Por Armando Maya Castro
Las violaciones al Estado laico lo han debilitado seriamente y han derivado en innumerables sucesos de intolerancia religiosa en diversos estados de la República Mexicana |
Durante la inauguración del
seminario sobre laicidad y educación, el rector de la UNAM, José Narro Robles,
se refirió al Estado laico en México, señalando que éste siempre ha estado en
riesgo. Por ello, propuso un debate abierto, pero con tolerancia, para evitar
que se imponga el pensamiento mágico que aún prevalece en otras partes del
mundo.
Al referirse a la reciente
reforma del artículo 40, que define a México como una república representativa,
democrática, federal y laica, Narro Robles señaló: “hay
quienes se sienten agredidos con esta reforma y pretenden imponer su criterio,
además de manipular su significado de acuerdo a intereses de grupo, partido o
religión”.
Este precepto constitucional
le hará bien a la vida de México siempre y cuando los funcionarios públicos
estén dispuestos a respetar el principio histórico de la separación entre el
Estado y las Iglesias. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben admitir
que el Estado laico es un precepto constitucional que debe ser respetado para
acabar con el trato preferencial que se suele dar a la Iglesia católica.
Respetar este principio
significa respetar la Constitución Política de los Estados Unidos, es decir, el
orden jurídico o sistema legal que nos rige. Es comenzar a ponerle fin a los vergonzosos
actos de intolerancia que se dan en no pocas comunidades del país, donde se
maltrata, persigue y expulsa a quienes creen y piensan diferente, como se hacía
en los tiempos de la vigencia de la Inquisición.
En un Estado donde los
funcionarios públicos realizan su actividad gubernamental con respeto a la
laicidad y dando un trato igualitario a las iglesias, los casos de intolerancia
y discriminación religiosa son mínimos, por no decir que inexistentes.
En México, donde las
violaciones al Estado laico son el pan nuestro de cada día, los casos de
intolerancia religiosa son cada vez más frecuentes. Con la llegada del Partido
Acción Nacional al poder, en el año 2000, comenzó a impulsarse el
desmantelamiento del Estado laico y el restablecimiento del Estado confesional,
dando origen a un sinnúmero de casos de intolerancia religiosa.
En repetidas ocasiones he
señalado desde este mismo espacio mi rechazo a la reforma del artículo 24
constitucional, señalando lo que organizaciones como Foro Cívico México Laico han
sostenido con argumentos sólidos, en el sentido de que la intencionalidad de dicha
modificación es el desmantelamiento del Estado laico y el restablecimiento del
Estado confesional, en cuya vigencia la tolerancia religiosa brilló por su
ausencia.
Esta reforma, como bien se
sabe, pretende, entre otras cosas, que en las escuelas públicas se imparta
instrucción religiosa, hecho que aniquilaría una de las conquistas sociales más
importantes y valiosas de los mexicanos: la educación laica. La aprobación de
la citada reforma, además de convertir a la religión en un elemento de
polarización, incrementará los casos de discriminación religiosa en las
escuelas públicas de México, produciendo atropellos, bullying, deserción
escolar, etcétera.
Recordará usted, amable
lector, que hace apenas unas semanas la intolerancia religiosa hizo de las suyas
en el estado de Hidalgo. Ahí, un grupo de evangélicos de Pahuatlán fue objeto
de una dura agresión por parte de los católicos tradicionalistas, quienes
exigían a aquéllos el pago de cuotas para las fiestas patronales católicas.
Poco después, al inicio de
este año, un medio de comunicación poblano publicó a través del reportaje
“Intolerancia religiosa en Tlanalapan: golpes y humillaciones”, los frecuentes
casos de intolerancia religiosa que han tenido lugar en la comunidad de San
Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, donde al menos 70 familias han
abandonado sus viviendas por profesar una religión distinta a la católica.
El sábado pasado, la intolerancia
religiosa dio de qué hablar en Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra norte del
estado de Oaxaca, donde la familia de Policarpo Huitromp Revilla fue expulsada
porque éste se negó a ser mayordomo de las fiestas católicas en dicha población.
Estos atropellos a los
derechos humanos llegarán a su fin el día que las autoridades de gobierno dejen
de favorecer a la religión numéricamente mayoritaria y comiencen a actuar con
respeto a la diversidad religiosa. Sólo así se mandará un mensaje claro a las
mentes intolerantes que se siguen negando a reconocer que cada individuo es
libre de profesar la creencia religiosa de su agrado.
A todos nos debe de quedar
bien claro que sólo en un Estado laico se garantiza la tolerancia, y eso
incluye –afirma el doctor en derecho Miguel Carbonell– la tolerancia religiosa,
y de esa tolerancia se derivan derechos como la libertad de expresión, de
conciencia y asociación.
@armayacastro
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