LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Por Armando Maya Castro

Pese al compromiso que el gobierno de Enrique Peña Nieto afirma tener para la defensa de la libertad de expresión, lo cierto es que las agresiones a dicha libertad durante el primer semestre de este año se incrementaron más del 46% en comparación con el mismo periodo de 2012, informó Artículo 19

 “Mi Gobierno está comprometido con la libertad de expresión para expresar las ideas con los distintos medios, que a veces gustan y otras no, pero esa es la bondad, es lo que tenemos como país, el que cada cosa, cada mexicano pueda expresar, pueda sentirse y dejarse escuchar, oír a través de los distintos medios de comunicación", así se expresó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la ceremonia de reconocimiento a los 70 años de trayectoria periodística de Jacobo Zabludovsky, celebrada este miércoles en la Escuela Primaria España.

Quiero referirme en concreto a lo que dijo Peña Nieto sobre la libertad de expresión, no al trabajo del periodista que durante 27 años fue el conductor de 24 Horas, el noticiero que transmitió Televisa a partir del lunes 7 de septiembre de 1970, mismo que se mantuvo al aire hasta el día 19 de enero de 1998.

La libertad de expresión e información es uno de los valores de mayor importancia de cualquier sociedad democrática. En México se halla plenamente garantizado por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

A pesar de este ordenamiento jurídico y del compromiso que el gobierno federal afirma tener para la defensa de la libertad de expresión, lo cierto es que las agresiones a dicha libertad durante los primeros seis meses del presente año se incrementaron más del 46% en comparación con el mismo periodo de 2012, informó el pasado mes de julio la organización Artículo 19.

A diferencia de otras naciones, en nuestro país no existen leyes restrictivas de la libertad de prensa. Las personas que trabajan en los distintos medios de comunicación lo saben muy bien, pero eso no significa que puedan jactarse de ejercer libremente su labor periodística y de gozar de las debidas garantías y de la necesaria protección. La verdad es que a pesar de nuestras leyes y de los discursos de nuestros políticos, las y los periodistas de México siguen recibiendo amenazas y agresiones cuando se dedican a investigar los nexos y operaciones del crimen organizado, así como los casos de corrupción política.

México tiene más de 200 años de ser una nación libre e independiente, la misma cantidad de años que tiene de afrontar serios problemas en lo relativo a la comunicación de informaciones y opiniones por todos los medios, incluida la prensa. Los frecuentes atentados a la libertad de expresión hablan por sí solos.

La libertad de expresión comprende –según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Este derecho posibilita que quienes ejercen el periodismo hagan públicos los hallazgos de sus investigaciones.

¿Pero cuáles son los métodos más utilizados actualmente para coartar la libertad de expresión? El Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2000 señala que son las "amenazas tanto físicas como psíquicas, los hostigamientos, intimidaciones y la utilización de la legislación interna para entablar acciones judiciales contra los medios de comunicación y los comunicadores sociales", prácticas que en México se siguen dando con frecuencia.

Más allá de los discursos presuntuosos y de las declaraciones pretensiosas, las autoridades deberían reconocer que no han sabido cumplir debidamente su compromiso con la libertad de expresión. Deberían admitir, asimismo, que al fallarles a los periodistas que cumplen valientemente su labor periodística, les están fallando a los habitantes del pueblo de México, quienes tienen el derecho a ser verazmente informados.