Armando Maya Castro
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| Tomado del libro Historia Gráfica del Congreso Constituyente de 1916-1917 (Fotografía de Mendoza) |
Hoy se celebra el 96
aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente
reunido en la ciudad de Querétaro por mandato de Don Venustiano Carranza,
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista durante la Revolución Mexicana.
El 5 de febrero de 1917,
justo sesenta años después de la Constitución de 1857, fue promulgada y
publicada en el Diario Oficial de la Federación la Carta Magna que nos rige,
luego de haber sido firmada por 209 diputados. Entró en vigor a partir del 1°
de mayo de ese año, y desde entonces ha sido objeto de cientos de
modificaciones.
El artículo 135
constitucional establece que “…Para que las adiciones o reformas lleguen a ser
parte de la misma [de la Constitución], se requiere que el Congreso de la
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de
las legislaturas de los Estados”.
Lamentablemente, muchas de
las modificaciones que se le han hecho a nuestra Carta Magna han sido
realizadas no con el propósito de perfeccionarla, sino para satisfacer
exigencias particulares o de grupo. Con sus honrosas excepciones, la mayoría de
los diputados y senadores federales, lo mismo que la mayor parte de los
congresos locales, han olvidado que los intereses del pueblo están por encima
de los intereses privados o de grupo.
Un ejemplo de lo anterior es
la reforma del artículo 24 constitucional, aprobada en un proceso opaco y
desaseado que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2011.
Ese día, 119 diputados del PRI y PAN le dieron al Estado laico la peor estocada
de su historia, abriendo la puerta para la realización de actos de culto en los
edificios oficiales o la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas
públicas.
Ahora que conmemoramos los
96 años de la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, conviene que nos detengamos a recapacitar sobre el rumbo que
está tomando el futuro de México con reformas como la antes mencionada, cuyo
propósito es otorgar privilegios a la Iglesia mayoritaria en detrimento de las
minorías religiosas.
El documento “Educar para
una nueva sociedad”, elaborado el año pasado por la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM), deja en claro cuáles son las pretensiones de la jerarquía
católica. En dicho documento, los obispos mexicanos asientan: "La
pedagogía de Dios es reconocer que la Iglesia católica está a favor de la
educación sexual de los niños y los jóvenes, la escuela oficial [así llaman a
la educación pública] nunca debería cerrar la puerta a los valores trascendentes
y a una justa libertad religiosa".
Es evidente que la pretensión
de los jerarcas católicos es recuperar el monopolio educativo que la Iglesia
católica tuvo en la época colonial y en las primeras décadas del México
independiente. Para lograrlo, necesitan que se consume la reforma del artículo
24, a partir de la cual buscarán la reforma que más les interesa: la del
artículo 3° constitucional.
Sería un enorme retroceso
para la vida de la nación que la Carta Magna que hoy conmemoramos siga siendo
objeto de reformas de este tipo, que fracturan la laicidad del Estado y de la
educación, además de echar por tierra las Leyes de Reforma, en las que quedó
claramente establecida la separación del Estado y las iglesias.
Los mexicanos esperamos que
la clase política mexicana entienda que la defensa y consolidación del Estado
laico, aparte de favorecer nuestra endeble democracia, posibilita el respeto a
la diversidad religiosa y, en consecuencia, la preservación de la paz social.
Quienes anhelamos el
bienestar integral de nuestro querido México esperamos que otras instituciones
sigan el ejemplo de la UNAM, quien acaba de sacar la cara por el Estado laico
planteando que la laicidad debe estar presente en todos los niveles educativos,
como uno de los grandes asuntos que se debe impulsar y tutelar.
Hoy, a 96 años de la
promulgación de nuestra Carta Magna, los mexicanos nos congratulamos con el
trabajo realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quien
coordinó la traducción de la Constitución mexicana en 10 lenguas indígenas, a
fin de promover su importancia y fomentar los derechos de los pueblos en sus
propios idiomas.
Este trabajo indudablemente
es bueno, pero es mucho mejor que el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal
hagan lo necesario para que nuestra Constitución siga respetando, como hasta
ahora, la separación del Estado y las Iglesias, así como la naturaleza laica
del Estado y la educación. Estoy convencido que el mejor homenaje que podemos
rendirle a nuestra Carta Magna es fortaleciendo las libertades que en ella se
garantizan.
@armayacastro
Publicado en la edición impresa del diario El Mexicano de Tijuana, el martes 5 de febrero de 2013
Publicado en la edición impresa del diario El Mexicano de Tijuana, el martes 5 de febrero de 2013
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