Armando Maya Castro
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| El de Felipe Calderón fue un sexenio que favoreció abiertamente a la Iglesia católica y discriminó a las minorías religiosas. En octubre de 2011, el ex presidente mexicano violentó el Estado laico al asegurar que en nuestro país todos somos guadalupanos. De esa forma quiso borrar de un solo golpe la diversidad religiosa que caracteriza a la nación mexicana |
La discriminación por
motivos de religión no es nueva, “existe desde épocas muy antiguas […] y se
conoció tanto en sociedades con una religión exclusiva –frente a las religiones
externas–, como aquellas donde coexistían diversos cultos”. Lo anterior es
sostenido por Roberto J. Blancarte Pimentel, sociólogo, historiador y
especialista en religión y laicidad, quien también ha señalado que “para evitar
la discriminación por motivos religiosos es menester que todo individuo tenga
el derecho de profesar las creencias que elija, incluyendo el ateísmo, sin más
arbitrio que su propia conciencia; a su vez, si se pretende que tal libertad
religiosa sea posible se requiere que un Estado laico funja como garante de sus
derechos”.
En una sociedad plural como
la nuestra, las autoridades de gobierno no pueden tomar partido por ninguna
concepción religiosa en particular, como sucedió en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa, quien “gobernó” olvidando que el Estado mexicano es laico, y
que éste no puede ni debe responder a una determinada religión. La laicidad es
la garantía del Estado para que las personas con distintas concepciones
religiosas puedan convivir y ser tratadas sin discriminación.
En el sexenio anterior, que
por fortuna forma parte del pasado, se registraron muchísimos casos de
intolerancia y discriminación religiosa. La agrupación A Favor de la Libertad
Religiosa tiene documentados 277 casos perpetrados entre enero de 2007 y
noviembre de 2012. En 2008, el año más prolífero en atropellos de esta
naturaleza, se cometieron 80 actos de esa índole en contra de miembros de
distintas iglesias evangélicas.
Lo grave de la situación es
que muchos de estos delitos se cometen con la venia de las autoridades de los
poblados y comunidades donde no se respeta el derecho de libertad religiosa.
Esto ha incrementado la cultura de la no denuncia entre los grupos evangélicos,
lo que ha ocasionado que muchos casos de intolerancia religiosa queden sin ser
denunciados.
Preocupan asimismo las
declaraciones de Oscar Moha, director de A Favor de la Libertad Religiosa,
quien en entrevista para conocido diario de circulación nacional señaló que en
la anterior administración federal no únicamente repuntaron los casos de
violencia religiosa, sino que la constante fue
ignorar estos casos: el gobierno de Felipe Calderón dio seguimiento a
menos del 10% del total de casos. Moha, tras indicar que en el sexenio calderonista
hubo demasiada complacencia y favoritismo hacia la religión católica, señaló
que hubo algunos casos de discriminación que en lugar de intentar solucionarlos
los trataron de ocultar y minimizar.
Lo único alentador del
reporte de la citada ONG es que los casos de intolerancia han descendido en los
dos últimos años: en 2011 solamente ocurrieron ocho y el año pasado fueron 16.
Ojalá que los números de los últimos dos años reflejen un descenso real de la
intolerancia religiosa, y no se trate sólo de una situación derivada de la
cultura de la no denuncia que ha ido creciendo entre los fieles de las minorías
religiosas.
Si los casos de
discriminación religiosa son de suyo grave, lo es mucho más cuando desde la
misma Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General de
Asociaciones Religiosas se realizan actos de intolerancia por medio de la
aplicación de criterios fuera de la ley para impedir el registro de algunas
iglesias.
El pasado 9 de diciembre,
Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas
Evangélicas (Confraternice), declaró que estos actos los inició Paulo Tort, ex
titular de dicha dirección dependiente de la Subsecretaría de Población,
Migración y Asuntos Religiosos, a quien calificó como perseguidor de algunas
iglesias evangélicas. En esa ocasión, Farela señaló que la Confraternice
interpuso seis quejas en contra del mencionado funcionario, mismas que no
prosperaron.
Los mexicanos esperamos que,
por bien de México y de la paz social que nos merecemos, los casos de
discriminación e intolerancia religiosa se reduzcan a lo largo del actual
sexenio. También esperamos que en la actual administración se fortalezca aún
más el Estado laico, lo que a la postre se traducirá en menos casos de
intolerancia y discriminación religiosa.
@armayacastro
Publicado en los diarios El Mexicano de Tijuana y La Prensa Jalisco
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