Por Armando Maya Castro
Felipe de Jesús Calderón en el VI Encuentro Mundial de las Familias |
El balance del actual
sexenio en materia de “libertad religiosa” es positivo para la jerarquía
católica, mas no así para las minorías religiosas establecidas en México, cuyos
integrantes siguen viviendo en carne propia situaciones de exclusión, discriminación
e intolerancia religiosa.
Difiero de quienes piensan
que, en materia de libertades fundamentales, una de las buenas cuentas de la
administración de Felipe Calderón Hinojosa, es que “deja en marcha la
aprobación de la reforma en materia de libertad religiosa”, modificación cuyo
propósito es el desmantelamiento del Estado laico y la cancelación de la
educación laica.
Perdón que insista en lo del
dictamen emitido por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, pero es
en él donde se evidencia que la intencionalidad de la reforma al artículo 24
constitucional es el otorgamiento de prerrogativas a una Iglesia en particular.
La pretensión de imponernos esta reforma ha ocasionado que muchos
intelectuales, académicos, asociaciones religiosas y organismos de la sociedad
civil hayan protestado exigiendo el rechazo de la misma.
El actual sexenio
representó, al igual que la administración foxista, una lamentable transición
hacia el pasado conservador. Fox y Calderón –cada quien en su gestión– violaron
su investidura presidencial mostrando sumisión ante el papa, jefe de un Estado
teocrático. Fox se arrodilló ante Juan Pablo II y besó el anillo de éste;
Calderón se inclinó ante Benedicto XVI, y sumisamente recibió de sus manos la
comunión. El proceder de ambos mandatarios demostró soberbia, más que
ignorancia de la ley, así como un total desprecio al principio histórico de
separación del Estado y las Iglesias.
En enero de 2009, Calderón
Hinojosa pisoteó el Estado laico al asistir a la inauguración del “VI Encuentro
Mundial de las Familias, México 2009”, evento cien por ciento católico,
organizado en todos sus detalles por el Vaticano. Sobre la presencia y discurso
de Calderón en dicho evento, Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de
México, opinó: “El problema de la violación a la laicidad sucede cuando sólo
acude a este tipo de eventos y no a los de otras religiones o concepciones
filosóficas”. Sobre el proceder del presidente mexicano, la historiadora Laura
Campos nos dice que, al calificar a México como “tierra de mártires de la persecución”,
“Calderón dejó en claro no sólo sus convicciones religiosas (las cuales
trasladó a la esfera pública), sino que dejó entrever la agenda política de su
gobierno en materia eclesiástica, en la cual estaría contemplada […] una visión afín a los intereses de la jerarquía
católica…”.
Otro atentado más en ese
sentido se produjo en octubre de 2011, fecha en que Calderón intentó borrar de
tajo la multiconfesionalidad del pueblo de México, declarando, sin respeto
alguno a la diversidad religiosa, que “todos los mexicanos somos guadalupanos,
independientemente de la fe y creencias que tengamos”. La declaración del Jefe
del Ejecutivo Federal atenta contra los derechos humanos de los mexicanos y
violenta el Estado laico, en el marco del cual ninguna autoridad puede
imponerle a nadie una identidad confesional.
Estas son algunas evidencias
de que el sexenio que está por terminar ha sido pródigo en violaciones al
Estado laico. Lo lamentable del caso es que estos atropellos han sido
protagonizados no sólo por políticos del PAN, sino también del PRI y PRD. Todos
sabemos que el priísta Enrique Peña Nieto, en franco desafío al Estado laico,
realizó un viaje al Vaticano acompañado de su novia Angélica Rivera. En esa
ocasión, el entonces gobernador del Estado de México regaló un nacimiento y
diversas artesanías mexicanas al papa, quien bendijo anticipadamente la boda de
la joven pareja.
En la presente
administración tuvo lugar en Jalisco el caso de la “macrolimosna”, el donativo
de 30 millones de pesos provenientes del erario que el gobierno estatal entregó
a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción de un santuario
cristero. En el mismo lapso, la esposa del gobernador guanajuatense Manuel
Oliva realizó un viaje religioso con cargo al erario.
Contra lo que marca la ley,
en marzo pasado hicieron acto de presencia en la misa papal todos los
candidatos a la Presidencia de la República. Comparecieron también la mayoría
de los senadores y los líderes de las fracciones parlamentarias en la Cámara de
Diputados, así como los jefes nacionales de los principales partidos políticos.
Tras la misa papal, algunos
de estos políticos declararon, con el ánimo de tranquilizarnos, que México es y
seguirá siendo laico. Como prueba de ello, argumentan, el Congreso de la Unión
aprobó el proyecto de reforma al artículo 40 constitucional para declarar que,
además de representativa, democrática y federal, la República Mexicana es
laica.
Por cierto ayer, mientras
terminaba este artículo, me enteré que “el Senado dio fe de que la mayoría de
estados aprobaron las reformas al artículo 40 constitucional, por el cual se
declara a México como un Estado laico”. Esperemos que nuestros políticos
cumplan sus funciones públicas haciendo a un lado su credo religioso; de lo
contrario, convertirán este ordenamiento jurídico en letra muerta.
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