Por Armando Maya Castro
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| Los grupos delincuenciales dedicados a la trata de personas pasan por
encima de los derechos humanos de las víctimas, a las que utilizan para trabajos
en el campo, trabajo doméstico, mendicidad, servidumbre, extracción de órganos,
comercio sexual o prostitución
En el marco de la guerra de
independencia, el intendente José María Anzorena proclamó la abolición de la
esclavitud. Este suceso tuvo lugar el 19 de octubre de 1810, por órdenes del
generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, quien semanas después expidió y firmó
el decreto que abolió la esclavitud en los siguientes términos: “Que todos los
dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días,
so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo”
(Artículo 1° del Decreto de abolición de la esclavitud, del tributo y demás, expedido en Guadalajara, Jalisco,
el 6 de diciembre de 1810).
El 13 de septiembre de 1813,
se instaló en Chilpancingo el Primer Congreso de Anáhuac. Un día después de la
instalación de dicho Congreso, José María Morelos y Pavón presentó un documento
que llamó Sentimientos de la Nación, cuyos 23 puntos “son la base de la
Independencia y constituyen el acta de nacimiento de México como nación”. El
punto 15 de este importante documento proscribe para siempre la esclavitud y la
distinción de castas, "quedando todos iguales y sólo distinguirá a un
americano de otro el vicio y la virtud".
El 5 de octubre de 1813, el
Siervo de la Nación ratificó el decreto de Hidalgo, ordenando la libertad de
los esclavos y autorizando a los naturales a formar pueblos y a efectuar
elecciones libres: “Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo
que a ella huela, mando a los intendentes de provincia y demás magistrados que
pongan en libertad cuantos esclavos hayan quedado y que los naturales que
forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres. Los pueblos no se
deben a ningún individuo sino solamente a la nación y a su soberanía".
El 15 de septiembre de 1829,
Vicente Guerrero, en su condición de presidente de México, emitió un decreto
que abolió la esclavitud en los siguientes términos: 1. Queda abolida la
esclavitud en la república; 2. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se
habían considerado como esclavos; 3. Cuando las circunstancias del erario lo
permitan, se indemnizará a los propietarios de esclavos, en los términos que
dispusieren las leyes.
Actualmente, el artículo 1°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la
esclavitud en los siguientes términos: “Está prohibida la esclavitud en los
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las
leyes”.
A pesar de estos documentos
y de la lucha histórica contra este flagelo, en México operan diversas redes dedicadas
a la trata de personas, una forma de esclavitud moderna que la ONU ha definido de
la siguiente manera: “La captación, el traslado, la acogida o la recepción de
personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la recepción de pagos o beneficios derivados de la
persona con quien se ejerce autoridad con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas
de manipulación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a ésta, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Los grupos delincuenciales dedicados
a la trata de personas pasan por encima de los derechos humanos de las víctimas,
a las que utilizan para trabajos en el campo, trabajo doméstico, mendicidad,
servidumbre, extracción de órganos, comercio sexual o prostitución.
Cifras de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que en México existen más de 16 mil
niños y adolescentes sometidos a esclavitud sexual, muchos de los cuales han
sido enganchados a través de las redes sociales (Facebook y Twitter), que se
han convertido en el principal medio para que los grupos criminales cometan el
delito de trata de personas.
Urge la creación de leyes
preventivas, un mayor cuidado de parte de los padres de familia, así como un
combate más eficiente a las bandas criminales dedicadas a la trata de personas,
delito que se ha convertido en la segunda fuente de ingresos para la
delincuencia, expresó la diputada Leticia López Landero (PAN), presidenta de la
Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas.
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