministros de culto que meten las manos en el proceso electoral, tratando de influir en las decisiones personales de sus fieles? La explicación nos la da Marco Antonio Baños Martínez, consejero del IFE, quien nos explica en los siguientes términos el porqué de dicha impunidad: como la Secretaría de Gobernación no es competente en temas electorales, regresa el expediente al IFE, y como éste no tiene la competencia para resolverlos, los ministros siguen haciendo lo mismo. 

Entre las infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, destaca la siguiente: “Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos” (Artículo 29, fracción I). Sin embargo, la única sanción que la Secretaría de Gobernación ha impuesto a la Iglesia católica, por mandato del Tribunal Electoral, es un “apercibimiento”, sanción mínima que prevé la ley antes mencionada. 

Termino mi columna exteriorizando una duda: ¿habría impuesto la Secretaría de Gobernación la misma sanción que impuso a la arquidiócesis de México, y a su vocero Hugo Valdemar, si la infracción la hubiera cometido un ministro de culto no católico? Mi percepción es que el correctivo para cualquier otra Iglesia hubiera sido más elevado que un mero apercibimiento. ¿Cuál de las siguientes sanciones cree usted que hubieran impuesto a cualquier otra asociación religiosa? ¿Multa de hasta 20 mil días de salario mínimo? ¿Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público? ¿Suspensión temporal de los derechos de la asociación religiosa? ¿Cancelación del registro de la asociación religiosa? Ojalá que, por su propio bien, ninguna otra iglesia intente averiguarlo.

sábado, 23 de junio de 2012

LAS CRÍTICAS DEL CLERO



Por Armando Maya Castro



Las seis diócesis y la arquidiócesis que integran la provincia eclesiástica de Tlalnepantla lanzaron una fuerte crítica a la administración del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Lamentaron que hace seis años, en plena campaña electoral, haya prometido ser el presidente del empleo y de la seguridad, y que ahora que su sexenio agoniza haya menos empleo y más inseguridad. 

La crítica en cuestión se realizó en el auditorio de la colonia Ampliación Vicente Villada, donde fue divulgado el “Manifiesto ciudadano por la gobernabilidad”, que pretende ser “un instrumento de participación tanto para coadyuvar en las tareas urgentes que en ella se hacen patentes, como para ser un instrumento de exigibilidad pública frente a quienes quieren gobernar en el Estado de México”, señaló Héctor Carabantes Piñón, vocero de la diócesis de Nezahualcoyotl.

En el manifiesto, el clero pide a quien gane las próximas elecciones federales, que vaya más allá de las buenas intenciones, a fin de que en la siguiente administración federal se produzcan cambios significativos, que mejoren la economía de los mexicanos, la seguridad pública, los derechos humanos y los servicios públicos. 

La crítica en sí no es lo que sorprende, pues críticas en ese sentido le han llovido a Calderón a lo largo de su sexenio. Lo que llama la atención es que lo haya hecho la Iglesia católica, quien hasta hace poco había adoptado una postura de apoyo a las estrategias del gobierno federal en lo relativo al combate al crimen organizado. 

Ante esta crítica, surge la pregunta: ¿por qué ahora que Calderón está próximo a concluir su gestión, el clero católico cuestiona sus acciones gubernamentales en materia de seguridad? Veamos cómo al principio las cosas fueron distintas. En septiembre pasado, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes recomendó perfeccionar la estrategia, pero aclaró que no era conveniente dar marcha atrás. Admitió que “la guerra tiene consecuencias negativas”, pero dijo que “hay que ponerlas en la balanza; es indispensable afrontarla, no hacer una tregua como si nada pasara”. 

En junio de 2011, la CEM expuso que sólo con la fuerza es posible enfrentar a la delincuencia armada y, en consecuencia, el costo en sangre de ese enfrentamiento es indispensable. Es innegable que este tipo de declaraciones conllevan cierto grado de aprobación y, en cierto modo, alentaron al presidente Calderón a seguir combatiendo de esa manera al crimen organizado. 

Nadie cuestiona ni limita la libertad de expresión de los jerarcas de la Iglesia católica en un asunto de interés público. Sin embargo, cuando el discurso sobre el tema es primero de apoyo, y luego de censura, el caso se torna desconcertante. 

Por otra parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) criticó enérgicamente a quienes han señalado “que la reforma del artículo 24 constitucional no implica un privilegio o discriminación contra alguna agrupación o asociación religiosa, tampoco la modificación del artículo tercero constitucional”. 

Ante esto, la Iglesia La Luz del Mundo fijó su postura, exponiendo públicamente las graves consecuencias jurídicas y los delicados problemas de interpretación de una reforma que protege en exclusiva las convicciones que se consideran éticas, pero no las que se consideren ‘no éticas’. “El problema estriba en que, al ser la sociedad mexicana plural, no existe una concepción ética uniforme, por lo que será el Estado quien tendrá que definir a través de sus órganos competentes qué convicciones son éticas y, en consecuencia, protegidas por el Estado y cuáles no lo son. Al hacerlo, se convertirá en juez de las convicciones personales, proceder propio de los estados totalitarios, que son los únicos que tienen la osadía de calificar las convicciones de la población”. 

En lo que respecta a la contradicción de dictámenes, la Iglesia La Luz del Mundo demuestra que “los dictámenes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República son contradictorios. Los Diputados afirman que la reforma del artículo 24 constitucional requerirá reformar la educación laica (artículo 3° constitucional) y el Estado laico (artículo 130 constitucional). Por el contrario, los Senadores dicen que no se requiere reformar los artículos 3° y 130”. 

Al final, además de reiterar su firme compromiso de seguir trabajando a favor de los derechos humanos y del Estado laico, la Iglesia La Luz del Mundo aclara que los cinco congresos locales que han rechazado la citada modificación legislativa, “han actuado con base en estos argumentos”, nunca “en respuesta a los gritos y manifestaciones que –de manera pacífica, y en el marco de la ley– han realizado diversos grupos frente a las instalaciones de los congresos estatales”.