RESPETO A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

Evangélicos expulsados de Yashtinín se refugian en San Cristóbal de las Casas

Hoy por hoy, resulta complicado encontrar en nuestro entorno social respeto hacia las convicciones religiosas de los demás. En la sociedad actual –distinta a la de la Edad Media- subsisten grupos y personas que, enclavados en un pasado medieval, continúan negándose a admitir que los seres humanos tienen el derecho a pensar, creer y decidir libremente. 

La intolerancia religiosa es un problema al que se le ha dedicado atención, pero no la suficiente. Nadie puede negar que este problema sigue teniendo grandes dimensiones en diversos estados de la República: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Puebla, etcétera. En estas entidades, la intolerancia religiosa sigue produciendo asesinatos, expulsiones, quema y destrucción de templos y casas, cortes de agua y energía eléctrica, amenazas y despojos en agravio de quienes profesan una fe distinta a la católica.

En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, difundió spots radiofónicos y televisivos que promovían la tolerancia religiosa. Sin importar el costo económico de los mismos, el gobierno federal debió mantenerlos al aire, para que esos mensajes siguieran creando conciencia en la sociedad sobre la importancia del respeto a la pluralidad religiosa. Lamentablemente, no se hizo más en la administración de Vicente Fox Quesada; tampoco en la presente administración.

La falta de una cultura de respeto a la diversidad de creencias tiene mucho que ver en los conflictos originados por la intolerancia religiosa a través de los siglos. Éstos se podrían evitar si admitiéramos que los demás seres humanos tienen el derecho de pensar, creer y obrar diferente a nosotros. 

El problema es mayúsculo y exige la unificación de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. El involucramiento de todos es fundamental si queremos robustecer la libertad religiosa y reducir los casos de intolerancia religiosa. Por ningún motivo debemos olvidar que este mal social ha ocasionado, entre otros males: “inquisición, cruzadas, guerras santas, reconquistas, muertes y más muertes de inocentes, en nombre de la defensa de la fe, olvidándose de que matar es injustificable en cualquier caso”.   

Quienes se adjudican el monopolio religioso han sido –y siguen siendo–, en mayor medida, los responsables de dichos atropellos y de sus funestas consecuencias. Los peritos en la materia ven con inquietud cómo el proceder de la Iglesia romana sigue siendo violento como en el pasado. Pese a la dinámica presencia de los promotores y defensores de los derechos humanos, los actos de intolerancia siguen siendo una constante en México y el mundo. Es probable que quienes aseguran que el problema se circunscribe a Los Altos de Chiapas piensen que se maximiza algo que es insignificante.  

Sucesos de intolerancia religiosa los hay en todo México, pero los casos que se conocen son mínimos. En otras entidades muchos de estos eventos no se denuncian porque las víctimas prefieren sufrir las agresiones como demostración de fe y valor cristiano, interpretándola, en muchos de los casos, como una bienaventuranza, situación que incrementa la impunidad.

Un elevado porcentaje de evangélicos soportan en silencio las agresiones verbales, las ofensas en sus centros de trabajo y los ataques a sus propiedades: instituciones, templos y terrenos. Lamentablemente, la comunidad evangélica pocas veces denuncia aquellos casos en que sus inmuebles son pintarrajeados y sus exteriores convertidos en basureros donde se arrojan desperdicios y hasta animales muertos. Cuando se realiza una denuncia es porque la situación se ha tornado crítica y ha puesto en peligro el patrimonio y/o la vida de los evangélicos. 

Por ello, me parece importante el hecho de que, el 23 de este mes, organizaciones e iglesias protestantes de Chiapas hayan creado la coordinación Evangélicos Unidos por Chiapas, con el fin de exigir el "cese de la intolerancia religiosa" y hacer “valer los derechos constitucionales sobre libertad religiosa". 

No olvidemos que apenas el pasado 14 de junio, cuarenta protestantes tuvieron que abandonar la comunidad de Yashtinín, luego de ser obligados de manera arbitraria a firmar un documento en el que se comprometían a salir "voluntariamente" si no abandonaban su religión. 

Tenga usted la seguridad, amable lector, que los casos de intolerancia y discriminación religiosa se multiplicarán si la mayoría de los congresos estatales aprueban la reforma del artículo 24 constitucional. Si esta modificación legislativa se concretara, se le daría mayor poder a la Iglesia católica y, en consecuencia, se incrementarían los casos de violencia por motivos religiosos. Los diputados de los congresos estatales deben saber que la verdadera libertad religiosa es aquella que piden los grupos evangélicos acosados y perseguidos por el catolicismo, no la que busca la Iglesia católica a través de la reforma en cuestión.