Por Armando Maya Castro
En los casos de intolerancia
religiosa, como los ocurridos recientemente en los estados de Hidalgo, Puebla y
Oaxaca, se debe privilegiar, por encima de todo, la aplicación de la ley. No
hacerlo es fomentar la impunidad y favorecer una espiral de violencia en
agravio de los grupos evangélicos que, de acuerdo con nuestras leyes, tienen el
derecho a existir y a no ser discriminados por sus convicciones religiosas.
Los mexicanos seguimos sin
entender por qué las autoridades competentes, cuando se trata de delitos en los
que se halla involucrada la Iglesia católica, no aplican la ley del mismo modo
que cuando se atienden infracciones cometidas por personas que no pertenecen al
estado religioso.
¿Por qué quedan archivados
en las agencias del Ministerio Público los casos de intolerancia y
discriminación religiosa? ¿Por qué las autoridades, en lugar de actuar en
consecuencia, privilegiando la aplicación de la ley, proponen como solución del
conflicto la vía del diálogo y la conciliación?
El sábado 2 de enero de
2010, un conocido diario capitalino publicó un balance realizado por la
organización Voz de los Mártires, quien documentó –en aquel tiempo– más de 40
casos de intolerancia religiosa en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit y
Guerrero. La referida ONG declaró entonces que pese a las denuncias que se han
puesto en contra de quienes cometen delitos graves, como la privación ilegal de
la libertad y amenazas de muerte, no se han sancionado, con apego a la ley, a los
autores de estos atropellos, haciendo evidente el desinterés de las autoridades
para resolver los problemas en los que hay desde agresiones físicas hasta
expulsiones, sobre todo en zonas indígenas.
Esta impunidad se da también
cuando se producen casos de pederastia clerical, y es entonces cuando surge la
pregunta: ¿por qué no se sanciona a los clérigos pederastas como se castiga al
pederasta común y corriente?
¿Por qué no está tras las
rejas el presbítero Nicolás Aguilar Rivera, acusado de violar a más de 60 niños
en la Sierra Norte de Puebla? Este depredador sexual, como ha sostenido la
periodista Sanjuana Martínez, “lleva más de 30 años de carrera delictiva,
violando niños, protegido por el cardenal Norberto Rivera y las autoridades
judiciales de México”.
Otro caso de inaceptable impunidad
es el del extinto Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de
Cristo, quien fue acusado, entre otros delitos, de violar sexualmente a ocho ex
miembros de la Legión de Cristo. Este vergonzoso caso nos lleva a preguntarnos:
¿por qué las autoridades civiles mantuvieron a Maciel al margen de toda
pesquisa judicial? ¿Por qué terminó sus días tranquilamente en Cotija,
Michoacán, y no en alguna cárcel del país?
El problema dentro de la
Iglesia católica es que la pederastia clerical fue apreciada, durante mucho
tiempo, como un pecado, en vez de que las autoridades eclesiásticas estimaran
esta abominable práctica como lo que en realidad es: un delito que merece ser
castigado con todo el rigor de la ley. Esta distorsionada apreciación llevó a
la mayoría de las diócesis católicas a proteger a los clérigos pederastas y a comprar
el silencio de las víctimas inocentes.
Este ha sido el modus
operandi de la Iglesia católica en México y en Estados Unidos, donde diócesis como
la de Boston y Los Angeles, C.A, vieron afectadas seriamente sus finanzas, pues
en el afán de comprar el silencio de las víctimas y de sus familiares,
desembolsaron sumas estratosféricas que pusieron a estas diócesis al borde de
la quiebra.
La crisis de pederastia
clerical en la Unión Americana aún no llega a su fin. En los últimos días están
saliendo a la luz documentos que datan de la década de los años 80 del pasado
siglo, los cuales prueban que el ex cardenal Roger Mahony y su asistente para
asuntos de pederastia, Thomas Curry, ocultaron a las autoridades casos de abuso
sexual cometidos por sacerdotes católicos.
Lo delicado de estos casos
es que muchos de estos delincuentes, debido a la impunidad imperante, no se
hallan tras las rejas, sino disfrutando de su libertad en barrios y vecindarios
donde siguen siendo una seria amenaza para los menores de edad.
@armayacastro
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