Por Armando Maya Castro
El
Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) urgió al presidente electo de
México, Enrique Peña Nieto, a tomar medidas concretas para terminar con la
tortura, las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar, prácticas
que en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa se volvieron rutinarias
contra cualquier persona percibida con alguna conexión, cierta o no, con la
delincuencia.
El
gobierno federal ha defendido con pasión la forma en que ha enfrentado al
crimen organizado, afirmando que dicho combate es una demanda del pueblo de
México. En repetidas ocasiones ha señalado que las fuerzas de seguridad
nacional realizan su trabajo con apego a la ley y con respeto a los
derechos humanos.
Tenemos
que reconocer que la práctica de la tortura y demás abusos de las corporaciones
policiacas y de algunos miembros del Ejército no es responsabilidad única de
las autoridades federales, sino también de nosotros como sociedad, pues, sabiéndolo,
lo permitimos en aras de esa pretendida seguridad que parece justificarlo todo.
Ayer,
el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, declaró a conocido diario capitalino que en la presente administración
se incrementaron las denuncias por casos de torturas y la estrategia contra el
crimen no garantizó mayor protección a la sociedad. Dijo que durante el actual sexenio
se cometieron poco más de ¡100 millones de delitos!
En
el caso específico de la tortura, el ombudsman nacional señaló: “Es un tema tan
dramático como que en 2005 la CNDH registró un caso de tortura y unos 400 de
tratos crueles; sólo en 2011 se registraron 2 mil 40 casos, esto es un 500 por
ciento más”.
La
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes define la tortura en los siguientes términos: “todo acto por el
cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia”.
La
tortura ha sido utilizada desde épocas muy remotas por la mayoría de los
pueblos de la tierra. Se utilizó en algunas naciones católicas que establecieron
la inquisición para erradicar lo que la Iglesia católica consideraba herejía o
violación a sus leyes, utilizando para tal fin métodos inhumanos, no tanto para
administrar justicia, sino para conseguir la confesión de los herejes y/o de
los protectores de éstos.
Pero
no hay necesidad de ir a la Edad Media para encontrar la tortura, ya que ésta sigue
haciendo acto de presencia en muchas naciones de nuestro tiempo, incluso en los
Estados Unidos de Norteamérica, nación respecto a la cual el ex presidente Jimmy
Carter expresó: “Los Derechos Humanos son el alma de nuestra política exterior,
porque los Derechos Humanos son en verdad el alma de nuestro sentido de
nación”.
El
escritor Arturo Gálvez Valega nos dice que en Estados Unidos, a raíz de la guerra
de Irak, “fueron puestas en ejecución reglas entonces secretas del gobierno de
Bush que autorizaban las torturas y malos tratos a los prisioneros de guerra y
políticos, quebrantando todo el sistema jurídico internacional de derechos
humanos y de garantías a los prisioneros".
Estos actos de tortura,
perpetrados por militares de una nación que se dice comprometida con la defensa
de los derechos humanos y las libertades democráticas, son dignos de la más
enérgica condena, como también lo son las prácticas de tortura ejecutadas por quienes
combaten en nuestro país la delincuencia organizada. No olvidemos que Estados
Unidos y México son signatarios de la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el
trato cruel, la tortura y el ultraje a la dignidad personal de los presos.
Los mexicanos esperamos que
el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto enfrente el crimen organizado con
firmeza y estrategias eficaces, asegurando en todo momento el respeto a los
derechos humanos. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el respeto a
las garantías individuales es –o debe ser– una particularidad de toda sociedad
democrática.
Publicado el martes 27 de noviembre de 2012 en el diario El Mexicano
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