Por Armando Maya Castro
El Congreso de Coahuila le falló a quienes pedían respeto al Estado laico |
Lo sucedido en el Congreso
de Coahuila con la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ha ocasionado que en muchos estados de la República
la ciudadanía desconfíe de la palabra de los diputados y del compromiso de
éstos con el Estado laico, el cual ha demostrado ser la mejor garantía para la
libertad de conciencia, de creencias y de culto.
Como usted recordará, amable
lector, el pasado 7 de junio, todos los diputados de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales del Congreso coahuilense, a excepción de Simón Hiram
Vargas, del Partido Nueva Alianza, votaron un dictamen que rechazaba la reforma
del artículo 24 constitucional.
El dictamen que entonces se
aprobó, decía: “Por las razones expuestas, esta Legislatura considera no es
procedente aprobar el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo acuerdan
los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales y Justicia”.
Cuatro diputados del Partido
Revolucionario Institucional –integrantes de la citada comisión, que habían
votado en contra de la reforma– ya en el pleno cambiaron su voto y parecer, por
las “razones” que uno de ellos esgrime: “Tuvimos información negativa, y en ese
momento valoramos esa situación, pero al paso de los días tuvimos información
más amplia, y bueno, es de humanos cambiar de opinión”, dijo el priísta Ricardo
López.
El diputado López Campos no
reveló los nombres de las personas y/o grupos que les proporcionaron la información
“más amplia” que lo llevó a él y a tres diputados de su bancada a cambiar de
opinión; tampoco explica el legislador por qué motivo decidieron no convocar al
debate –a partir de esa información– a los sectores sociales que se oponen a la
citada modificación legislativa.
Este manejo turbio y de
escasa transparencia ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia los
diputados. Es por ello que en algunas legislaturas estatales, donde se han
emitido dictámenes en contra de la reforma del artículo 24 (como es el caso de
Nuevo León), las personas y grupos que ven amenazadas sus libertades fundamentales
están manifestándose para que no se repita lo sucedido en el estado de Coahuila.
Los habitantes de Nuevo León
esperan que el Congreso de esa entidad valide en el pleno el dictamen que ha
emitido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de acuerdo con el
cual se rechaza la reforma del artículo 24 constitucional en los siguientes
términos: “No es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto enviada al
Congreso del estado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
mediante la cual reforma el párrafo primero del artículo 24 de la
Constitución”.
Lo mismo se espera en las demás
entidades de la República mexicana, donde miles de ciudadanos, haciendo uso de
sus derechos, exigen que se preserve inalterable el carácter laico de la
educación y del Estado, instituciones que constituyen el legado más importante de
Benito Juárez y de los hombres de la Reforma, quienes dedicaron sus mejores
años a “crear y transformar instituciones públicas, a incrementar la conciencia
ciudadana y a fortalecer el ejercicio de los derechos cívicos”.
Insisto en lo que ya antes
había señalado en este mismo espacio: nuestro país está urgido de diputados que
amen a México y favorezcan los intereses de la ciudadanía por encima de todo.
Necesita legisladores que realicen su trabajo con altura de miras, escuchando
las voces ciudadanas y encontrando en ellas su razón de ser, no en su partido, bancada
o en alguna línea particular o específica.
Los mexicanos
anhelamos esa clase de diputados que hagan su trabajo racionalmente, rechazando
la obediencia ciega y sorda que busca satisfacer la cúpula partidista y, pocas
veces, los intereses de la población. Necesitamos legisladores como los que
tuvo México a mediados del siglo XIX, hombres que procuraron patrióticamente el
bien jurídico de la nación por encima de su credo y del bienestar de los
líderes religiosos de la Iglesia a la que pertenecían.
México espera que las
legislaturas que han aplazado la votación de la reforma del artículo 24
constitucional privilegien por encima de intereses particulares y de grupo los
principios y valores del Estado laico, satisfaciendo únicamente las demandas de
los y las ciudadanas que representan. ¡No a la reforma del artículo 24
constitucional!
@armayacastro
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