Por Armando Maya
Castro
Tras enterarme del contenido de un viejo artículo de Josefina Vázquez
Mota, publicado el año de 1998 en el diario El Economista, bajo el título “Dictadura y Desarrollo”, decidí
escribir sobre el derechista Augusto Pinochet Ugarte, acusado por tribunales
españoles de cometer crímenes de lesa humanidad.
La virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República elogió así
las políticas económicas de Pinochet: “La economía chilena fue dejada en manos
de un grupo de expertos que tuvieron que enfrentar una fuerte crisis a
principios de los 80s y sus políticas públicas estuvieron apegadas en lo
general a los principios de una economía de mercado que hasta hoy han tenido
continuidad y se han venido consolidando con el paso de los años”.
La aspirante presidencial añade que “la dictadura chilena deja grandes
lecciones y la historia se está encargando de dar a cada quien su tributo y
responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo
una piel de cordero”.
Estos elogios provocaron una cascada de críticas en las redes sociales
contra la panista. Verónica Cifuentes, Presidenta Regional Provisora del
Partido Progresista de Chile (PRO), condenó el hecho: “Aberrante que candidata
Presidencial Mexicana de derecha del PAN haya elogiado la dictadura de un
tirano sin nunca arrepentirse”.
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| Comulgando como buen católico |
El 16 de octubre de 1998, el dictador fue arrestado en un hospital de
Londres, donde se reponía de una cirugía. Su estancia en esa ciudad tenía,
además, el propósito de “negociar armamentos destinados a las Fuerzas Armadas
chilenas”. Inmediatamente, el magistrado madrileño, Baltasar Garzón, solicitó
la extradición del ex dictador “en relación con una investigación por la
desaparición y el asesinato, en los años de la dictadura chilena, de algunos
ciudadanos de origen español”.
Amnistía Internacional aprobó la solicitud del magistrado español por
considerar que el dictador chileno era responsable de crímenes contra la
humanidad. A la solicitud española se sumaron las de Francia, Suiza y Suecia,
por el trato inhumano que algunos ciudadanos de estas naciones recibieron del
régimen dictatorial impuesto en Chile por Augusto Pinochet.
Mientras los jueces londinenses resolvían qué hacer con Pinochet, éste
permaneció bajo arresto domiciliario en una “lujosísima mansión en los
alrededores de Londres”, cuyo alquiler ascendía a los 60.000 dólares mensuales.
El dictador manifestó en todo tiempo que su detención era injusta; negaba
haber participado en las violaciones a los derechos humanos y en la denominada
caravana de la muerte, un operativo cuyo objetivo era asesinar a decenas de
dirigentes y activistas disidentes. Pinochet se quejaba de estar sometido a un
arresto prolongado e injusto en territorio extranjero, enfermo y lejos de su
patria.
El Vaticano también creía que se cometía una injusticia con el dictador
chileno. Por ello, Ángelo Sodano, a la sazón secretario de Estado del Vaticano,
se encargó de evitar que la Gran Bretaña ejecutara la extradición solicitada
por el juez Garzón. De esta manera, Sodano
agradecía los favores que la Iglesia católica recibió de Pinochet cuando dicho clérigo
se desempeñó como Nuncio Apostólico (1978-1988).
El 19 de febrero de 1999, el Vaticano reconoció haber intercedido y
actuado en defensa del ex jefe del Estado chileno. Joaquín Navarro Valls, portavoz
de la sede papal, admitió que la jerarquía católica había enviado a la Cámara
de los Lores británica una carta en la que –argumentando motivos humanitarios–
pedía la liberación de Pinochet. Las gestiones vaticanas generaron inconformidad
en algunos sectores de la sociedad chilena, pero sobre todo en los familiares
de los desaparecidos y víctimas de la tiranía pinochetista.
Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
(AFDD), descalificó la postura de la Iglesia católica: “Nos gustaría que el
Vaticano enviara una carta a Chile demandando justicia por tantos crímenes
cometidos. No se entiende que la Iglesia haya privilegiado defender a un
criminal en vez de pedir que sea sancionado por los delitos que cometió”.
El 17 de febrero de 2000, el Vaticano, invocando motivos de salud, se
pronunció nuevamente a favor del retorno de Pinochet a Chile. Ángelo Sodano
declaró que se trataba de “un caso humanitario y jurídico que preocupa a todos,
que preocupa al gobierno de Chile y también a la Santa Sede". Ese mismo
día, el amigo personal de Pinochet declaró: “los pasos que pudimos hacer según
nuestras posibilidades los hemos hecho”.
El 2 de marzo de 2000, ignorando el pedido de extradición de cuatro
países europeos, el ministro del interior de Inglaterra, Jack Straw, liberó al
ex gobernante chileno “por razones médicas”. Fue así como las gestiones realizadas
por el Vaticano pusieron fin a un arraigo domiciliario que duró 16 meses,
permitiendo el retorno de Pinochet al país que fue testigo de sus crueldades y arbitrariedades.
Para entender el proceder del Vaticano necesitamos conocer los
privilegios que el dictador chileno otorgó a la Iglesia católica durante la
dictadura. Observe usted las declaraciones que, en febrero de 1987, hiciera
Francisco Javier Cuadra, ministro secretario general del entonces gobierno de
Chile:
"En
1981, el gobierno aprobó un decreto que permite la educación religiosa [en las
escuelas] hasta la enseñanza media. Es un objetivo que la jerarquía
eclesiástica intentaba obtener desde 1925 y había solicitado a todos los
gobiernos. Este gobierno lo ha permitido. También hemos mantenido la política
de asistencia financiera a las universidades católicas. Una parte importante de
los gastos de las universidades católicas en Chile se financia con fondos
fiscales. Se han mantenido los acuerdos que establecen para el personal
eclesiástico distintas exenciones desde el punto de vista tributario, aduanero,
etcétera. En el mes de marzo, como muestra de adhesión a la visita del Santo
Padre, incluso el último resquicio legal que permitía el aborto en algunas
circunstancias, se cancelará definitivamente. En el plano internacional y en el
campo de la natalidad hemos perseguido una política de pleno apoyo a las
orientaciones de la Santa Sede" (Discípulos de la Verdad, A la sombra del Papa
enfermo, Ediciones B, Barcelona, 2001,
pp. 325, 326).
Por estas prebendas, la Iglesia católica y Juan Pablo II hicieron todo
lo que estuvo a su alcance para lograr la liberación del más leal y eficaz de
sus siervos en Chile: el General Augusto Pinochet Ugarte, el mismo que Josefina
Vázquez Mota admira y elogia. Me queda claro que los regímenes de derecha, tanto
los democráticos como los dictatoriales, existen para servir a la Iglesia
católica. ¿Usted que opina?
Twitter: @armayacastro
Hola:
ResponderEliminarLos invito a reflexionar sobre Pinochet con este video.
http://www.youtube.com/watch?v=Z7-dq1xgc8c