¡CUÁNTA FALTA NOS HACE JUÁREZ!

Por Armando Maya Castro

Que Felipe Calderón Hinojosa no haya besado en público el anillo papal –como lo hizo Vicente Fox Quesada cuando recibió a Juan Pablo II en el hangar presidencial de la Ciudad de México, en el año 2002– no significa que el Estado laico haya salido indemne en la reciente visita de Benedicto XVI a Guanajuato. Los mexicanos hemos sido testigos de que antes y durante la misa papal se cometieron, entre otras, las siguientes violaciones a la laicidad del Estado mexicano: 1) el uso indiscriminado de recursos públicos para la recepción del papa; 2) la participación de Calderón en la misa multitudinaria; 3) la inclinación de éste ante Ratzinger para recibir la comunión; 4) el beso del gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, al anillo papal; 5) la presencia de todos los aspirantes presidenciales en la misa papal, celebrada en el Parque Bicentenario de Silao.

Calderón quiso pasar a la historia como el primer mandatario mexicano que recibe en público la comunión, y lo logró. Hace 10 años, su antecesor en la Presidencia besó el anillo de Karol Wojtyla, aunque no pudo comulgar en la misa de beatificación de Juan Diego, debido a que su matrimonio con Martha Sahagún no era reconocido por la Iglesia católica: ambos estaban divorciados de sus anteriores parejas. 

La inclinación del presidente Calderón ante el papa para recibir la comunión, exhibió, por un lado, su franco desacato al artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y, por el otro,  la sumisión y pleitesía de un jefe de Estado ante otro jefe de Estado. Este acto, aparte de constituir una flagrante violación a la ley antes mencionada, resultó ofensiva para un pueblo religiosamente plural como el nuestro. Las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 indican claramente que en México más de 20 millones de personas se declaran no católicos. Por respeto a nuestras leyes y a la actual composición plurirreligiosa del pueblo mexicano, el presidente de México debió haberse abstenido de manifestar su fe en público en el desarrollo de la misa papal. 

Nadie niega su derecho de profesar en el ámbito privado la confesión religiosa de su preferencia; lo que no puede ni debe hacer, como primer mandatario de la nación, es participar públicamente en ceremonias de carácter religioso, olvidando su condición de representante de un Estado que, por mandato de ley, es laico. Por ningún motivo puede someter a los ciudadanos de esta nación al jefe de la institución religiosa a la que él pertenece. 

El presidente Calderón violentó una vez más el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Violación similar cometió el gobernador Juan Manuel Oliva al derrochar –al igual que los alcaldes de León, Silao y Guanajuato– recursos públicos para recibir a Benedicto XVI, situación que generó inconformidad en algunos sectores de la población, además de evidenciar el compromiso e incondicionalidad de los grupos conservadores de la extrema derecha, con el principal jerarca del catolicismo a nivel mundial. Oliva quebrantó la ley al besar el anillo del papa, soslayando intencionalmente el hecho de que México es un Estado laico. Nadie cuestiona la creencia religiosa del gobernador guanajuatense, sino su menosprecio público a la Constitución y a las leyes que regulan la actuación de las autoridades en materia religiosa.

La presencia de todos los aspirantes a la Presidencia en la misa papal es también violatoria de la ley y del Estado laico. Algunos de ellos afirman una cosa y enseguida hacen todo lo contrario. Me refiero al caso específico de Enrique Peña Nieto, quien primero ofrece mantener una actitud de defensa al Estado laico y de respeto a las distintas iglesias, y luego se presenta en la misa papal sin el más mínimo respeto a la ley.  Josefina Vázquez Mota no se limitó a hacer acto de presencia en la misa papal, sino que también comulgó, imitando el ejemplo de Calderón. 

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que el Papa no iba “a intervenir en lo absoluto en la vida interna de México", a través de su Secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, sí intervino en la vida interna de México. Lo hizo cuando, sin el más mínimo respeto a la soberanía nacional,  pidió que se afiance en México la libertad religiosa, afirmando que “ese derecho fundamental  del ser humano va mucho más allá del mero culto”. Las declaraciones del cardenal sobre la reforma del artículo 24 constitucional violan el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, mismo que fue establecido por Benito Juárez desde mediados del siglo antepasado.

Todo parece indicar que el llamado de Bertone en su estancia en Guanajuato produjo efecto en la mayoría de los senadores de la República, quienes aprobaron –de espaldas a la nación y a puerta cerrada– la reforma del artículo 24 constitucional, modificación que abre la puerta a futuras modificaciones que permitirán que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa y que las “iglesias”  cuenten con medios de comunicación. 

La figura de Juárez se agiganta cuando observamos a los legisladores y a una clase gobernante rendida a los pies de un poder extranjero, permitiendo la intromisión del Vaticano en asuntos internos de México, los cuales son competencia exclusiva de los mexicanos. Es inaceptable que nuestros políticos le hayan permitido a Bertone dirigir un mensaje violatorio de la soberanía nacional, que echa por tierra el inmortal apotegma de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Si esto hubiese ocurrido en el tiempo del Benemérito de las Américas, el rechazo a la intromisión vaticana hubiera sido inmediato. ¡Cuánta falta nos hace Juárez!

 Twitter: @armayacastro