Por Armando Maya Castro
En Francia, desde el pasado 9
de septiembre se exhibe en un lugar visible de las casi 60 mil escuelas
públicas de ese país, la Carta de la Laicidad, promovida por el presidente
François Hollande y su Ministro de Educación Vincent Peillon. Se trata de una declaración
de principios, derechos y deberes republicanos, compuesta por 15
"mandamientos", que tiene como objeto reforzar la enseñanza del
laicismo y la promoción de la igualdad, la libertad y la fraternidad entre
alumnas y alumnos.
El artículo primero de este
documento define a Francia como "una República indivisible, laica,
democrática y social que respeta todas las creencias". El artículo 2
explica que “la República laica organiza la separación entre religión y Estado”,
al tiempo de recordar que “no existe una religión de Estado”. El tercero deja
en claro que el laicismo “garantiza la libertad de conciencia”: “Cada uno es
libre de creer o de no creer y puede expresar libremente sus convicciones”.
La Carta de la Laicidad, que
pretende consolidar el Estado laico en su dimensión educativa, garantiza “la
libertad de expresión de los alumnos” (artículo 8), el “rechazo de todas las
violencias y las discriminaciones” y “la igualdad entre niñas y niños”
(artículo 9), obligando al personal escolar a “transmitir a los alumnos el
sentido y los valores del laicismo” (artículo 10).
Los artículos 12, 13 y 14 de la
Carta de la Laicidad –que algunas voces católicas han calificado como un
documento brutal e impropio de un país democrático– enseñan a los estudiantes
los límites de su libertad: no pueden “contestar los contenidos de lo que se
les enseña” ni “exhibir ostensiblemente símbolos o prendas religiosas”, ni
faltar a las clases “alegando motivos religiosos o políticos”. El más polémico
es el artículo 14, que afirma: “En los centros públicos, las reglas de vida en
los diferentes espacios […] respetan el laicismo. Está prohibido portar signos
o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia
religiosa”.
Mientras Francia avanza en la
consolidación de la laicidad, en nuestro país la educación pública de carácter
laico a cargo del Estado sigue estando amenazada. Y se encuentra así no sólo
por el discurso de la jerarquía católica que no cesa de reclamar el derecho a
la educación religiosa como expresión de la libertad religiosa, sino también por
las acciones de una clase política que ha sido y quiere seguir siendo condescendiente
con las exigencias clericales.
Todo parece indicar que el
proceder de estos políticos busca dinamitar un legado que se remonta al tiempo
en que el doctor Valentín Gómez Farías fungió como presidente de México. La
presencia de este destacado político en la presidencia le brindó al grupo
liberal al que pertenecía la oportunidad de intentar la reforma para
transformar la estructura económica y social heredada de la colonia.
Formaban
parte de aquel grupo los liberales Francisco García Salinas, Andrés Quintana
Roo, Manuel Eduardo Gorostiza y José María Luis Mora. Este último pugnó
por la separación de la Iglesia y el Estado y se manifestó en favor de la reforma
educativa. Mora "veía a la iglesia [católica] como un freno al
establecimiento de un sistema representativo y la construcción de un sentido de
nación". Era partidario de la educación laica y popular, la cual pensaba
podría lograse “destruyendo el monopolio educativo del clero y estableciendo
nuevos criterios pedagógicos”.
A pesar de su formación
clerical, Mora era contrario a la educación religiosa, misma que cuestionó en
los siguientes términos: “En las escuelas parroquiales, un niño debe imitar la
vida de los santos. No se enseña nada de patriotismo, deberes cívicos ni
responsabilidades. Es un sistema inadecuado para formar un ciudadano cívico en
México".
Evidentemente, los demás
miembros del clero no apreciaban las deficiencias que Mora veía en la educación
religiosa; tampoco las veían los grupos conservadores, quienes “sostenían la
enseñanza religiosa, los dogmas de la Iglesia católica, el principio de
autoridad eclesiástica y civil, la idea de que nuestra nacionalidad dio
principio en la Conquista española...".
El doctor Mora murió en 1850,
sin poder ver el establecimiento de la educación laica en las escuelas públicas
de México. Esta obra la consumó Benito Juárez García al expedir, en 1867, “la
Ley Orgánica de Instrucción Pública, que instituyó la enseñanza primaria laica
y obligatoria, pero cuya vigencia se limitó al Distrito Federal, pues el
Congreso de la Unión carecía de facultades federales en la materia", explica
José Luis Béjar Fonseca, en su obra Apología del abogado.
El artículo 3° constitucional
expresa con absoluta claridad el carácter laico de la educación pública,
ordenando que ésta se mantenga “ajena a cualquier doctrina religiosa”. A
diferencia de la instrucción confesional, la educación laica actúa con
independencia de las confesiones religiosas, excluyendo toda idea de religión
de las asignaturas que se enseñan en los planteles públicos. Más allá de lo que
hagan o dejen de hacer las autoridades mexicanas, nuestro deber es impedir el
desgaste de la educación laica, cuyos valores
contribuyen a la buena convivencia y al respeto de las creencias, costumbres y
actos del estudiante.
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