Por Armando Maya Castro
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Por respeto a
la diversidad religiosa, la educación pública a cargo del Estado debe seguir
siendo laica. Las autoridades de México tienen la obligación de impedir que la educación
confesional retorne a las escuelas públicas, como pretende desde hace tiempo la
jerarquía católica. El Estado mexicano debe preservar el carácter laico de la
educación, impidiendo así que la polarización y la discriminación religiosa se
establezcan en las escuelas públicas
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En materia de educación, la Iglesia
católica no quita el dedo del renglón. El pasado 17 de octubre, la Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer que la Iglesia católica tiene la
intención de participar en los planes educativos de la Secretaría de Educación
Pública, buscando así el retorno de la educación religiosa a las escuelas
públicas.
Ni tarda ni perezosa, la
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) apareció en escena para anunciar la
implantación de “talleres de valores” en las escuelas públicas a partir de
febrero de 2014. Me queda claro que estos talleres son una maniobra más de la
Iglesia católica, quien por más de 150 años ha buscado el retorno de la
educación religiosa a las escuelas públicas.
Desde la conquista española
hasta el triunfo del liberalismo, la educación en México estuvo en manos de la
Iglesia católica. En aquellos siglos –más de tres– nadie se atrevió a
cuestionar el monopolio educativo que ejercía dicha institución; ni siquiera
los líderes insurgentes, quienes
enfrentaron a la Corona española, mas no a la Iglesia católica.
El primer intento por acabar
con el dañino monopolio educativo que ejercía esta institución tuvo lugar el 23
de octubre de 1833, fecha en que el presidente Valentín Gómez Farías decretó la
libertad de enseñanza, luego de suprimir la Real y Pontificia Universidad de
México y de crear la Dirección General de Instrucción Pública, encargada de los
establecimientos oficiales de enseñanza en el país.
Lo anterior deja en claro
que antes de Benito Juárez y de su obra en pro de México y de nuestras
libertades, hombres como Gómez Farías buscaron limitar por medio de las leyes
la influencia del clero en México, reducir sus ganancias pecuniarias y
allanarle los fueros, privándola de la dirección de la enseñanza.
En el tiempo de Juárez, el
combate al monopolio educativo de la Iglesia católica se dio a través de la creación
de una política educativa "en consonancia con las necesidades del nuevo
orden social: formar verdaderos ciudadanos para la constitución del nuevo
proyecto nacional", afirma Julio César Schara.
Este autor señala, asimismo,
que Juárez, "fiel a la tradición de los primeros liberales, expide en 1867
la Ley Orgánica de Instrucción con la que se organiza la enseñanza laica en
todo el territorio nacional, ideal que había sido mencionado en la Carta Magna
de 1857”.
Gracias a estos esfuerzos
liberales, y a pesar de que durante el porfiriato la Iglesia católica recuperó
parte de su antigua influencia en materia educativa, política y económica, la
educación laica quedó plasmada en la Constitución General de la República, promulgada
el 5 de febrero de 1917. En el artículo tercero
de esta ley quedó establecido: “La enseñanza es libre pero será laica la que se
dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo en la enseñanza
primaria, elemental y superior que la que se imparta en los establecimientos
particulares… Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.
La publicación de esta
Constitución generó diversas reacciones de parte del clero, quien se negaba a
aceptar el carácter laico de la educación. La primera de ellas ocurrió el 24 de
febrero de 1917. En una publicación de desacuerdo, publicada en el diario El
Universal, el Episcopado Mexicano protestó en los siguientes términos:
"Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la
sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios
contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro
de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos
derechos que la Constitución de 1857 [...] reconoce a la Iglesia como sociedad
y a los católicos como individuos".
Esa misma protesta se
publicó en 1926, durante el mandato de Plutarco Elías Calles, quien buscó la
forma de someter a la Iglesia católica a la Carta Magna vigente. Tras la citada
publicación "aparecieron nuevas declaraciones del arzobispo José Mora y
del Río, donde protestaba contra los artículos de la Constitución que se
oponían a sus prácticas religiosas. Más aún, el Arzobispo postuló que
iniciarían una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho
natural", afirmando que el Episcopado, clero y católicos no reconocían los
artículos 3°, 5°, 27 y 130 de nuestra actual Constitución.
En aquel tiempo, diversas
organizaciones católicas y grupos conservadores apoyaron incondicionalmente a
los organizados de la Iglesia romana, promoviendo boicots y campañas de
desobediencia civil al Gobierno Federal. Esas campañas desencadenaron la Guerra
Cristera, cuya violencia provocó la muerte de decenas de miles de mexicanos,
así como el despojo y polarización de miles de familias mexicanas.
La ancestral lucha de la
Iglesia católica a favor del retorno de la educación religiosa sigue en pie. Lo
anterior quedó de manifiesto durante el proceso de reforma del artículo 24
constitucional, cuyo objetivo principal es el desmantelamiento de la educación
laica. ¿Fue la anterior reforma una demanda de la sociedad? Por supuesto que
no, como tampoco es una demanda social la impartición de los “talleres de
valores” anunciados por la UNPF, una institución que jamás ha representado los
intereses y demandas de los padres de familia de México.
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