Por Armando Maya Castro
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El gobernador Miguel
Márquez Márquez prestará el helicóptero del estado de Guanajuato al nuncio apostólico
en México, Cristophe Pierre, para trasladarlo a la cima del cubilete durante la
peregrinación a Cristo Rey. Esta acción violenta la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, ordenamientos jurídicos que establecen que el Estado mexicano es laico
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Jorge Adame Goddard define al
Estado laico como "aquella organización política que no establece una
religión oficial, es decir que no señala una religión en particular como la
religión propia del pueblo, que por lo mismo merece una especial protección
política y jurídica".
Al hablar sobre la importancia
y beneficios de la laicidad estatal, el catedrático de la UNAM explica que
"la razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y
respetuosa, dentro de la misma organización política, de diferentes grupos religiosos”.
Un Estado proclive a la
confesionalidad constituye una seria amenaza para la relación no hostil entre
las diversas religiones, poniendo en riesgo la paz y seguridad social. De ahí
la importancia que los funcionarios de gobierno ejerzan su puesto de autoridad
alejados de las diferentes doctrinas religiosas, lo que implica una separación entre
lo político y lo religioso.
La clase política mexicana
debería aceptar que la autonomía en cuestión no es opcional, sino jurídicamente
obligatoria. El artículo 130 constitucional establece el “principio histórico
de la separación del Estado y las Iglesias”. Hace lo propio la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público (LARCP), “reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones,
agrupaciones religiosas, iglesias y culto público”.
Queda claro que nuestra Carta
Magna no deja esta separación a criterio de las autoridades. Lo ordena a través
de las disposiciones constitucionales en materia de laicidad y separación del
Estado y las Iglesias, procurando que el Estado esté al servicio de todos los
ciudadanos, tengan o no tengan religión.
En México, lamentablemente, la
separación en cuestión está desapareciendo debido a los siguientes factores: 1)
las presiones de un clero católico ávido de un trato preferencial; 2) la
actitud condescendiente de la clase política mexicana; 3). la inacción de la
Secretaría de Gobernación (Segob), la instancia encargada de "vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de
culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas".
Esto último es de tal gravedad
que ha propiciado una espiral de impunidad entre la clase política mexicana. Si
lo duda, acompáñeme a revisar las más recientes violaciones del Estado laico, acciones
con una fuerte carga de cinismo y que revelan cómo las autoridades mexicanas siguen
pasando por encima de los principios constitucionales de laicidad y no
discriminación.
La primera de estas violaciones
fue publicada en el diario Reforma bajo el siguiente título: “Destinan en
Acapulco 27 mdp para iglesia”. Alfonso Juárez, corresponsal de este importante
diario de circulación nacional, nos informa que la comunidad cultural de
Guerrero denunció al diputado federal del PRI, Manuel Añorve Baños, por haber
gestionado 27 millones de pesos ante el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta), para un supuesto auditorio de usos múltiples, el cual
operará la Iglesia católica.
En relación a la acción anticonstitucional
del legislador guerrerense, el escritor Antonio Salinas, uno de los
denunciantes, señaló: “La comunidad cultural de Guerrero se manifiesta y
externa su rechazo por la corrupción, el tráfico de influencias y el cinismo
con que fueron etiquetados estos recursos".
La intención del diputado
priista es clara: ganarse la bendición de la Arquidiócesis de Acapulco, lo cual
no tendría nada de malo si lo hiciera con sus propios recursos, no con los del
erario. El beneficio que dicho legislador intenta brindar a la Iglesia católica
quebranta el artículo 40 constitucional, así como el 3° de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), en los que se asienta que el
Estado mexicano es laico, y que como tal “no podrá establecer ningún tipo de
preferencia en favor de religión alguna”.
El otro caso que viola el
Estado laico fue publicado en el periódico El Universal bajo el siguiente
título: “Gobierno de Guanajuato prestará helicóptero a nuncio”. De acuerdo con
esta nota, “el nuncio apostólico, Christophe Pierre, “será transportado en el
helicóptero del estado de Guanajuato para oficiar la celebración litúrgica con
motivo de la Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey”. Así lo dio a conocer
Víctor León, presidente Nacional del Movimiento Testimonio y Esperanza, expresándose
así de la acción del gobierno guanajuatense: "En eso nos han apoyado, en
transporte para el nuncio apostólico, la Arquidiócesis (de León) no tiene
helicóptero y el nuncio apostólico dice ‘yo sí quiero cruzar por dónde van los
jóvenes, pero no alcanza a llegar a la misa', entonces conscientes de ello han
facilitado el helicóptero", explicó.
El organizador de la marcha
religiosa informó que el Ejecutivo estatal, “además de proporcionar la aeronave
para el traslado del representante del Papa Francisco, apoyará el evento con gasolina para algunos vehículos y con baños
portátiles”. Esta
acción, aunque no la perciban así las autoridades guanajuatenses, violenta de manera flagrante los
principios de laicidad y de separación
del Estado y las iglesias.
No puedo omitir el caso que
involucra a José Luis Aguilar Cuéllar, regidor panista del Ayuntamiento de
Ciudad Juárez, registrado ante la Segob como apoderado legal y ministro de
culto perteneciente a la agrupación denominada Rescue Mission de México
(SGAR/2285/97). Este caso quebranta lo
que respecto a las autoridades dispone el artículo 14 de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público: “No podrán ser votados para puestos de elección
popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se
separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco
años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la
elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.
La Secretaría de Gobernación
debería de aplicar las sanciones que marca la ley para detener estos atropellos
en contra del Estado laico, perpetrados por hombres y mujeres que juraron
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
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