Por Armando Maya Castro
La reforma del artículo
24 constitucional aún no se concreta. Falta la ratificación de los Congresos
estatales, algunos de los cuales enviaron exhortos al Senado de la República
para que en la votación del pasado 28 de marzo se rechazara la minuta de
dictamen relativa a dicha modificación. Recordemos que el proyecto de reforma necesita
el aval de 16 legislaturas locales para que pueda ser promulgada por el
Ejecutivo Federal y pase a ser una norma constitucional vigente.
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| Congreso de Nayarit |
Por fortuna, el
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga
a las legislaturas de los estados la competencia para aprobar las reformas y
adiciones, pudiendo, en sentido contrario, expresar su voto negativo: “La
presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de
las Legislaturas de los estados”.
Foro Cívico México
Laico, en su más reciente desplegado nos dice que los Congresos locales de Jalisco,
Nuevo León, Coahuila, Morelos y Colima, así como la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, expresaron su rechazo oficial a la reforma del artículo 24
constitucional basando su posición, entre otras razones, en que la citada
reforma “otorga privilegios indebidos; no amplía libertades en materia
religiosa, sino que faculta los poderes públicos para escudriñar la conciencia
y las convicciones de los ciudadanos, convirtiendo así al Estado de Derecho en
un Estado confesional”.
El pueblo de México espera
que las demás Legislaturas estatales atiendan la preocupación de la ciudadanía y
rechacen la reforma del artículo 24 constitucional, cuya intencionalidad es el otorgamiento
de privilegios a la Iglesia católica, en claro
perjuicio de las minorías religiosas establecidas en el país. Los mexicanos
esperamos que los legisladores de los Congresos estatales privilegien
los principios y valores del Estado laico, que tiene como base fundamental el
respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a la gobernabilidad
democrática.
Alguien podrá argumentar, en defensa de la labor legislativa de los
senadores, que el hecho de que el Estado laico haya sido constitucionalizado a
través de la reforma del artículo 40 deja a éste libre de amenazas. La laicidad
del Estado mexicano sólo podrá estar a salvo cuando se encuentre libre de las
imposiciones y del control del poder eclesiástico. La función del Estado laico
consiste en proteger las libertades de todos los mexicanos, lo que no ocurrirá
si las Legislaturas estatales aprueban una reforma que abre el camino para
futuras modificaciones en detrimento del Estado laico, lo que afectará en mayor
medida a las minorías religiosas del país. Corresponde a los Congresos
estatales evitar que se utilice la libertad religiosa como fundamento de
privilegios. Los mexicanos esperamos que estén a la altura de las
circunstancias.
Por otra parte, llaman la atención las
declaraciones de Carlos Aguiar Retes, titular de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, quien el pasado jueves declaró: los obispos del país “no somos gestores
de la reforma al artículo 24 constitucional”, descartando que las reformas
hayan sido el fruto de algún acuerdo con el Vaticano. Habrá que recordarle a Carlos
Aguiar Retes que fue él mismo quien hizo la propuesta de sustituir el término
de libertad de culto y creencias por libertad religiosa (La Jornada, 28 de
febrero de 2008). Tras ser electo como presidente de la CEM, Aguiar Retes señaló:
“Espero que, durante este periodo en el que fui elegido, se puedan hacer los
contactos en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en
materia religiosa ‘que necesita el país’, para alcanzar así la democracia
plena”.
La CEM niega ahora lo que admitió el pasado 7 de
febrero a través de un comunicado publicado en su sitio oficial, bajo el título
“El poder de la mentira;
ofuscación a la verdad”, donde leemos textualmente: “Si bien la Iglesia
católica ha estado impulsando esta reforma constitucional, no lo hace para
sacar prerrogativas, como algunos lo quieren hacer notar, sino por coherencia a
su propia misión”. Estas evidencias son, sin lugar a dudas, inobjetables.
Como ya se demostró, fue la
Conferencia del Episcopado Mexicano la que propuso la reforma que ha llevado a
cabo el Senado de la República. Fueron los obispos católicos –con el apoyo de
la derecha yunquista en el poder– los que dieron seguimiento a la reforma del
artículo 24 constitucional, en la que influyó de manera determinante la visita
del papa Benedicto XVI a Guanajuato. Negarlo es ofender la inteligencia de los
mexicanos. ¿No cree usted?
Twitter: @armayacastro
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