IMPUNIDAD EN MATERIA DE LAICIDAD

Por Armando Maya Castro

La Secretaría de Gobernación debe aplicar las sanciones previstas en la ley si quiere evitar que otros funcionarios públicos sigan incurriendo en conductas violatorias del Estado laico. Estas prácticas, contrarias a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no deben ocurrir en un país donde la diversidad religiosa es una realidad que debe ser respetada por quienes protestaron cumplir y hacer cumplir las layes

México es una República laica. Es así desde el 30 de noviembre de 2012, fecha en que se reformó en su integridad, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior…”.

En una República laica como la nuestra, las directrices y políticas públicas las marca el interés nacional, es decir, el interés de la colectividad y no el interés religioso. Lamentablemente, en nuestro país “todavía hoy algunos partidos y funcionarios públicos acuden a las autoridades religiosas en busca de legitimidad política, por lo que la laicidad sigue siendo un horizonte al cual es necesario dirigirse”, afirma Roberto Blancarte, experto en temas de religión.

En lo que va de la actual administración, así como en los anteriores dos sexenios, hemos sido testigos del proceder anticonstitucional de varios funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, quienes han atropellado el carácter laico del Estado, procediendo como lo hacían los gobernantes en los tiempos del México confesional.

En junio pasado, República Laica –coalición integrada por organizaciones y políticos  interesados en la preservación y consolidación del Estado laico– anunció que emprendería un proceso de denuncias en contra de 12 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y dirigentes partidistas que han violentado el Estado laico.  Informó, asimismo, que exigiría la destitución de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por vulnerar el Estado laico al entregar las llaves de la ciudad que gobierna a Jesucristo, violando así los artículos 40 y 130 constitucionales, así como el 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

La Secretaría de Gobernación, a pesar de saber que estas violaciones han sido perpetradas por quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, se ha negado a castigar conforme a la ley a los servidores públicos que han cometido tales infracciones.

La inacción de Gobernación, que es la instancia encargada de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, contribuye a fomentar el clima de impunidad produciendo en otros actores políticos y religiosos el desprecio por la ley.

Prueba de lo anterior es lo que sucede actualmente en el estado de Guerrero, donde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), asignó 27 millones de pesos para la construcción del centro cultural Cristo Rey. Esta asignación económica, calificada como “anticonstitucional e inmoral” por miembros de la comunidad cultural guerrerense, es uno de los casos más recientes en materia de violaciones al Estado laico. 

Los inconformes, aparte de recordarnos que en un Estado laico el gobierno no debe otorgar este tipo de privilegios a las iglesias, nos anticipan que pedirán a la comisión de cultura del Congreso que se haga una investigación minuciosa del caso a fin de verificar el proyecto del centro cultural. 

El poeta Antonio Salinas lamentó la actitud del gobierno, quien asegura no tener recursos económicos cuando se trata de apoyar proyectos culturales de beneficio ciudadano, pero cuando se trata de otorgar recursos para proyectos católicos el diputado federal priísta Manuel Añorve Baños baja esos recursos “con la mano en la cintura”. Salinas se refirió al teatro Domingo Soler y a la Casa de la Máscara, edificios que se encuentran en mal estado y necesitan ser remodelados, algo que no se ha hecho porque el gobierno declara no tener recursos. 

Otro crítico de la asignación de Conaculta es Cuauhtémoc Contreras, de la Fundación Lucio Vive, quien considera que “el arzobispo Carlos Garfias Merlos debe dar una explicación y debe decir por qué aceptó el disfraz que utilizó el legislador para bajar esos millones, porque dijeron que actualmente por falta de recursos económicos se han suspendido las becas a los creadores”.

 

Estará de acuerdo conmigo que algo debe hacer Gobernación para evitar que casos como estos se reproduzcan en otros estados de la República, sobre todo sabiendo que en el pasado reciente la sociedad mexicana ha rechazado con energía este tipo de asignaciones. La reacción de los jaliscienses por el caso de la “macrolimosna” del ex gobernador Emilio González Márquez es el mejor ejemplo. Muy pocos vieron con buenos ojos que el ex mandatario jalisciense haya destinado una partida económica del erario para financiar la edificación de un recinto religioso, consagrado a la veneración de los mártires cristeros, quienes de 1926 a 1929 se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano. En Jalisco el rechazó al proceder de González Márquez fue categórico, lo mismo que se rechaza en Guerrero el proceder del diputado Añorve Baños.