lunes, 22 de abril de 2013

UNA CONSAGRACIÓN QUE VIOLA EL ESTADO LAICO



Por Armando Maya Castro

El gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez violentó el Estado laico al participar en una misa en la que hizo una insólita consagración de su persona, de su familia y de su servicio público a la sociedad
En materia de libertad religiosa, muy caro le ha costado a la sociedad mexicana su falta de reacción ante las continuas agresiones al Estado laico por parte de algunos de sus gobernantes. Me da la impresión de que tales atropellos los vemos como parte de nuestra cotidianidad, y que no existe ningún interés de denunciar y condenar enérgicamente estos actos anticonstitucionales. 

La más reciente de estas violaciones tuvo lugar el pasado 20 de abril, en el estado de Chihuahua, donde el gobernador César Duarte Jáquez, en clara transgresión al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, consagró su servicio público al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, en una misa presidida por el Arzobispo Constancio Miranda Weckmann. 

Ahí, el citado gobernador expresó: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua”. 

César Duarte procedió como lo hacían las autoridades mexicanas durante la vigencia del Estado confesional, “olvidando” que el Estado mexicano es laico por mandato de ley. En aquel tiempo, acciones como estas no constituían una ofensa a los sentimientos religiosos de otras personas, porque la mayoría de los mexicanos eran católicos. Hoy, la diversidad religiosa es una realidad inocultable en Chihuahua y en los demás estados de la República, por lo que puedo afirmar que la acción de Duarte constituye una ofensa a la fe de las minorías religiosas de esa entidad. 

Estoy convencido de que César Duarte conoce muy bien la composición plurirreligiosa de Chihuahua, un estado donde, según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, el 76% de la población profesa la religión católica. Estos números dejan en claro que más del 20% de los habitantes de esa entidad de la República no son católicos. En un estado así, cualquier inclinación de la autoridad hacia determinada iglesia quebranta el principio de no discriminación con el que se debe regir todo Estado laico. 

Pese a lo evidente, un día después de su “consagración”, Duarte Jáquez hizo la siguiente declaración mediática en Aguascalientes: “De ninguna manera (rompe con el estado laico) tenemos nuestro propio derecho de asumir la creencia que nosotros cada uno con libertad podamos definir, fue un acto personal, de mi familia”. 

La acción del gobernador sí atenta contra la laicidad del Estado porque va más allá de lo personal y lo privado. El servicio público que el gobernador consagró a la virgen, en una reunión pública, no emana de su persona; le fue conferido por el voto popular, no para cumplir una función religiosa, sino para servir sin distinción a los chihuahuenses. Se trata, en suma, de un servicio que está integrado en un Estado laico, el cual debe ser neutral ante las diferentes confesiones e imparcial respecto a los creyentes o no creyentes.

Nadie cuestiona las creencias personales de César Duarte, quien tiene el derecho de creer en lo que quiera. Cuestionamos que el gobernador pase por alto la ley que prohíbe a los funcionarios públicos asistir con ese carácter a cualquier acto religioso. El artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, aprobada el 15 de julio de 1992, señala en su párrafo tercero: “Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares…”. 

Al explicar el sentido de la anterior restricción, Roberto Blancarte explica: “El objetivo de dicho artículo en la ley es muy claro. Respetar el principio de separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias, evitando la confusión de atribuciones o intentos de manipulación, en cualquiera de los sentidos; es decir, evitando la utilización política de lo religioso y la utilización religiosa de lo político”. 

Corresponde a la Segob, y no a César Duarte, determinar si se violó o no el Estado laico; y si hubo violación, será dicha instancia la responsable de aplicar las sanciones previstas en la Ley.

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