AMÉRICA LATINA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro

 

Los Estados están obligados a garantizar que los periodistas y todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión

Por el papel que juegan los informantes en América Latina, esta región se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para quienes se dedican a la difícil tarea de investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, los actos de corrupción y abuso de poder de las autoridades, así como las actividades perniciosas de la delincuencia organizada. 

La violencia contra los profesionales de la comunicación es un problema que no es reciente en Latinoamérica; ha estado presente desde hace mucho tiempo en Argentina, México, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, países donde los esfuerzos en pro del respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión han sido insuficientes. 

El pasado 2 de junio, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, dijo que las siguientes son las principales amenazas a la libertad de expresión en nuestra región: las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, los gobiernos autoritarios y la impunidad.

El tema de la impunidad me permite referirme al caso del periodista guatemalteco Luis Lima, asesinado el pasado 6 de agosto en la cabecera municipal de Zacapa, Guatemala. Rebeca Pérez, viuda del extinto periodista, envió “una carta abierta a las asociaciones y sindicatos de periodistas resumiendo su dolor y el de sus hijos ante la ausencia del padre y ante la falta de respuesta institucional”.

En el primer párrafo de su conmovedora carta, la señora Pérez expresa: “A 55 días no me duele el olvido, sino la indiferencia, no de parte de las amigas y los amigos, sino de quienes tienen poder de decisión y recursos. Siento que poco a poco el caso va quedando atrás, perdido entre los otros muchos que se sucedieron después en este país tan violento e impune”.

Al  final de su carta, esta valiente mujer recuerda al gremio periodístico: “Cada víctima de la violencia, deja atrás a otras víctimas: sus seres queridos. Están autorizados para retransmitir este mensaje. Soy Rebeca Pérez, la mujer que ama a Luis Lima desde el 28 de septiembre de 1993 y madre de tres de sus hijos: Luisa, Diego y Camilo”.

En México y en Guatemala, así como en varias naciones latinoamericanas, la amenaza a la libertad de expresión proviene de los cárteles del crimen organizado, que ven en la investigación periodística una clara afectación a sus intereses. En otros países, el acoso y la violencia contra los representantes de los medios de comunicación procede de regímenes autoritarios e intolerantes, cuyas acciones y leyes intentan limitar y/o controlar la libertad de expresión.

En el caso específico de México, el derecho a la libertad de prensa fue reconocido hasta la promulgación de la Constitución de 1857, que estableció, entre otras libertades, la de palabra, imprenta, enseñanza, reunión y de trabajo. Sin embargo, antes de esta Carta Magna podemos encontrar un antecedente de la libertad de prensa: la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.

En la Asamblea Constituyente de 1857, Francisco Zarco, uno de los pocos periodistas invitados a dicho Congreso, habló ardientemente en defensa de la libertad de expresión: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos”.

Durante el periodo presidencial de Benito Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución anteriormente mencionada. A partir de entonces, se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.

El libre ejercicio del periodismo en México ha implicado siempre innumerables riesgos, amenazas y obstáculos. Las agresiones a periodistas mexicanos han sido tantas y tan frecuentes, que por algo llegó a ser considerado como el país latinoamericano más peligroso para ejercer el periodismo. El alto índice de periodistas asesinados ha ocasionado que en el extranjero se tenga la percepción de que en nuestra nación no existe la libertad de expresión. 

El Estado debe reconocer que ha incumplido su compromiso con la libertad de expresión, y que le ha fallado no sólo a los periodistas sino también a los mexicanos que tienen el derecho a ser debidamente informados. No está por demás recordar lo que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al respecto: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.