Por Armando Maya Castro
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| Por respeto al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, la Segob no debería establecer convenios en materia de seguridad con la Iglesia católica. Acuerdos de esta naturaleza son altamente discriminatorios y opuestos a las disposiciones del Estado laico que rigen a este país |
La Declaración de Principios
sobre la Tolerancia, adoptada por los países de la UNESCO el 16 de noviembre de
1995, proclamó solemnemente Día Internacional para la Tolerancia el 16 de
noviembre de cada año. Esta celebración fue proclamada para “hacer un
llamamiento a la opinión pública, poner de relieve los peligros de la
intolerancia y reafirmar nuestro apoyo y acción en pro del fomento de la
tolerancia y de la educación para ésta…”, afirma la citada Declaración.
La tolerancia, que plantea la
coexistencia armónica de diferentes grupos, pensamientos y creencias, sólo puede
ser posible en el marco de un Estado laico. Este régimen, aparte de propiciar
la tolerancia, favorece la convivencia pacífica y armónica entre todos los
grupos y entre todas las religiones y credos.
Durante su participación en el
Primer Foro de Baja California “Análisis del Estado Laico”, Miguel Carbonell se
refirió a este tema en los siguientes términos: “sólo en un Estado laico se
garantiza la tolerancia y eso incluye la tolerancia religiosa, y de esa
tolerancia se derivan derechos como la libertad de expresión, de conciencia y
asociación (El Mexicano, 28 de abril
de 2012).
El Estado laico, garante de
diversos derechos y libertades, es la base de una relación de respeto, igualdad
y tolerancia. Antes de que Benito Juárez y los hombres de la Reforma llevaran a
cabo la creación de este importante régimen jurídico, la tolerancia religiosa
era inexistente en nuestro país. Patricia
Galeana afirma que en la vigencia del Estado confesional “el tribunal de la
Inquisición se encargó de perseguir cualquier idea heterodoxa”. Al abundar
sobre el tema, la destacada historiadora añade: “en la España de 1615, la
libertad de conciencia se entendía, como inaceptable permisividad frente al
mal”.
La expedición de la
Constitución de 1857 y de las leyes de Reforma (1859-1860) puso fin al Estado
confesional, vigente a lo largo del virreinato y en las primeras décadas del
México independiente, cuyas primeras constituciones establecían la intolerancia
religiosa al adoptar al catolicismo como credo único y permitido. Las leyes
antes mencionadas, aparte de suprimir las constituciones intolerantes del
México post independiente, ofrecieron a los mexicanos un horizonte de
libertades que fueron fortalecidas al ser promulgada la Constitución de 1917.
En la vigencia del Estado
confesional, que se distinguió por otorgar inmenso poder y todo género de privilegios
a la jerarquía católica, se excluyó, anatematizó y persiguió a los judíos y
protestantes, así como a las personas que impugnaban el dogma represivo y
autoritario de la Iglesia romana.
En varias poblaciones de
Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, golpeados por la intolerancia religiosa,
nada hay que celebrar por el Día Internacional para la Tolerancia. En estas
regiones y en muchas otras partes de la República mexicana abundan las personas
y los grupos beligerantes, quienes siguen actuando con agresividad e
intolerancia contra las creencias o prácticas religiosas de los no católicos.
En Chiapas, uno de los estados
antes mencionados, la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez reconoció
que "prevalecen muchas situaciones de discriminación […] y las condiciones
de pobreza generan desigualdad en los derechos. La tolerancia -añadió- no es
una aceptación de las situaciones en que uno vive, hay que buscar soluciones
integrales y urgentes sustentadas en el diálogo".
Nos preocupa lo que sucede en
estas regiones de México, pero también los reiterados ataques en contra del Estado
laico. Estos atentados no son recientes, se vienen dando desde el sexenio de
Vicente Fox Quesada, quien violó –como lo hizo también Felipe Calderón
Hinojosa– las disposiciones del Estado laico que rigen a este país.
Lamentablemente, el proceder de
la clase política de nuestro tiempo sigue en la misma dirección, favoreciendo
abiertamente a la jerarquía católica, con la que se reúnen y establecen
acuerdos en abierta violación al Estado laico y en franca discriminación a las
minorías religiosas. Me refiero, evidentemente, al acuerdo entre el Estado y la
Iglesia católica, a través del cual la Segob estableció una línea directa con
los obispos del país para casos de violencia e inseguridad.
Estoy plenamente convencido que
estos acuerdos y reuniones excluyentes debilitan de manera importante al Estado
laico, sin el cual no puede haber tolerancia ni respeto a los derechos humanos.
Coincido totalmente con el extinto jurista Jorge Carpizo McGregor, quien fue
claro al señalar que cuando el Estado laico es atacado se pone en riesgo la
tolerancia y el Estado de derecho.
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