Por Armando Maya Castro
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| El proceso de desmantelamiento del Estado laico favorece el retorno del Estado confesional, escenario en el que se incrementarían los casos de intolerancia y discriminación religiosa |
Lo dije hace poco más
de un año y lo vuelvo a repetir ahora: lo que sucede hoy por hoy con la
laicidad del Estado mexicano forma parte de un proceso de desmantelamiento que comenzó
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo gobierno “se formalizaron
las relaciones con la Iglesia católica, y el Estado laico fue perdiendo
progresivamente esa condición…”. Habrá quienes piensen que exagero, pero en mi
opinión se trata de toda una cruzada en contra del Estado laico.
El deterioro de la
laicidad sigue imparable. Se manifestó en repetidas ocasiones a lo largo del
sexenio de Vicente Fox Quesada, lo mismo que en la administración federal
presidida por Felipe Calderón Hinojosa, período en que el Estado laico recibió
diversas embestidas, siendo la más letal de todas la reforma del artículo 24
constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011,
y por el Senado de la República el pasado 28 de marzo.
En el Coloquio
Académico “Laicidad y Libertad Religiosa”, celebrado el pasado 20 de febrero, José
Luis Soberanes Fernández señaló que la finalidad del Estado laico es la
vigencia real de la libertad religiosa. Ahí mismo, el ex ombudsman nacional
expuso que la reforma al artículo 24 constitucional garantiza el derecho a la
libertad religiosa de los mexicanos, pasando por alto que en dicha modificación
“se abandona la comprensión de la libertad religiosa como derecho humano, y se
le remplaza por una concepción licenciosa y sesgada, totalmente ajena a los
principios del Estado laico”.
Nadie ignora que los jerarcas
de la Iglesia católica han venido demandando al Estado mexicano el
reconocimiento del derecho fundamental a la educación religiosa en consonancia
–arguyen– con los convenios y tratados internacionales que han sido suscritos
por nuestro país. Este argumento, apuntalado en una interpretación
convenenciera del término “libertad religiosa”, nos lleva a preguntarnos: ¿Establecen
los convenios y tratados internacionales la impartición de educación religiosa
en las escuelas públicas?
La finalidad de esta
demanda clerical es lograr que la educación religiosa se reinstale en las
escuelas públicas, situación que le otorgará a la Iglesia católica mayores
privilegios y mejores posibilidades de actuación en la vida política y social
del país. La reforma del artículo 24 constitucional, aparte de convertir a la
religión en un elemento de polarización, multiplicará los casos de discriminación
religiosa en los establecimientos de educación pública, mismos que han sido
hasta ahora, con algunas complicaciones, espacios de convivencia y respeto de
la diversidad.
La sociedad actual tendrá
que estar muy atenta para evitar que la reforma en cuestión otorgue privilegios
indebidos y aniquile una de las conquistas sociales más importantes y valiosas
de los mexicanos: la educación laica, cuyos
contenidos, argumentaciones y métodos tienen un sustento científico, muy al
margen de las ideas religiosas que, por respeto
a la diversidad, deben quedar fuera de las escuelas.
Sólo
la auténtica democracia, basada en el reconocimiento de la igualdad de todo ser
humano, de su libertad y autonomía, puede asumir la diversidad de opiniones y
creencias, de apertura hacia lo distinto, de respeto y ayuda mutua. Sólo en el
marco de un Estado laico puede fortalecerse la educación laica, nuestro régimen
de libertades y la cultura de los derechos humanos. Estará de acuerdo conmigo,
estimado lector, que por el bien de México y de nuestras libertades, es urgente
que frenemos el proceso de deterioro creciente de la laicidad. Cruzarnos de
brazos equivale a favorecer el retorno paulatino del Estado confesional y el
fin del Estado laico.
@armayacastro
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