Por Armando Maya Castro
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| Enrique Peña Nieto viajó al Vaticano para participar en la misa de entronización del papa Francisco |
Muchos pensábamos que con la salida del Partido Acción Nacional de Los
Pinos llegarían a su fin las violaciones al Estado laico, las cuales se
repitieron una y otra vez a lo largo de dos sexenios. En ese tiempo, el
PAN se convirtió en la voz política de la jerarquía eclesiástica
mexicana y de los conservadores dueños de la riqueza nacional.
Vicente Fox Quesada, el primer presidente de México proveniente del
PAN, se comprometió a respetar el Estado laico y nunca lo hizo. El
primer día de su mandato acudió a la Basílica de Guadalupe para implorar
la ayuda de la imagen que ahí se venera. Ese fue el principio de una
administración que se caracterizó por golpear continuamente al Estado
laico, siendo en dicho sexenio cuando el clero romanista “comprometió a
los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados
constitucionales a la Iglesia…”.
El Estado laico tampoco fue respetado por Felipe Calderón
Hinojosa y los miembros de su gabinete. En esa administración fueron
claros los intentos de los sectores más retrógrados del país para
cambiar al Estado laico por un Estado confesional. La pretensión de
estos grupos se fundamentaba en el argumento de que la mayoría de los
mexicanos profesan la fe católica y son fervientes devotos de la virgen
de Guadalupe.
Lo peor para el Estado laico se dio el 15 de diciembre de 2011,
fecha en que la Cámara de Diputados, con evidente desaseo parlamentario,
aprobó la reforma al artículo 24 constitucional, cuya finalidad es el
otorgamiento de privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica, lo
que se traduce en discriminación para las demás asociaciones religiosas
y, por ende, en un sinnúmero de obstáculos e inequidades para el
ejercicio pleno de la auténtica libertad religiosa.
En materia de laicidad, las cosas parecen ir en el mismo sentido
en la presente administración. El presidente Enrique Peña Nieto, a pesar
de haber declarado en repetidas ocasiones que se conduciría con respeto
al Estado laico, ha viajado al Vaticano para participar en la ceremonia
de entronización del papa Francisco, elegido en el pasado Cónclave por
un grupo de cardenales.
Esta decisión le granjeó a Peña Nieto diversas críticas, entre
ellas la del teólogo dominico, Julián Cruzalta, quien opinó al respecto:
“Qué tiene que hacer en una misa el presidente de México, esa no es
función de un gobernante de un Estado laico, además de que no todos los
mexicanos son católicos ni todos los católicos mexicanos somos
papistas”.
Una de las primeras actividades de Peña Nieto en el Vaticano fue
reunirse en privado con José Francisco Robles Ortega, Norberto Rivera
Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y Javier Lozano Barragán, clérigos que
aprovecharon la ocasión para hablar sobre la educación en México, un
tema que es del interés no sólo de estos cuatro cardenales mexicanos,
sino de todos los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Esta reunión privada preocupa a los líderes y miembros de las
minorías religiosas, a quienes también inquieta lo que sucederá en
México a partir de que el Senado de la República publique la minuta de
reforma del artículo 24 constitucional. Miles de evangélicos siguen
creyendo que se trata de una reforma innecesaria, que atenta contra la
laicidad del Estado mexicano y asesta un duro golpe al carácter laico de
la educación.
Como es bien sabido, la reforma en cuestión pretende que se
difundan en las escuelas públicas del país las creencias de los padres y
tutores católicos. Estará de acuerdo conmigo en que estas personas
pueden realizar este trabajo con plena libertad en sus hogares y/o en
los templos destinados al culto, pero nunca en los establecimientos de
educación pública, donde convergen niños y niñas con distintos credos.
Algunos legisladores nos han dicho que no hay de qué preocuparse,
que el problema se hallaba en el dictamen original, no en el
definitivo. En el afán de tranquilizarnos, esas voces nos explican que
la exposición de motivos que acompañaba a la minuta enviada al Senado
fue invalidada en el momento en que los senadores emitieron el dictamen
definitivo.
Al margen de lo que estas voces digan, lo cierto es que el
episcopado mexicano ha hecho público su interés de incluir la enseñanza
religiosa en el sistema de educación pública nacional, tal como lo
promoviera desde el Vaticano para todo el mundo el ahora papa emérito
Benedicto XVI.
Estos atropellos al Estado laico nos llevan a plantearnos la
pregunta: ¿qué hacer? Mi amigo César Augusto Candelaria, de Foro Cívico México Laico, señala que “es
tiempo de que arranquemos de nuestros labios ese amarre mordaz que nos
ha impedido utilizar los medios legales para evitar que continúen estos
atropellos al Estado laico”. Yo, en lo personal, coincido con él. Pero
usted, ¿qué opina?
@armayacastro
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