Por Armando Maya Castro
En
materia de libertad religiosa, muy caro le ha costado a la sociedad mexicana su
falta de reacción ante las continuas agresiones al Estado laico por parte de algunos
de sus gobernantes. Me da la impresión de que tales atropellos los vemos como
parte de nuestra cotidianidad, y que no existe ningún interés de denunciar y
condenar enérgicamente estos actos anticonstitucionales.
La
más reciente de estas violaciones tuvo lugar el pasado 20 de abril, en el
estado de Chihuahua, donde el gobernador César Duarte Jáquez, en clara
transgresión al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias,
consagró su servicio público al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María,
en una misa presidida por el Arzobispo Constancio Miranda Weckmann.
Ahí,
el citado gobernador expresó: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me
consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al
Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y
por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su
divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de
Chihuahua”.
César
Duarte procedió como lo hacían las autoridades mexicanas durante la vigencia
del Estado confesional, “olvidando” que el Estado mexicano es laico por mandato
de ley. En aquel tiempo, acciones como estas no constituían una ofensa a los
sentimientos religiosos de otras personas, porque la mayoría de los mexicanos
eran católicos. Hoy, la diversidad religiosa es una realidad inocultable en
Chihuahua y en los demás estados de la República, por lo que puedo afirmar que la
acción de Duarte constituye una ofensa a la fe de las minorías religiosas de
esa entidad.
Estoy
convencido de que César Duarte conoce muy bien la composición plurirreligiosa
de Chihuahua, un estado donde, según cifras del Censo de Población y Vivienda
2010, el 76% de la población profesa la religión católica. Estos números dejan
en claro que más del 20% de los habitantes de esa entidad de la República no
son católicos. En un estado así, cualquier inclinación de la autoridad hacia
determinada iglesia quebranta el principio de no discriminación con el que se debe
regir todo Estado laico.
Pese
a lo evidente, un día después de su “consagración”, Duarte Jáquez hizo la
siguiente declaración mediática en Aguascalientes: “De ninguna manera (rompe
con el estado laico) tenemos nuestro propio derecho de asumir la creencia que
nosotros cada uno con libertad podamos definir, fue un acto personal, de mi
familia”.
La
acción del gobernador sí atenta contra la laicidad del Estado porque va más
allá de lo personal y lo privado. El servicio público que el gobernador
consagró a la virgen, en una reunión pública, no emana de su persona; le fue
conferido por el voto popular, no para cumplir una función religiosa, sino para
servir sin distinción a los chihuahuenses. Se trata, en suma, de un servicio que
está integrado en un Estado laico, el cual debe ser neutral ante las diferentes
confesiones e imparcial respecto a los creyentes o no creyentes.
Nadie
cuestiona las creencias personales de César Duarte, quien tiene el derecho de creer
en lo que quiera. Cuestionamos que el gobernador pase por alto la ley que prohíbe
a los funcionarios públicos asistir con ese carácter a cualquier acto
religioso. El artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
aprobada el 15 de julio de 1992, señala en su párrafo tercero: “Las autoridades
antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto
religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos
similares…”.
Al
explicar el sentido de la anterior restricción, Roberto Blancarte explica: “El
objetivo de dicho artículo en la ley es muy claro. Respetar el principio de
separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias, evitando
la confusión de atribuciones o intentos de manipulación, en cualquiera de los
sentidos; es decir, evitando la utilización política de lo religioso y la
utilización religiosa de lo político”.
Corresponde
a la Segob, y no a César Duarte, determinar si se violó o no el Estado laico; y
si hubo violación, será dicha instancia la responsable de aplicar las sanciones
previstas en la Ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario