Por Armando Maya Castro
El día de hoy entrarán en vigor
las reformas al Código Penal Federal, aprobadas por el Congreso de la Unión en
materia de indulto. En el decreto se adiciona el artículo 97 bis al Código
Penal Federal para quedar de la siguiente manera: "De manera excepcional,
por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la
Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por
cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo
dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la
persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad
públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios
consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona
sentenciada. El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona
sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales
nacionales".
Tras la publicación de esta modificación
en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Enrique Peña Nieto podrá
indultar al maestro Alberto Patishtán Gómez, acusado de participar en una
emboscada que tuvo lugar el 12 de junio del año 2000, en la que fueron
asesinados siete policías y dos personas más resultaron heridas. Esta decisión
fue anunciada el pasado martes por el Jefe del Ejecutivo Federal, y ha sido
aplaudida por diversos grupos de la sociedad.
¿Existen pruebas de la
inocencia de Patishtán? Por supuesto que las hay –y también testigos–, pero a lo largo de estos 13 años
han sido minimizadas o de plano ignoradas por nuestro sistema de justicia. Una
de ellas es muy clara: cuando se cometieron los asesinatos antes mencionados, Patishtán
Gómez participaba en una reunión con maestros de la zona escolar de Huitiupán.
Amnistía Internacional (AI),
quien ha abogado y documentado el caso del maestro originario del municipio de
El Bosque en Chiapas, considera que el proceso judicial y la sentencia en
contra de éste han sido injustos. Un estudio realizado por esta organización
defensora de los derechos humanos indica que el activista tzotzil no participó
en los hechos por los que fue sentenciado a 60 años de prisión.
Convencida de la inocencia del
indígena tzotzil, Amnistía Internacional pidió a las autoridades federales “poner
fin a 13 años de encarcelamiento injusto”, al tiempo de denunciar la violación
de los derechos de Patishtán por el hecho de ser "indígena y (contar) con
pocos recursos económicos". En su afán por lograr la liberación de éste, Amnistía
Internacional reunió 16 mil firmas de personas que pedían justicia para el
profesor cuyo proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y basado en
pruebas falsas.
El gobernador de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, quien en julio pasado visitó a Patishtán en su celda, respaldó
el anuncio de indulto presidencial a favor de éste. El mandatario chiapaneco
declaró que la decisión de Peña Nieto "está abonando a la reconciliación
luego de muchos años de injusticia; ahora debemos trabajar para que nunca más
se vuelva a repetir un caso como éste en nuestro país". No está por demás recordar
que Velasco Coello proclamó en diversas ocasiones la inocencia de Patishtán.
Incluso, llegó a calificar de “injusto” el falló del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito, quien en septiembre pasado confirmó la sentencia contra el maestro
chiapaneco.
Lo
bueno del indulto presidencial es que Alberto
Patishtán recobrará finalmente su libertad, luego de 13 largos años de
encarcelamiento injusto. A lo largo de ese tiempo, y mientras que los verdaderos
responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad, el maestro
Patishtán tuvo que enfrentar el proceso “sin que se permitieran amparos y
recursos de reconocimiento de inocencia y que lo llevaron a una sentencia de 60
años por lesiones, homicidio calificado, robo y portación de armas exclusivas
del ejército”, señaló Amnistía Internacional. Lo malo es que Patishtán
alcanzará su libertad a través del indulto que le concederá Peña Nieto, lo que
no equivale a un recurso de reconocimiento de inocencia. No hay que olvidar que
el indulto suprime la pena, pero no el delito. En otras palabras, el indultado
sigue siendo considerado culpable, algo que es injusto en el caso del Alberto
Patishtán, quien es inocente de los delitos que se le imputan.
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