LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO AMENAZA

Por Armando Maya Castro

En México, la libertad de expresión es objeto de constantes ataques. Desde hace décadas son frecuentes en nuestro país los actos de hostigamiento, los malos tratos y las intimidaciones contra los periodistas que dan a conocer información molesta a los ojos de las autoridades y de algunos miembros de la clase política mexicana.

Duele decirlo, pero en México la labor periodística se ha convertido en la práctica más peligrosa para quienes se dedican a investigar y denunciar los actos de corrupción y abuso de poder de las autoridades, así como las actividades delictivas de las bandas criminales, las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos.

De un tiempo a la fecha, el discurso oficial señala que la amenaza a la libertad de expresión proviene principalmente de los cárteles del crimen organizado, quienes ven en el trabajo periodístico una afectación a sus intereses. Otras amenazas a esta preciada libertad provienen de la clase política y de los gobiernos autoritarios, tentados a formular leyes para limitar y/o controlar la libertad de expresión. El mejor ejemplo es la Ley Peña-Televisa, que pretende amordazar la libertad de expresión y acallar las voces libres.

Por ello, algunos políticos, académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos constituyeron el Frente por la Comunicación Democrática, que tiene el propósito de cerrar el paso a la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicación del presidente Enrique Peña Nieto. Este grupo está encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y por el senador panista Javier Corral, quienes señalan que la propuesta del mandatario mexicano pretende burlar la Constitución, mantener el privilegio de las televisoras y regresar al gobierno mecanismos de control autoritario.

La libertad de expresión, signo de progreso y civilización, es una conquista lograda por Benito Juárez y los hombres de la Reforma. La Constitución de 1857 reconoció este derecho estableciendo entre otras libertades la de palabra, imprenta, enseñanza, reunión y de trabajo. Un antecedente de esta libertad la encontramos en la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.

En la Asamblea Constituyente de 1857, Francisco Zarco disertó ardientemente en defensa de la libertad de expresión: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos”, señaló el político, periodista e historiador mexicano.

Durante el periodo presidencial de Juárez (1858-1872) mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la primera Constitución liberal que tuvo México. A partir de entonces comenzaron a publicarse periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.

El libre ejercicio del periodismo en México ha implicado siempre riesgos, amenazas y obstáculos. Las agresiones a nuestros periodistas han sido tantas y tan frecuentes que por algo México fue considerado –hace algunos años– como el país latinoamericano más peligroso para el ejercicio del periodismo. El número de periodistas agredidos y asesinados ocasionó que en el extranjero se tuviera la percepción de que en nuestra nación no existía libertad de expresión.

El Estado debe admitir que al incumplir su compromiso con la libertad de prensa le ha fallado no sólo a los periodistas sino también a la ciudadanía, que tiene el derecho a ser informada. Es oportuno recordar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Otro ordenamiento jurídico orientado a salvaguardar la integridad física de los comunicadores es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de estas leyes, hay casos como el de la politóloga y columnista Denise Dresser Guerra que son altamente preocupantes. La organización Artículo 19 –que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, y que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garante de la libertad de expresión– acaba de denunciar una presunta intimidación a  Dresser por haber publicado una columna que recuerda información difundida sobre presuntos lazos con el narcotráfico de Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados federales del PRI.

Otro caso preocupante se dio en el municipio de Ixtaltepec, Oaxaca, donde periodistas del diario El Imparcial del Istmo protestaron porque el pasado lunes uno de sus voceadores fue detenido arbitrariamente por policías municipales, quienes le exigieron no vender más ejemplares, debido a que el diario contenía información  no grata para el alcalde Rubén Antonio Altamirano.

Estos y otros casos obligan al Estado mexicano a redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de la libertad de expresión, procurando que nuestros periodistas realicen su trabajo sin miedo, algo que sólo puede ser posible en un entorne libre de amenazas y agresiones.