Por Armando Maya Castro
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| El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la Sedesol en Puebla, dando a conocer a los medios de comunicación la alianza que se ha establecido entre esta dependencia de gobierno, la arquidiócesis de Puebla y las diócesis de Tehuacán, Huajuapan de León, Oaxaca y Tulancingo Hidalgo, circunscripciones eclesiásticas a través de las cuales se pretende canalizar los recursos de la Cruzada contra el Hambre en beneficio de los pobres de ese estado de la República mexicana |
El pasado 21 de enero, el
presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en marcha en el municipio de Las
Margaritas, Chiapas, el programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre.
El objetivo: brindar atención a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y
carencia alimenticia.
La titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, señaló hace algunos
meses que el programa social en cuestión es una estrategia que prevé modificar
las condiciones de vida e indicadores de las familias pobres de México.
Lo anterior suena muy bien.
Sin embargo, hay algo que ha comenzado a preocupar a millones de mexicanos. No
me refiero a la connotación electoral que algunas personas han visto en la
Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que han calificado como excluyente y
deficiente por no combatir –afirman– las causas del hambre. Mi preocupación y
la de millones de mexicanos se debe a la alianza ilegal que se ha establecido
entre la Sedesol, la arquidiócesis de Puebla y las diócesis de Tehuacán,
Huajuapan de León, Oaxaca y Tulancingo, Hidalgo, circunscripciones eclesiásticas
que tendrán una participación que va más allá de facilitar sus instalaciones y de
convocar a las personas a inscribirse en los distintos programas.
Rafael Moreno Valle,
gobernador del estado de Puebla, se refirió así al tema: “Sería un grave error
pensar que este tema le corresponde sólo al gobierno, sino también a la
sociedad, por ello celebro la creación de este Consejo donde hay hombres y
mujeres destacados, exitosos, comprometidos, como es el caso del Arzobispo de
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien conoce cada región del estado y actúa
como gestor en la solución de diversos asuntos”. Es evidente que el gobernador
panista de Puebla se dejó llevar por su fe al confiar una responsabilidad
estatal al titular de la arquidiócesis poblana, pasando por alto la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El sacerdote Rutilio Romero
Pérez, Vicario Episcopal de Pastoral Social, dejó en claro que la aportación de
la Iglesia católica poblana será a través de Cáritas y del Banco de Alimentos:
“La intención es contribuir en disminuir el hambre en algunos de los 14
municipios del Estado de Puebla, principalmente en los que pertenecen a la
Arquidiócesis; pretendemos crear un comedor popular; estaremos en contacto con
las personas que ya existen en nuestro padrón del Banco de Alimentos y que son
consideradas en pobreza extrema, para verificar si no reciben otro tipo de
ayuda para que se les pueda seguir apoyando; y se trabajará en vinculación con
las parroquias para elaborar un plan de trabajo de acuerdo a sus necesidades”
(http://www.arquidiocesisdepuebla.mx/index.php/noticias/1383-se-suma-la-iglesia-al-consejo-de-la-cruzada-contra-el-hambre-capitulo-puebla).
Las palabras de este clérigo
echan por tierra las declaraciones de Juan Manuel Vega Rayet, titular de la
delegación de la Sedesol en Puebla, quien señaló que los apoyos se otorgarán
sin distingos políticos o religiosos. Lo cierto es que los beneficios, según el
sacerdote Romero Pérez, serán para los católicos que ya figuran en el padrón
del Banco de Alimentos de Cáritas (Puebla), así como para aquellas personas
que, impulsadas por su necesidad, acudan al comedor popular que se situará en
un espacio de la Iglesia católica.
Estará de acuerdo conmigo,
estimado lector, que esta alianza violenta el principio de separación del
Estado y las iglesias, así como el principio de no discriminación, ya que
obliga a los pobres no católicos a inscribirse a un padrón de esa religión, obligándolos
a buscar alimentos en espacios que son propiedad de la Iglesia católica.
Esta preocupante situación
obliga a recordar, por enésima vez, que México es, de acuerdo con el artículo
40 constitucional, una República laica. Este concepto, que comprende la
exclusión del elemento religioso en las cuestiones públicas, obliga al gobierno
mexicano a que todas sus políticas en sus diferentes esferas se mantengan al
margen de la cuestión religiosa, algo que, sin lugar a dudas, no está
sucediendo con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en el caso específico de
Puebla está favoreciendo abiertamente a las diócesis católicas ya mencionadas.
El carácter laico de la
República mexicana define la orientación de la función pública en razón del
interés nacional, y no de un interés religioso o confesional. Insisto en lo que
antes he escrito en este mismo espacio: todas las entidades que incidan en la
función pública, incluida la Sedesol,
deben ser absolutamente respetuosas del carácter laico de la República.
Me parece necesario dejar en
claro que las asociaciones religiosas pueden y deben llevar a cabo por sí
mismas actividades de carácter benéfico o asistencial. Lo indebido es que la
asistencia social que el Gobierno destina para los pobres del país se canalice a
través de las instituciones religiosas, y no a través de las instancias
gubernamentales, en concordancia con la naturaleza laica del Estado mexicano.
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