Por Armando Maya Castro
Toda manifestación de
intolerancia religiosa es digna de condena, pero es más deplorable cuando una
acción así es encabezada por las autoridades, quienes deben velar por el
cumplimiento de la ley. Tal es el caso del derrumbe del templo de la Iglesia
evangélica de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, donde el alcalde Pedro Cruz Santiago
incitó a por lo menos 300 habitantes de dicha localidad a demoler con marros y
barretas las paredes de un templo de la iglesia pentecostés en proceso de
construcción.
Al proceder así, el edil oaxaqueño
olvida que al inicio de su mandato protestó acatar y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca. El primero de estos ordenamientos garantiza en su artículo
24 la libertad de religión, en tanto que el artículo 19 de la Constitución
oaxaqueña la garantiza en los siguientes términos: “Todo hombre es libre para
profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las
ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan
un delito o falta penados por la ley”.
Lo ocurrido en la sierra sur de
Oaxaca es un caso de intolerancia religiosa sumamente delicado; un caso que amerita
la intervención de la Secretaría de Gobernación, ya que los agresores, aparte
de derribar el mencionado santuario, privaron ilegalmente de la libertad a tres
o cuatro miembros de la mencionada congregación, sobre quienes pesa, además, la
amenaza de linchamiento. Su delito: profesar un credo diferente al católico.
Los agraviados exigen la
intervención inmediata del Gobierno del Estado, quien se ha “estacionado” en el
terreno de las buenas intenciones, afirmando que en San Juan Ozolotepec
“permanecen un enviado de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Torralba
Morales, y el agente del Ministerio Público con sede en Miahuatlán de Porfirio
Díaz, Antonio Revilla Casados, que hasta el momento continúan el diálogo”.
El pastor Sergio Aquino
Domínguez, quien denunció este acto de intolerancia religiosa, pidió que se
ofrezcan medidas cautelares para los evangélicos retenidos, “en particular para
la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha
despojado de sus terrenos, han mandado a clausurar su vivienda y reprime a sus
hijos” (Despertar de Oaxaca, 6 de
noviembre de 2013).
La ejecución de este tipo de
hechos es verdaderamente indignante, más aún cuando la Secretaría de
Gobernación, en vez de privilegiar la aplicación de la ley, señala que en
nuestro país la intolerancia religiosa es casi inexistente. Es también
exasperante que en algunas de sus intervenciones proponga como medida de
solución la vía del diálogo y la conciliación, impidiendo que se aplique el
rigor de la ley a los autores de los delitos y actos vandálicos que se comenten
cada vez que se produce un caso de intolerancia religiosa.
Esta indolencia, en vez de
solucionar los problemas que han tenido lugar en varios estados de la
República, incrementa la impunidad y favorece una espiral de violencia en
agravio de las minorías religiosas que, de acuerdo con las leyes de México,
tienen el derecho a existir, a predicar su religión y a no ser discriminados
por sus convicciones y prácticas religiosas.
En anteriores colaboraciones he
señalado, y hoy lo sostengo, que estos ataques intolerantes tienen su origen en
la falta de valores de las personas y de los grupos que creen a pie juntillas
que la religión católica debería ser la única en México. Este concepto
intolerante y retrógrado desconoce la pluralidad religiosa como un hecho innegable
en nuestro país.
Estas personas y grupos,
depositarios de ideas exclusivistas, rígidas y fanáticas, deben aceptar de una
vez por todas que quedaron atrás los tiempos en que México era un país
uniformemente católico. Hoy ya no existen las constituciones intolerantes y
confesionales que en el siglo XIX establecían al catolicismo como religión
oficial y prohibían el ejercicio de cualquier otra religión. La etapa de esas constituciones
se rompió al ser promulgada la Constitución Política de 1857, desdeñada por el
clero y por los miembros del partido conservador, quienes buscaban perpetuar
los privilegios de la Iglesia católica.
En la actualidad, para fortuna
nuestra, México es una República laica, en la que no existen monopolios como el
que existió durante la vigencia del Estado confesional, que impedía el
surgimiento de otras religiones, y donde absolutamente todo, leyes, personas e
instituciones, estaban impregnadas por esa intolerancia que buscaba privilegiar
y proteger al catolicismo.
Es triste que esta clase de sucesos
se registren en cualquier parte de México, pero es mucho más doloroso cuando estos
sucesos se registran en Oaxaca, el estado natal de Benito Juárez, quien
promulgó las Leyes de Reforma, entre ellas la Ley sobre Libertad de Cultos
(1860), que estableció en su artículo primero: "Las leyes protegen el
ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como
la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural
del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las
exigencias del orden público...".
Miguel Ángel Osorio Chong tiene
el deber de intervenir, ya que los casos de intolerancia religiosa atañen
directamente a la Segob, quien debe “vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias,
agrupaciones y asociaciones religiosas”. Es urgente que el titular de esta
dependencia instruya a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos
Religiosos, Paloma Guillén Vicente, para que intervenga en la solución de este
caso que, de no atenderse, puede derivar en males mayores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario