UN LLAMADO A LA SEGOB

Por Armando Maya Castro

La Secretaría de Gobernación tiene el deber de sancionar conforme a la ley a los funcionarios públicos y a los ministros de culto que han incurrido en flagrantes violaciones al Estado laico (Foto: Noticieros Televisa)

Las recientes violaciones al Estado laico, perpetradas por los gobernadores de los estados de Chihuahua y Veracruz, así como por algunos alcaldes del norte de la República mexicana, han puesto sobre la mesa del debate uno de los grandes pendientes en la agenda nacional: la defensa de la laicidad del Estado mexicano. 

La participación ilegal de estas autoridades en eventos de carácter religioso es un acto inaceptable y de clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La violación del Estado laico en todos estos casos es más que evidente, aunque el gobernador César Duarte y la alcaldesa Margarita Arellanes lo hayan negado ante los representantes de los medios de comunicación. El gobernador chihuahuense violentó la laicidad del Estado mexicano al consagrar su estado al sagrado corazón de Jesús y al doloroso e inmaculado corazón de María, y la alcaldesa regiomontana hizo lo propio al entregar simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey. 

¿Y qué hay de las autoridades eclesiásticas que presidieron los actos religiosos en que ocurrieron estos desacatos a la ley? Es evidente que todas ellas violentaron la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Por otra parte, resulta lamentable el desdén de estos ministros de culto a las leyes divinas y al memorable ejemplo de Jesucristo, quien fue claro al enseñar: “Mi reino no es de este mundo”. 

La que más gana con este tipo de acciones es la Iglesia católica, interesada en concretar su proyecto de mayor prioridad: la educación religiosa en las escuelas públicas. Para la concreción de esta empresa, los jerarcas católicos lograron que el Poder Legislativo aprobara la reforma del artículo 24 constitucional, algo que es importante para la realización de sus fines, pero insuficiente para instalar la educación confesional en las escuelas oficiales. Por ello, se han dado a la tarea de convencer a los gobernadores para que consagren sus estados a la virgen y al sagrado corazón de Jesús, aspecto que los jerarcas católicos sabrán aprovechar en beneficio de su iglesia. 

Por ejemplo, si en otros estados de la República llegara a darse un intento de reforma a la constitución local, similar al que en materia de educación religiosa se pretendió hacer en el estado de Puebla, tenga usted la seguridad que la decisión de un gobernador “consagrado” sería a favor de los intereses del clero. 

Es así como los jerarcas católicos se mueven en busca de privilegios y poder para que su religión resulte favorecida por encima de los demás credos. Nuestro deber es recordarle a la Iglesia católica, así como a las autoridades obstinadas en favorecerla, que todas las asociaciones religiosas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de antigüedad, número de adeptos, infraestructura templaria, o cualquier otra condición o circunstancia. 

La reforma del artículo 24 constitucional y los recientes atropellos al Estado laico prueban con absoluta claridad que el intento del clero y de no pocos actores políticos es que volvamos al México confesional, donde la Iglesia católica ejercía un control moral e ideológico completo de toda la enseñanza y de la vida y costumbres de los mexicanos. Al referirse a ese tiempo, el escritor Francisco Martín Moreno señala que la Iglesia romana “monopolizó la educación durante tres siglos y medio, de modo que para 1821, cuando Iturbide llegó al poder, México, con cuatro millones de kilómetros cuadrados, se encontraba sepultado en el analfabetismo con un noventa y ocho por ciento de la población incapaz de saber leer y escribir”. 

El Estado laico, guiado por la búsqueda del bien común, favorece el sano desarrollo de la diversidad religiosa, haciendo posible la convivencia pacífica entre las personas de diferentes credos. Gracias a este régimen jurídico, que ha sido un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos, los mexicanos  hemos podido vivir en paz en las últimas siete décadas.

Ahí están los actos violatorios de la ley, ampliamente difundidos y documentados en los medios de comunicación y en las redes sociales; sólo falta la decisión de la instancia federal responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”. Me refiero, evidentemente, a la Secretaría de Gobernación, que tiene también el deber de “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto”. La sociedad mexicana, que sabe que la impunidad es un mal que daña la confianza del pueblo hacia sus autoridades, exige sanciones para este tipo de infracciones.