Por Armando Maya Castro
Ayer se cumplieron 76 años de
la nacionalización de la industria petrolera, un hecho histórico que reviste gran
importancia y el más alto interés nacional. La celebración del suceso me impulsó
a escribir sobre la polémica reforma energética, promulgada por el presidente Enrique
Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013.
Diversos analistas han
aplaudido dicha reforma, pues la consideran necesaria para generar crecimiento
económico y para una mejor distribución del ingreso con los recursos
provenientes de la industria petrolera. Esas voces aseguran que la modificación
en cuestión se traducirá en la creación de cientos de miles de empleos y, por
ende, en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.
Pero no todos son de la misma
opinión. Hay voces que aseguran que la reforma energética responde a las
exigencias de Washington y a los intereses de un grupúsculo de empresarios
mexicanos y extranjeros. Los que así piensan sostienen que la modificación de
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana representa la entrega
del país a intereses ajenos, lo que asesta un golpe contundente al decreto
expropiatorio emitido por el General Lázaro Cárdenas del Río, la noche del 18
de marzo de 1938.
Este hecho nos lleva a recordar
que la nacionalización del petróleo intentó ponerle fin a la intolerable
actitud de las compañías petroleras frente al país y al gobierno constituido. John
Mason Hart nos dice que esa fecha [la de la expropiación] "fue recordada durante
décadas por los dueños, administradores y empleados de las compañías
estadounidenses como una jornada de 'hurto' y 'robo'. Poco después, Cárdenas
ofreció pagar a las compañías con base en la cláusula de compensación de diez
años inscrita en la ley de expropiación de 1936".
Para entender la necesidad de
la expropiación petrolera, me remontaré a los últimos 20 años del siglo XIX. Por
concesiones que Porfirio Díaz les concedió, se establecieron en el sur de
Tamaulipas y en el norte de Veracruz diversas empresas petroleras procedentes
de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Estas
compañías eran la "Pearson Son. Ltd" (de donde surge "El
Águila"), la "Huasteca Petroleum Co" y la Trascontinental de Petróleo,
S. A.". Tiempo después se instalaron en territorio mexicano la "San
Mateo, S. A." y "Álamo de Pánuco, S. A.", entre otras. Durante
su permanencia en nuestro país, estas empresas adquirieron terrenos a precios
irrisorios, procedieron con prepotencia, defraudaron al fisco y adeudaron casi
30 millones de sueldos a sus trabajadores.
Gustavo
Vidal Manzanares nos presenta una anécdota que demuestra la prepotencia de lo
que él llama "mastodónticas compañías del crudo": "Cuando Lázaro
Cárdenas, al mando de un destacamento, se propuso cruzar los pozos petroleros
de Cerro Azul y Potrero del Llano, se encontró vallas de hierro que cerraban
los caminos. ‘Prohibido el paso’. Tras identificarse, hubo de esperar más de
una hora para que le franquearan el paso". Esto sucedió cuando Cárdenas se
desempeñaba como Jefe de Operaciones Militares en la zona de las Huastecas y el
Istmo, años antes de que ascendiera a la Presidencia de la República.
Desde
su establecimiento en territorio mexicano, el actuar de estas compañías fue arbitrario
y en perjuicio de los intereses de México. El autor antes mencionado, basado en
un informe que los juristas Efraín Buenrostro, Mariano Moctezuma y Jesús Silva
Herzog presentaron en 1937, señala: “Los peritos descubrieron que [las compañías] evadían
impuestos al registrar ganancias anuales de 22 millones de pesos cuando en
realidad superaban cincuenta”. Entre agosto y octubre de 1937, Cárdenas buscó
un acuerdo con las petroleras, las cuales se mantuvieron en la postura de no
pagar, pese a que la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los
trabajadores.
Esta
negativa hizo que el presidente de México tomara la decisión que ayer
celebramos. A las 11 de la noche del 18 de marzo de 1938, a través de la radio,
se escuchó decir al presidente Lázaro Cárdenas: "El petróleo ha sido nacionalizado".
Con excepción de ciertos sectores de derecha y anticardenistas, la medida gubernamental
fue aplaudida y respaldada por la totalidad de los ciudadanos, quienes se desprendieron
de dinero, anillos de bodas, brazaletes y pendientes para pagar los bienes
petroleros expropiados.
El
pueblo de México ya pagó, pero volverá a pagar –nos dice John M. Ackerman–,
“pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán
obligatorias y no serán motivo de orgullo, sino de indignación”. El columnista
del diario La Jornada y del semanario
Proceso tiene razón, como también la
tiene cuando afirma que con la reforma
en comento “se allana el camino para el saqueo de la riqueza nacional
por las empresas petroleras trasnacionales”.
Con la patriótica decisión de
Cárdenas, al menos a 17 empresas extranjeras se les quitó poder para explotar
el petróleo. En lo sucesivo, el petróleo sería para beneficio exclusivo de los mexicanos,
algo que no ha ocurrido debido a la corrupción que ha imperado en Pemex, así
como a los constantes gasolinazos que nos impuso el tristemente célebre Felipe
Calderón Hinojosa. ¿Logrará la reforma energética el fin de los gasolinazos y que
los mexicanos disfrutemos –como es justo– de la riqueza petrolera de México?
Ojalá que así sea, pero temo que esto no suceda.
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