Por Armando Maya Castro
El día de ayer, diversos
medios de comunicación dieron a conocer que hoy, miércoles 14 de marzo, se
aprobaría en comisiones del Senado el dictamen de reforma del artículo 24 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobación que constituye
un retroceso histórico con gravísimas consecuencias para el futuro de nuestros derechos
y libertades.
Algunos legisladores
intentan tranquilizarnos adelantándonos que el Senado votará también a favor
del dictamen que reforma el artículo 40 de nuestra Carta Magna, para elevar a
rango constitucional el carácter laico del Estado. Esto impediría, nos dicen, que
alguna religión domine el poder civil y las instituciones públicas.
Sin tomar en cuenta las
diferentes manifestaciones de rechazo de innumerables asociaciones religiosas,
organismos de la sociedad civil, intelectuales, académicos y ciudadanos en
general, las comisiones dictaminadoras nos anticipan que la iniciativa de reforma
del artículo 24 sí se aprobará. Afirman que con dicha aprobación legislativa “de
ninguna manera se tiene la intención de reformar los artículos 1°, 3°, 5°, 27 y
130 de nuestra Constitución, y por el contrario, se reafirma que deben mantenerse
incólumes por considerarlos principios fundamentales del Estado mexicano”.
Es verdaderamente
lamentable que para la Cámara de Senadores haya tenido mayor credibilidad la
palabra del cardenal Norberto Rivera y de los demás miembros del episcopado,
que la voz de millones de ciudadanos que demostraron argumentativamente que la
intencionalidad de la reforma es otorgar prerrogativas a la Iglesia católica,
en detrimento de las demás asociaciones religiosas.
Norberto Rivera salió
a declarar que “la Iglesia no busca con esta reforma remover el carácter laico
de la educación pública”, y le creyeron. Declaró que con dicha reforma la
Iglesia católica no pretende “interferir en los asuntos que son propios del
Estado”, y le creyeron. Bastó que el purpurado dijera que “la Iglesia no se
opone a la aprobación de la reforma del artículo 40 de la Constitución que
declara a la República laica”, para que los legisladores le creyeran de
inmediato.
¿No le parece extraño,
estimado lector, que de febrero de 2010 a la fecha este prelado haya cambiado su
postura respecto a la reforma del artículo 40 constitucional? Analicemos un
fragmento del comunicado que la Arquidiócesis Primada de México publicó luego
de la modificación de este artículo: "La reforma recién aprobada por la
Cámara de Diputados no tiene como fin defender el Estado laico, sino acotar la
libertad religiosa de los ciudadanos”.
La Arquidiócesis que
encabeza Rivera Carrera calificó dicha reforma como “incompleta”, afirmando que
con la misma “avanza la intolerancia, el acotamiento a las garantías de libre
credo y de reunión, y sobre todo a la libertad de expresión, consagradas en la
Carta Magna”. Ahora, su opinión es otra, pues sabe perfectamente bien que su
Iglesia saldrá altamente favorecida con la reforma del artículo 24; por eso se
pronuncia a favor de la modificación del 40 constitucional.
Es lamentable que los
senadores le hayan dado la espalda al pueblo de México legislando a favor de
los intereses y exigencias del clero. El proceder de estos legisladores nos
hace añorar a hombres de la talla de Benito Juárez, cuya herencia jurídica inauguró
la construcción del Estado laico, el mismo que ahora se pretende desmantelar
con una reforma que afecta las libertades de los mexicanos y facilita el peligroso
avance de la derecha radical vinculada al clero político.
La reforma del
artículo 24 constitucional afecta irremediablemente nuestro régimen de
libertades, pues debilita el Estado de Derecho y su laicidad. Esta reforma
vulnera gravemente el derecho de igualdad jurídica de las asociaciones
religiosas y credos existentes en el país, dejando a los miembros de las
iglesias numéricamente minoritarias en un estado de indefensión.
La aprobación del
Senado no significa que todo haya acabado. No podemos permitir el avance de
esta última reforma. Si nos cruzamos de brazos, el próximo paso será la
impartición de clases de religión en las escuelas públicas, lo que se traducirá
en un agravamiento de la discriminación en agravio de los niños y adolescentes
no católicos. Ambas cámaras legislativas minimizaron estas consecuencias y
prefirieron actuar en consonancia con los tiempos político-electorales y la
visita papal.
Es una verdadera pena
que para la mayoría de los legisladores hayan sido más importantes sus
intereses políticos que las libertades fundamentales de los mexicanos. Los senadores
de la República tuvieron ante sí la oportunidad de pasar a la historia como la
generación que preservó y consolidó el legado juarista. En vez de ello, prefirieron
figurar entre los depredadores del Estado laico. Insisto: es una verdadera
pena.
Twitter:
@armayacastro
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