Juan Méndez, relator especial para la Cuestión de
la Tortura de la ONU, comenzó el día de ayer una visita oficial a México.
Información vertida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indica que
durante su estancia en territorio mexicano, Méndez sostendrá cerca de 25
reuniones con alrededor de 100 funcionarios federales y estatales.
Las actividades y reuniones del relator de la ONU buscan
disminuir los índices de tortura policiaca existentes en casi todos los estados
de la República mexicana. Y no es para menos si tomamos en cuenta que la
tortura se ha convertido en México en una práctica sistemática, generalizada e
impune. Un dato que demuestra la anterior afirmación nos lo da la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH): de las 1.662 denuncias de tortura y malos
tratos que este organismo recibió en 2012, no se impusieron condenas por
tortura a lo largo de ese año.
Para ponerle fin a esta vergonzosa impunidad –que
alcanzó niveles inimaginables en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa– es
necesario comenzar a investigar los hechos de tortura y las demás conductas
violatorias de derechos humanos. Asimismo, es necesario aplicar el peso de la
ley a las autoridades que incumplen con su deber de investigar los actos de tortura
policial, algunos de los cuales han producido el encarcelamiento de personas
inocentes, obligadas a firmar bajo tortura declaraciones falsificadas.
En varias oportunidades hemos hablado en este
espacio sobre este persistente problema. A finales de junio de 2013 recordé las
declaraciones de Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, quien se expresó
así del tema que hoy nos ocupa: "Las fuerzas de seguridad de México siguen
atacando a personas a las que consideran enemigos, especialmente aquellas de
las que creen que tienen vínculos con el narcotráfico, sin poseer
necesariamente pruebas reales. Esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias,
tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos".
Entiendo perfectamente bien que la tortura ha sido
empleada desde épocas muy remotas por la mayoría de los pueblos de la tierra.
Fue utilizada en la Edad Media por la inquisición, principalmente en aquellos
países donde el catolicismo llegó a ser la religión dominante. La inquisición
fue instituida en 1231 a través de los estatutos “Excommunicamus” del papa
Gregorio IX. Esta institución criminal –que no judicial– centró su atención en
la herejía y en sus supuestos autores, a quienes procuró descubrir, enjuiciar y
sentenciar.
A esta inhumana institución, Inocencio IV le
imprimió un carácter más diabólico. El 15 de mayo de 1252, a través de la bula
“Ad extirpanda”, se autorizó el uso de la tortura en los interrogatorios
inquisitoriales. Antes de esto, la tortura física, aunque se practicaba, era
ilegal y se consideraba ajena a la práctica canónica (Samuel Villa, Historia de la
Inquisición y la Reforma en España, Clie,
Barcelona, 1977, p. 38).
Las pruebas obtenidas bajo tortura, que hoy en día son
consideradas nulas conforme a la Declaración Universal de Derechos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los tiempos de la inquisición
eran suficientes para enviar a la hoguera a cualquier persona sospechosa de
herejía.
Por Armando Maya Castro
Luego de varias supresiones temporales, la
inquisición fue suprimida definitivamente en 1834. Aunque este despótico
tribunal ya no existe, sobrevivieron los métodos y técnicas de la tortura, tan
frecuentes en las corporaciones policiacas que no cuentan con la formación adecuada
o los recursos necesarios, lo que los lleva a "recurrir a la tortura o los
malos tratos como un método rápido para obtener confesiones y conseguir que los
tribunales dicten declaraciones de culpabilidad", afirma Amnistía
Internacional (AI).
Es oportuno
mencionar que a partir de la promulgación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, algunos países del mundo han
realizado importantes avances para acabar con la tortura. En nuestro país sí se
han dado avances, pero no lo suficientes como para erradicar el flagelo de la
tortura y del maltrato.
A pesar de que el
artículo 5° de la Declaración antes mencionada ordena que "nadie será
sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes",
la realidad es que en México a la mayoría de las víctimas de tortura se les
niega sistemáticamente la justicia. Esto, afirma AI, "crea una atmósfera
en la que los posibles torturadores pueden seguir torturando y maltratando,
sabiendo que no serán detenidos, procesados ni castigados".
Los mexicanos
esperamos que la visita del relator Méndez a México no se limite a recibir
informes sobre las actividades y avances legales del Estado Mexicano en contra
de la tortura. Esperamos que su visita contribuya a sensibilizar a nuestras
autoridades para que cesen las prácticas que se dan en los separos y en otros lugares
clandestinos, donde policías y judiciales siguen torturando a los detenidos,
restándole importancia a las leyes y a los instrumentos internacionales que
prohíben el uso de la tortura.
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