Por Armando Maya Castro
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea
General de Naciones Unidas designó el 11 de octubre como el Día Internacional
de la Niña. Se trata de una celebración reciente, creada con el propósito de
“llamar la atención de la comunidad internacional sobre los retos a los que se
enfrentan las niñas, promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus
derechos, en el entendido de que dichas acciones son clave para romper el ciclo
de discriminación y violencia que enfrentan millones de niñas en todo el
mundo”.
La celebración de ayer se realizó bajo el
lema “Innovar para la educación de las niñas”. El tema fue el apropiado,
tomando en cuenta que actualmente existen en el mundo 31 millones de niñas en
edad escolar que no están matriculadas en ninguna escuela, informó la
UNICEF-México al anunciar este viernes la citada celebración.
Isabel Crowley, representante de UNICEF en
México, explicó que en el caso específico de nuestro país los factores que
excluyen a las niñas de la escuela son: matrimonio y embarazos tempranos,
trabajo doméstico y la violencia que afecta a las niñas y entorpece la
continuidad de sus estudios, especialmente los de las indígenas.
Los anteriores factores constituyen una violación
a los derechos humanos de las niñas, pero sobre todo el matrimonio en edad
infantil, “que afecta a todos los aspectos de la vida de la niña, debido a que
interrumpe su infancia, su educación y limita sus oportunidades de crecimiento”.
Esta situación debería obligar a nuestros legisladores a trabajar en
iniciativas que eleven la edad mínima para contraer matrimonio.
La actual administración está obligada a trabajar
seriamente en la solución de este problema, teniendo como prioridad reducir el
número de niñas sin escuela. La indiferencia de nuestros gobernantes sólo
conseguirá que miles de niñas mexicanas sigan sin tener acceso a la educación, hecho
que las condena a vivir en la miseria y refuerza la pobreza en general.
Naciones Unidas, consciente de esta dolorosa
realidad, ha propuesto a sus Estados miembros “fomentar medios públicos de
transporte para que [las niñas] puedan desplazarse a las escuelas y avanzar en
su educación en lugar donde exista especial peligro de exclusión”. Propone,
asimismo, “la colaboración entre entidades financieras y educativas con el
mismo fin”.
Hace un año, Nigel Chapman, presidente de la
ONG Plan Internacional, se refirió a las ventajas de las menores de edad que
tienen acceso a la educación: “Una niña educada es menos vulnerable ante la
violencia, menos susceptible de casarse y quedar embarazada cuando todavía es
pequeña, y tiene más posibilidades de saber leer y escribir e ingresar a la
edad adulta con salud”.
En la publicación “Escuelas Seguras, el
derecho de cada niña”, Amnistía Internacional (AI) se refiere al tema en los
siguientes términos: "La violencia a que se enfrentan las niñas que
intentan recibir educación viola sus derechos humanos fundamentales, esto es,
su derecho a vivir con dignidad y seguridad, a no sufrir violencia y a la
educación. Ninguna forma de violencia contra las niñas está justificada y todas
son evitables”.
Y ya que Chapman y la anterior publicación
nos remiten al tema de la violencia contra las niñas, conviene analizar la
magnitud de este problema, admitiendo en primer lugar que este fenómeno no es
nuevo ni en México ni en el mundo. Este tipo de violencia, resultado de la irracional
idea de superioridad masculina, ha sido una constante en la historia de la
humanidad.
Para tener una idea de la gravedad del
problema, me permito compartir con mis amables lectores los datos que sobre este
tipo de violencia nos proporciona la Asociación Mundial de las Guías Scouts: 1)
Hasta el 70 por ciento de las niñas y las mujeres en el mundo sufrirán alguna
forma de violencia o abuso en su vida; 2) La violencia doméstica es la principal
causa de lesiones y muerte en las mujeres de 15 a 44 años en todo el mundo; 3)
Cada año, 60 millones de niñas son asaltadas sexualmente en su camino a la
escuela; 4) Anualmente, más de tres millones de niñas sufren el trauma y las
consecuencias a largo plazo de la mutilación genital femenina.
Como puede apreciarse, el problema a nivel
mundial es mayúsculo y merece ser atendido por todos los países del mundo, incluido
el nuestro. Todos los Estados tienen la obligación ineludible de proteger a las
niñas de la violencia y brindarles los servicios necesarios cuando son víctimas
de ella. Tienen, asimismo, el deber de garantizar el acceso de todas ellas a la
educación, implementando las acciones que sean necesarias para proporcionarles escuelas
seguras. Sus esfuerzos –y los nuestros también– deben orientarse a ponerle fin
a la discriminación que sufren las niñas por causa de su sexo y de su edad, lo
que las convierte en víctimas de una doble discriminación.
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