TRAICIÓN AL LEGADO JUARISTA

Por Armando Maya Castro

La precipitada aprobación de la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional, por parte de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, realizada el pasado 14 de marzo, constituye una traición al legado de Benito Juárez y de los hombres de la reforma, quienes figuran en nuestra historia como los constructores del Estado laico mexicano. 

Para la historiadora Patricia Galeana, el triunfo de la reforma liberal (1855-1876), encabezada por el oriundo de San Pablo Guelatao, “significó la liquidación de las supervivencias novohispanas que habían subsistido durante medio siglo de vida independiente”. En ese tiempo, Benito Juárez emitió las Leyes de Reforma de 1859: Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular; Ley del Matrimonio Civil; Ley del Registro Civil, y la Ley sobre Libertad de Cultos (1860). Muchos de estas conquistas se han evaporado por la presión del clero y la condescendencia de la “clase” política mexicana hacia la Iglesia católica.

Algunos autores señalan que la verdadera independencia de México no se dio […] cuando el Ejército Trigarante desfiló exitoso en las calles de la ciudad de México en 1821, [sino] cuando Benito Juárez triunfó y expropió y nacionalizó los bienes, bancos, financieras, hipotecarias, el inmenso inmobiliario, ranchos, haciendas y todo género de propiedades, haberes y recursos de la iglesia católica” (Francisco Martín Moreno, Las Grandes Traiciones de México, Joaquín Mortiz, México, 2000, p. 185). Personalmente comparto esta tesis, así como la opinión de quienes sostienen que lo que no logró la revolución de independencia, se halla contenido en las Leyes de Reforma, conquista indiscutible del movimiento liberal. 

Coincido con aquellos que han señalado que el ideal de Juárez –y el de los liberales que aglutinó en torno suyo– “era la construcción de un México de ciudadanos genuinos, iguales en derechos al margen de su pertenencia étnica, su lugar de procedencia, su grupo social, su religión o su cultura” (Gilberto Rincón Gallardo, Entre el pasado definitivo y el futuro posible, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 114). 

En 1867, el Benemérito de las Américas expidió, en uso de las facultades de que se hallaba investido, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, de gran trascendencia para la vida de la nación. Aunque esta ley tenía la finalidad de organizar la enseñanza laica a lo largo y ancho del territorio nacional, su vigencia se limitó al Distrito Federal, ya que el Congreso de la Unión carecía de facultades en la materia. Fue hasta la llegada de Sebastián Lerdo de Tejada a la Presidencia de la República, cuando su gobierno “suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas”, estableciendo la instrucción laica mediante decreto firmado el 10 de diciembre de 1874.

Esta educación quedó plasmada en nuestra actual Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917. El artículo 3° constitucional estableció la enseñanza laica en los siguientes términos: “La enseñanza es libre pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo en la enseñanza primaria, elemental y superior que la que se imparta en los establecimientos particulares… Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”. De esta manera, se prohibió a los sacerdotes católicos impartir clases en las escuelas primarias, lo que resultó benéfico para los habitantes del pueblo de México.

La precipitada aprobación de la reforma del artículo 24 en comisiones echa por tierra los logros de la Reforma Liberal. Resulta indignante y, al mismo tiempo, insultante que algunos senadores, tras haber admitido que el texto de dicha reforma “no es muy afortunado en su redacción”, hayan pedido su inmediata aprobación. Despierta sospecha la apresurada aprobación de la minuta, “a pesar de sus deficiencias y de lo mal redactado que está”. Ante esto, conviene preguntarnos: ¿actuaron estos legisladores con integridad republicana o por consigna?

Es lamentable también que la reforma en cuestión se haya concretado ignorando los sólidos planteamientos, argumentos y exposiciones de un sinnúmero de intelectuales, académicos, asociaciones religiosas y organismos de la sociedad civil, quienes demostraron que la intencionalidad de la reforma es otorgar privilegios a la Iglesia católica, en claro perjuicio de las minorías religiosas establecidas en el país.

Duele que ambas comisiones hayan decidido favorecer los intereses y exigencias de la jerarquía católica, dándole la espalda al pueblo de México. Esta aprobación es, en mi opinión, una de las peores traiciones a México, sin importar que los senadores de las citadas comisiones hayan decidido aprobar la reforma del artículo 40 constitucional. No queremos una República que se denomine laica, sino un Estado que realmente lo sea, que cierre el paso a las aspiraciones del clero, quien sigue ganando terreno e insistiendo en intervenir en la educación de nuestros hijos y en la definición de una ética de Estado, cuando su tarea no es impartir religión en las escuelas ni definir lo ético y lo no ético, sino sólo lo jurídico y lo antijurídico. No está por demás recordarle al Estado y, de paso, también al clero, el viejo y conocido refrán: Zapatero, a tus zapatos.

Twitter: @armayacastro