Por Armando Maya Castro
Las seis diócesis y
la arquidiócesis que integran la provincia eclesiástica de Tlalnepantla lanzaron
una fuerte crítica a la administración del presidente de México, Felipe
Calderón Hinojosa. Lamentaron que hace seis años, en plena campaña electoral,
haya prometido ser el presidente del empleo y de la seguridad, y que ahora que
su sexenio agoniza haya menos empleo y más inseguridad.
La crítica en
cuestión se realizó en el auditorio de la colonia Ampliación Vicente Villada,
donde fue divulgado el “Manifiesto ciudadano por la gobernabilidad”, que
pretende ser “un instrumento de participación tanto para coadyuvar en las
tareas urgentes que en ella se hacen patentes, como para ser un instrumento de
exigibilidad pública frente a quienes quieren gobernar en el Estado de México”,
señaló Héctor Carabantes Piñón, vocero de la diócesis de Nezahualcoyotl.
En el manifiesto, el
clero pide a quien gane las próximas elecciones federales, que vaya más allá de
las buenas intenciones, a fin de que en la siguiente administración federal se produzcan
cambios significativos, que mejoren la economía de los mexicanos, la seguridad
pública, los derechos humanos y los servicios públicos.
La crítica en sí no
es lo que sorprende, pues críticas en ese sentido le han llovido a Calderón a
lo largo de su sexenio. Lo que llama la atención es que lo haya hecho la
Iglesia católica, quien hasta hace poco había adoptado una postura de apoyo a
las estrategias del gobierno federal en lo relativo al combate al crimen
organizado.
Ante esta crítica, surge
la pregunta: ¿por qué ahora que Calderón está próximo a concluir su gestión, el
clero católico cuestiona sus acciones gubernamentales en materia de seguridad? Veamos
cómo al principio las cosas fueron distintas. En septiembre pasado, el presidente
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes recomendó
perfeccionar la estrategia, pero aclaró que no era
conveniente dar marcha atrás. Admitió que “la guerra tiene consecuencias
negativas”, pero dijo que “hay que ponerlas en la balanza; es indispensable
afrontarla, no hacer una tregua como si nada pasara”.
En
junio de 2011, la CEM expuso que sólo con la fuerza es posible enfrentar a la
delincuencia armada y, en consecuencia, el costo en sangre de ese
enfrentamiento es indispensable. Es innegable que este tipo de declaraciones conllevan
cierto grado de aprobación y, en cierto modo, alentaron al presidente Calderón a
seguir combatiendo de esa manera al crimen organizado.
Nadie
cuestiona ni limita la libertad de expresión de los jerarcas de la Iglesia
católica en un asunto de interés público. Sin embargo, cuando el discurso sobre
el tema es primero de apoyo, y luego de censura, el caso se torna desconcertante.
Por
otra parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) criticó enérgicamente
a quienes han señalado “que la reforma del artículo 24 constitucional no
implica un privilegio o discriminación contra alguna agrupación o asociación
religiosa, tampoco la modificación del artículo tercero constitucional”.
Ante
esto, la Iglesia La Luz del Mundo fijó su postura, exponiendo públicamente las graves
consecuencias jurídicas y los delicados problemas de interpretación de una reforma
que protege en exclusiva las convicciones que se consideran éticas, pero no las
que se consideren ‘no éticas’. “El problema estriba en que, al ser la
sociedad mexicana plural, no existe una concepción ética uniforme, por lo que
será el Estado quien tendrá que definir a través de sus
órganos competentes qué convicciones son éticas y, en consecuencia, protegidas
por el Estado y cuáles no lo son. Al hacerlo, se convertirá en juez de
las convicciones personales, proceder propio de los estados totalitarios, que
son los únicos que tienen la osadía de calificar las convicciones de la
población”.
En lo que respecta a la
contradicción de dictámenes, la Iglesia La Luz del Mundo demuestra que “los dictámenes
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República son contradictorios. Los
Diputados afirman que la reforma del artículo 24 constitucional requerirá
reformar la educación laica (artículo 3° constitucional) y el Estado laico
(artículo 130 constitucional). Por el contrario, los Senadores dicen que no se
requiere reformar los artículos 3° y 130”.
Al final, además de reiterar
su firme compromiso de seguir trabajando a favor de los derechos humanos y del
Estado laico, la Iglesia La Luz del Mundo aclara que los cinco congresos
locales que han rechazado la citada modificación legislativa, “han actuado con
base en estos argumentos”, nunca “en respuesta a los gritos y manifestaciones
que –de manera pacífica, y en el marco de la ley– han realizado diversos grupos
frente a las instalaciones de los congresos estatales”.
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